Condena de tres a?os de c¨¢rcel por un empuj¨®n durante una protesta
El primer fallo fij¨® seis meses de c¨¢rcel pero la fiscal¨ªa pidi¨® que se elevase La sentencia aplica un controvertido art¨ªculo del C¨®digo Penal
El 21 de abril Tamara Vidal, de 29 a?os y embarazada de tres meses, oy¨® el tel¨¦fono cuando volv¨ªa del hospital despu¨¦s de que le hiciesen la primera ecograf¨ªa. Era Ana Outerelo, compa?era de trabajo en las piscinas p¨²blicas de Campolongo, en Pontevedra, donde ambas son profesoras de gimnasia. La llamada era para avisar de que acababa de salir la sentencia de apelaci¨®n contra ellas por una protesta sindical de 2010. Las condenaban a tres a?os por estar en un grupo en el que alguien dio un empuj¨®n y tir¨® pintura a una piscina. Ellos no dan cr¨¦dito y tampoco la ciudad, que en el mes que ha pasado desde entonces se ha movilizado para recoger m¨¢s de 12.000 firmas contra su entrada en prisi¨®n en todas partes, de colegios a hospitales.
Hasta el alcalde, Miguel Anxo Fern¨¢ndez Lores (BNG), y el presidente de la Diputaci¨®n y del PP de Pontevedra, Rafael Louz¨¢n, se han puesto de parte de las mujeres, condenadas por un episodio apenas trascedente de un conflicto sindical que dif¨ªcilmente es de los m¨¢s cruentos que se recuerdan en Pontevedra. Los trabajadores del sector de las piscinas, tambi¨¦n en A Coru?a, Ferrol y Vilagarc¨ªa, aspiraban a principios de 2010 a un convenio colectivo conjunto y a sueldos mileuristas. La protesta dur¨® poco m¨¢s de un mes. Hubo alg¨²n encierro en consistorios, alg¨²n cristal roto y durante unos d¨ªas se temi¨® que la selecci¨®n espa?ola de waterpolo quiz¨¢s no pudiese jugar un partido. El 8 de febrero unas 50 personas entraron en la piscina de Pontemu¨ª?os. Hubo cierto foll¨®n. Alguien tir¨® pintura y jab¨®n al agua y se habl¨® de ¡°empujones¡±. Ni Ana ni Tamara, que negaron haber hecho lo uno o lo otro, tuvieron problema en admitir que acompa?aron la protesta. ?Para qu¨¦ negarlo?
¡°Esto se tiene que resolver, tienen que primar la cordura¡±, dicen las afectadas
La consecuencia de su sinceridad fue que en primera instancia les cayesen seis meses de c¨¢rcel. El gerente conoc¨ªa a Tamara, que hab¨ªa trabajado antes all¨ª, y el coche de Ana estaba en el aparcamiento. Y en la vista la juez les endos¨® toda la responsabilidad a pesar de que el gerente admiti¨® que no recordaba haberlas visto hacer nada especial ¡ªsolo identific¨® a Tamara y culp¨® a otro hombre de haberle empujado¡ª y que el guardia de seguridad no las reconoci¨®. La supuesta contradicci¨®n delatora es, seg¨²n la sentencia, que Ana y Tamara dijeron que hab¨ªa dos grupos y que el suyo no pas¨® de la recepci¨®n durante la protesta, pero que sin embargo salieron por la puerta trasera, m¨¢s alejada y a la que solo se llega a trav¨¦s de la zona de la piscina. ¡°Si te dicen 'corre', t¨² corres¡±, oponen ellas. Una tercera imputada se libr¨®, sin embargo, alegando que hab¨ªa llegado m¨¢s tarde.
La sentencia podr¨ªa haber quedado all¨ª. Seis meses de pena y ausencia de antecedentes suelen servir para evitar la prisi¨®n. Ellas recurrieron para pedir la absoluci¨®n, pero en un movimiento poco frecuente la fiscal¨ªa lo hizo en sentido contrario. Estimaba que el art¨ªculo 315.3 del C¨®digo Penal que aplicaba la juez marcaba una pena mayor a la impuesta, de entre tres y cuatro a?os y medio, a los ¡°grupos¡± que coaccionen a empezar o continuar una huelga. La redacci¨®n es una de las innovaciones del c¨®digo penal de 1995 contra las ¡°coacciones en grupo¡± en los piquetes, que fiscales y jueces suelen tener cuidado en invocar para evitar desproporciones como esta. No fue el caso. La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra no cuestiona los hechos de la primera, pero sube la pena porque es la que marca tal art¨ªculo. Guillermo Presa, abogado de Tamara, opina que ¡°aparte de la desproporci¨®n, la cuesti¨®n est¨¢ en el tipo penal que se aplica. Puede haber otra forma de interpretar los hechos y meterlos en otro art¨ªculo con otra pena¡±.
Cuentan con el apoyo del alcalde, la Diputaci¨®n y 66.000 firmas
Un mes despu¨¦s de la sentencia Tamara y Ana, que llevan desde entonces tratando de encontrar una soluci¨®n que evite su entrada en prisi¨®n, se sientan a tomar un caf¨¦ y explican que no van a las concentraciones de apoyo a su causa que se vienen sucediendo en la ciudad porque no son capaces de soportar la emoci¨®n. ¡°Es tan irreal que parece que todo el mundo se siente sensibilizado¡±, dice Ana, que lleva 15 trabajando de monitora en el mismo centro ¡ªsin relaci¨®n con el de la protesta¡ª y cuyos responsables han escrito una carta de recomendaci¨®n ensalzando a ambas empleadas, a las que han puesto facilidades para la excedencia en caso de que tengan que dejar el trabajo para ir a la c¨¢rcel. ¡°Me siento como una delincuente, y no lo soy¡±, a?ade. Una y otra creen que la movilizaci¨®n social tiene que ver con que la gente puede imaginarse en su situaci¨®n. ¡°Te puede pasar el d¨ªa de ma?ana¡±. Ahora ambas agotan recursos, Tamara un incidente de nulidad, Ana un recurso de amparo. Ya han preparado el expediente para pedir el indulto. ¡°No te puedes permitir el lujo de estar triste. Esto se tiene que resolver, tienen que primar la cordura¡±. La campa?a de apoyo en Change.org ha reunido 66.000 firmas.
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