El alcalde de El Ejido rechaza ante el juez el pelotazo urban¨ªstico

El alcalde de El Ejido, Francisco G¨®ngora (PP), rechaz¨® ante el juez Francisco Jos¨¦ Dom¨ªnguez, titular del Juzgado de Instrucci¨®n 2 de El Ejido, su participaci¨®n en el pelotazo por el que est¨¢ imputado. G¨®ngora declar¨® como acusado junto a su padre Gabriel G¨®ngora Peralta, su hermano Jos¨¦ Gabriel G¨®ngora Cara y su socio y amigo Seraf¨ªn L¨®pez Pizarro. El alcalde est¨¢ imputado por tr¨¢fico de influencias y un delito contra la Hacienda p¨²blica despu¨¦s de que la Audiencia confirmara la prescripci¨®n del delito de blanqueo y falsedad en documento.

La mercantil Agr¨ªcola Euro Alpujarra, de la que G¨®ngora era socio, compr¨® una finca por 300.000 euros, solo dos a?os despu¨¦s esta sociedad suscribi¨® un contrato privado para la venta por 1,5 millones de esos terrenos con otra mercantil, Murgi Edificaciones, con un beneficio de 1,2 millones.

G¨®ngora aleg¨® que cuando fue nombrado concejal de Urbanismo la finca r¨²stica que adquiri¨® la mercantil Agr¨ªcola Euro Alpujarra, de la que ¨¦l era socio, ya ten¨ªa la calificaci¨®n de urbanizable en el avance del PGOU (Plan General de Ordenaci¨®n Urbana). Los cuatro imputados declararon apenas media hora cada uno y coincidieron en resaltar que la empresa no gan¨® dinero con la operaci¨®n de compraventa de terrenos, en contra de la tesis del magistrado.

Antes de iniciar las declaraciones, el juez orden¨® una prueba pericial caligr¨¢fica a los cuatro imputados para determinar la autor¨ªa de la letra manuscrita en los m¨¢rgenes del contrato privado de compraventa donde queda reflejado que la cantidad percibida y escriturada ser¨ªan diferentes. El abogado de la acusaci¨®n popular ejercida por el Partido de Almer¨ªa (PAL) ¡ªdenunciante del supuesto pelotazo urban¨ªstico del que G¨®ngora fue beneficiario¡ª Juan Carlos Calatrava, resalt¨® el evidente ¡°peso¡± de la prueba documental, pese a la declaraci¨®n exculpatoria de los imputados. ¡°Las escrituras p¨²blicas que se otorgaron por la compra y por la venta, y los contratos privados, contradicen esas escrituras p¨²blicas¡±, afirm¨®.

La acusaci¨®n popular avanz¨® nuevas diligencias de prueba documental y testifical tras las declaraciones. Asimismo restan por concluir otras diligencias solicitadas por el juez en el auto del pasado 21 de julio, como la tasaci¨®n del valor real de las fincas en 2004.