Inmigrantes en libertad vigilada
La polic¨ªa se presenta en casa de una pareja de sexagenarios argentinos que vive en Santiago desde 2006 para retirarles el pasaporte delante de sus nietos

Ni el empadronamiento, ni el empleo estable, ni sus ocho a?os de residencia en Santiago, ni sus v¨ªnculos familiares. Nada es suficiente para evitar su repatriaci¨®n. Una pareja de argentinos de 59 y 64 a?os de edad se enfrenta a la deportaci¨®n a su pa¨ªs de origen en cumplimiento de una Ley de Extranjer¨ªa que ¡°impide¡± a la mujer acreditar su contrato de trabajo como empleada dom¨¦stica, seg¨²n denuncia el Foro Galego da Inmigraci¨®n (FGI). El matrimonio vive desde 2006 en Santiago, donde reside toda su familia: su hijo, su nuera y sus dos nietos, adem¨¢s de su hermano y una sobrina. Todos ellos, legales. La mujer lleva tres a?os intentando regularizar su situaci¨®n administrativa pero no lo consigue. Es pr¨¢cticamente imposible: el Gobierno exige al empleador que firme un contrato anual por ocho horas diarias y que acredite que sus ingresos son suficientes para pagar esa n¨®mina. ¡°Debe justificar que dispone de unos 1.500 euros mensuales¡±. Y no es el caso.
?La polic¨ªa acudi¨® al domicilio del matrimonio inmigrante y, en presencia de sus dos nietos, menores de edad, les requis¨® los pasaportes para incoarles de inmediato un procedimiento de expulsi¨®n preferente. Los ficharon. El FGI denuncia persecuci¨®n policial contra la pareja y reprueba los ¡°desproporcionados¡± m¨¦todos ¡°previstos en los casos de presuntos delincuentes con riesgo de huida¡±. Ha presentado un informe ante la Subdelegaci¨®n del Gobierno.
¡°Casi ning¨²n empleador dom¨¦stico cumple los requisitos que marca la Ley de Extranjer¨ªa¡±, alerta el portavoz del FGI, Miguel Fern¨¢ndez, que explica que la Administraci¨®n ¡°solo tiene en cuenta la n¨®mina de la persona que contrata, normalmente pensionistas con ingresos insuficientes para justificar el pago de un contrato anual por ocho horas diarias¡±. El problema es que ¡°no se valora que estos empleadores puedan tener otras fuentes de ingresos para contratar la ayuda dom¨¦stica, como aportaciones de hijos u otros familiares¡±.
A la pareja de Santiago se le ha venido el mundo encima. En realidad, lo vieron venir ya cuando la mujer comenz¨® a fracasar en sus intentos por regularizar su situaci¨®n. La ¨²ltima opci¨®n fue presentar una petici¨®n de arraigo social considerando que toda su familia vive en la misma ciudad y que ellos, que comparten el domicilio con su hijo y su nuera, cuidan de los menores durante las largas jornadas laborales de los progenitores en el sector de la hosteler¨ªa. Tampoco fue atendido. ¡°Estamos hundidos y los ni?os, muy afectados¡±, explica Paola, la nuera, sobre la situaci¨®n de sus suegros, sin pasaporte, obligados a presentarse cada 15 d¨ªas en comisar¨ªa ¡°como si fueran criminales¡± y con la ansiedad generalizada en la familia, consciente de que en una de esas comparecencias ¡°pueden ser expulsados de su hogar¡±. ¡°No sabemos si llevar a mi suegra a un psic¨®logo; no sabemos qu¨¦ hacer¡±, detalla Paola la desaz¨®n.
Fern¨¢ndez sostiene que este no es m¨¢s que un ejemplo de los numerosos casos ¡°silenciosos¡± de ¡°injusta persecuci¨®n policial¡± como consecuencia del ¡°endurecimiento¡± de la Ley de Extranjer¨ªa. El colectivo al que representa cita la ¡°persecuci¨®n¡± del colectivo de vendedores nigerianos y senegaleses a quienes en A Coru?a se les ha impuesto una tasa por decomiso de mercanc¨ªa, ¡°rob¨¢ndoles su ¨²nico medio de vida¡±. Y menciona, adem¨¢s, la ¡°desafortunada¡± intervenci¨®n de polic¨ªas locales de la comarca del Barbanza la pasada Navidad.
En lo que respecta a los inmigrantes empleados en trabajos dom¨¦sticos, como la mujer de Santiago sobre la que pesa la amenaza de deportaci¨®n, el Foro alerta de que la inflexibilidad de la Administraci¨®n ¡°poniendo trabas a la renovaci¨®n de las autorizaciones de residencia¡± aboca a la exclusi¨®n a familias que llevan ¡°a?os residiendo y trabajando aqu¨ª de forma regular¡±. El problema se agrava, sostiene el colectivo, con el recorte en la prestaci¨®n de los servicios sociales por la Xunta a los inmigrantes ¡°con el escandaloso tijeretazo del 70% de los presupuestos destinados a cooperaci¨®n internacional¡±, similar al del resto del Estado. Para los extranjeros, ¡°todo se dificulta¡±, hasta la posibilidad de demostrar, como en el caso de la mujer compostelana, que tienen un empleo estable y un fuerte arraigo social.
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