El alcalde de Porri?o aprueba por decreto 18.000 euros para el pago de su defensa

El alcalde de O Porri?o, el popular Nelson Santos, imputado por prevaricaci¨®n continuada, malversaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, cohecho y vulneraci¨®n de los derechos de los trabajadores ¡ªal menos estos dos ¨²ltimos delitos no tienen relaci¨®n con el ejercicio del cargo¡ª, decidi¨® unilateralmente el a?o pasado, mediante decreto de la alcald¨ªa, costearse su defensa jur¨ªdica con cargo a las arcas municipales. Santos no solo tom¨® esta decisi¨®n sin someterla siquiera a la valoraci¨®n de la junta de gobierno, sino que obvi¨® cualquier tr¨¢mite institucional para elegir bufete. El alcalde decidi¨®, tambi¨¦n por decreto, que fuera el despacho vigu¨¦s Lealtadis Vigo SLP, el que asumiera su defensa, comprometiendo para ello el abono de 18.140 euros de dinero p¨²blico, de los que de momento dio orden de pagar 4.840.

El regidor de O Porri?o, que reconoci¨® recientemente en declaraciones p¨²blicas haber enchufado en empresas afines al PP a vecinos del municipio que le ped¨ªan un empleo, firm¨® el 5 de abril de 2013 un decreto comprometiendo el pago de 7.260 euros del Ayuntamiento al despacho vigu¨¦s para costear su defensa en el procedimiento iniciado contra ¨¦l por el Juzgado de Instrucci¨®n 1 de O Porri?o ¡ªuna supuesta prevaricaci¨®n por costear con 4.000 euros mensuales a un ingeniero al que no hab¨ªa contratado¡ª y de otros 10.890 euros al mismo bufete para afrontar el procedimiento abierto tambi¨¦n contra ¨¦l en Juzgado de Instrucci¨®n 3 del mismo municipio dentro de la Operaci¨®n Multiusos. En ambos procedimientos el pago inclu¨ªa la fase de juicio oral o apelaci¨®n ¡°en el caso de que no se archive el asunto en la fase de instrucci¨®n¡±.

Santos esper¨® m¨¢s de un a?o para matizar su acci¨®n. El pasado 13 de junio, 12 d¨ªas despu¨¦s de que siete ediles de Santiago fueran condenados por acordar el pago con dinero p¨²blico de la defensa de un compa?ero acusado de corrupci¨®n, el alcalde registr¨® un escrito en el Ayuntamiento, seg¨²n precisa ahora su gabinete de prensa, comprometi¨¦ndose a ¡°reponer a las arcas municipales los honorarios del letrado satisfechos¡± en el caso de que resulte condenado. El regidor no tiene en cuenta en ese escrito, a la vista del referido comunicado de prensa, que decidi¨® la contrataci¨®n sin someterla al criterio de ning¨²n ¨®rgano municipal y sin tener en cuenta que con ella afronta la defensa de supuestos delitos ajenos al ejercicio estricto del cargo p¨²blico, como son los de cohecho, tr¨¢fico de influencias y vulneraci¨®n del derecho de los trabajadores por los que tambi¨¦n est¨¢ imputado.

Para justificar su decisi¨®n, con la que, precisa, ¡°no se conculca ning¨²n derecho ni se infringe o incumple ninguna normativa legal¡±, Santos arrastra a los t¨¦cnicos municipales: ¡°El abono de los honorarios del letrado [los 4.840 euros que ha pagado hasta el momento] fue satisfecho sin ning¨²n reparo del secretario ni del interventor¡±, sostiene el regidor a trav¨¦s de su gabinete. Este insiste en la ¡°legalidad¡± de sus acuerdos precisando que ¡°desde siempre, los honorarios de abogados en defensa de alcaldes y concejales en Espa?a fueron y son satisfechos por los Ayuntamientos que representan¡±. Aunque apostilla el propio alcalde en ese comunicado que esto es as¨ª ¡°siempre y cuando se derive su conducta de la gesti¨®n directa de su responsabilidad municipal, como resulta en el caso del regidor porri?¨¦s¡±.

La concejala socialista y abogada Eva Garc¨ªa de la Torre, personada como acusaci¨®n en la Operaci¨®n Multiusos, sostiene que los supuestos delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho y vulneraci¨®n del derecho de los trabajadores por los que est¨¢ imputado Santos constituyen lo que ¡°com¨²nmente se conoce como abuso de poder y no tienen nada que ver con el ejercicio del cargo p¨²blico, como ha quedado claro en la sentencia condenatoria de los concejales de Santiago¡±.

En esa sentencia el juez deja claro que ¡°sufragar con las arcas municipales la representaci¨®n procesal de un concejal imputado por un delito de tr¨¢fico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los par¨¢metros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo¡± y precisa, adem¨¢s, que los concejales compostelanos ¡°comprometieron fondos p¨²blicos al pago de unas minutas devengadas por un letrado en cuya designaci¨®n no hab¨ªa intervenido la corporaci¨®n local¡± y que su decisi¨®n se realiz¨® ¡°en contra de los intereses p¨²blicos y con la clara intenci¨®n de favorecer a un compa?ero de corporaci¨®n¡±.

El mismo particular que denunci¨® ante la fiscal¨ªa los supuestos delitos por los que ha sido imputado Santos ha registrado otra demanda ante la fiscal¨ªa para que act¨²e contra el acuerdo del regidor de pagar con fondos municipales su defensa en procedimientos judiciales que son ¡°ajenos al ejercicio del cargo¡±.