¡°La Diputaci¨®n de Ourense era para Baltar como una empresa privada¡±

La justicia pone coto al baltarismo despu¨¦s de Baltar. La titular del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, Caterina Gonz¨¢lez, ha dictado sentencia condenatoria contra la pr¨¢ctica del enchufismo masivo y continuado ejercido por el expresidente de la Diputaci¨®n de Ourense en los tres meses en los que se sentaron las bases de su sucesi¨®n din¨¢stica. ¡°Parece que la Diputaci¨®n era una empresa privada en la que se contrataba a quien parec¨ªa oportuno al acusado¡±, sostiene la juez para explicar que el primero de los Baltar utiliz¨® la instituci¨®n como si de su propiedad se tratara y condena al ya jubilado bar¨®n del PP de Galicia a nueve a?os de inhabilitaci¨®n por un delito continuado de prevaricaci¨®n. La condena, consecuencia de una denuncia presentada en 2010 por el PSOE ante la fiscal¨ªa, no tendr¨¢ ya efectos pr¨¢cticos pero, en sinton¨ªa con la petici¨®n del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, de ¡°una pena ejemplar que sirva de aviso a navegantes¡±, pone en tela de juicio la sucesi¨®n din¨¢stica del baltarismo que ahora representa su primog¨¦nito.

Dos a?os despu¨¦s de que el poderoso expresidente ourensano Jos¨¦ Luis Baltar hubiese causado baja en el PP, la justicia sentencia que el autodenominado cacique bueno delinqui¨®. La juez considera probado que en los tres primeros meses de 2010, los que rodearon el congreso provincial del PP en el que se consum¨® el primer traspaso de poderes entre padre e hijo, Jos¨¦ Luis Baltar vulner¨® ¡°a sabiendas¡± la normativa de la instituci¨®n provincial y contrat¨® a dedo a las 104 personas que quiso. En esa simbiosis que, seg¨²n la juez, Baltar hizo entre lo p¨²blico y lo privado, buena parte de los enchufados que eligi¨® para los empleos estaban vinculados al PP y participaron (ellos o sus familiares) en el c¨®nclave provincial en el que su primog¨¦nito, Jos¨¦ Manuel Baltar Blanco, barri¨® al candidato avalado por Feij¨®o y Rajoy haci¨¦ndose con la presidencia del partido que dejaba vacante su padre. Dos a?os m¨¢s tarde le traspasar¨ªa tambi¨¦n a dedo la presidencia de la Diputaci¨®n.

Frente al alegato de Baltar proclamando en su juicio que despu¨¦s de tres d¨¦cadas al frente de corporaciones (el Ayuntamiento de Nogueira de Ramu¨ªn y la Diputaci¨®n) desconoc¨ªa que para contratar en una instituci¨®n es necesario realizar una convocatoria p¨²blica de empleo, la juez considera probado que incumpli¨® ¡°conscientemente¡± la normativa de la instituci¨®n provincial cuando, en aquellos meses pre y postcongresuales, enchuf¨® al centenar de afines. El condenado lo hab¨ªa reconocido sin complejos en su declaraci¨®n. ¡°Oye, cuando que haya que contratar a alguien cuenta con este¡±, explic¨® Baltar desde el banquillo su m¨¦todo de selecci¨®n del personal. ?l le dec¨ªa al jefe de Personal qui¨¦n entraba y qui¨¦n no. No sab¨ªa, intent¨® justificarse, que las plazas se ten¨ªan que publicitar. ¡°Nadie me advirti¨®¡±, remach¨® su exculpaci¨®n.

A lo largo de 43 folios, la jueza descalifica las pr¨¢cticas institucionales del expresidente ourensano. La sentencia precisa que Baltar no solo prevaric¨® al conceder empleos a dedo, sino que ¡°tambi¨¦n se ha probado que esa contrataci¨®n se realiz¨® sin la fiscalizaci¨®n previa que exig¨ªa la ordenanza¡± y que deber¨ªa garantizar que exist¨ªa cr¨¦dito para hacer frente al gasto en n¨®minas que disparaba la deuda de una Diputaci¨®n ya sobredimensionada en empleos: lleg¨® a tener m¨¢s de un millar de trabajadores ¡ª33 porteros, que despu¨¦s redujo a 16, para abrir tres puertas en el edificio cultural; 17 personas para cuidar 15 caballos en el centro ecuestre de la instituci¨®n¡ª que convirtieron al organismo en la mayor f¨¢brica de empleos de la provincia. Y casi todos los empleados estaban vinculados al PP.

La juez sostiene que en los tres meses a los que se refer¨ªa la denuncia, el expresidente ¡°olvid¨® en todo momento¡± el requisito ¡°b¨¢sico e irrenunciable que es la publicidad¡± para garantizar el acceso en condiciones de igualdad de cualquier ciudadano al puesto de trabajo. Y aclara que la Diputaci¨®n ¡°no es una propiedad de la que pueda hacer el uso que bien le parezca a su titular¡± para concluir que el acusado viola ¡°consciente y deliberadamente¡± la norma ¡°en funci¨®n de una finalidad que le parece prioritaria¡±, poni¨¦ndose para ello ¡°por encima de toda Ley, como quien dispone leg¨ªtimamente de algo privado¡±.

En su af¨¢n contratador de aquel trimestre sucesorio en el que consum¨® el primer traspaso de poderes a su hijo, Baltar incumpli¨®, uno tras otro, todos los requisitos que marcaba la ordenanza de la Diputaci¨®n publicada seis a?os antes en el bolet¨ªn oficial de la provincia para los contratos temporales por procedimiento de urgencia. La juez especifica las infracciones: no hubo informe del jefe de servicio de cada plaza, no hubo fiscalizaci¨®n previa de Intervenci¨®n para comprobar la existencia de cr¨¦dito suficiente para contratar, no hubo convocatoria p¨²blica ni siquiera en el tabl¨®n de anuncios y no hubo selecci¨®n de los contratados basada en su cualificaci¨®n y m¨¦ritos. Sencillamente, Baltar tir¨® tambi¨¦n en esa ocasi¨®n de los decretos de presidencia con los que durante d¨¦cadas reparti¨® millones de euros entre sus afines y, as¨ª, desde enero hasta el 17 de marzo de 2010 orden¨® la contrataci¨®n en la Diputaci¨®n de las 104 personas ¡°elegidas por ¨¦l¡±.

Seg¨²n la sentencia, lo hizo ¡°con conciencia de que faltaban los principios b¨¢sicos de cualquier contrataci¨®n p¨²blica¡±, por m¨¢s que el condenado se empleara en el juicio en asegurar que desconoc¨ªa la existencia de la norma e intentara arrastrar en su ca¨ªda a sus funcionarios de m¨¢xima confianza, a los que acus¨® de no haberlo advertido de la ilegalidad.

Lejos de aceptar su palabra, la magistrada da credibilidad a los testimonios del jefe de Personal, Jos¨¦ Luis Su¨¢rez ¡ªconcejal del PP en el Ayuntamiento de Monterrei e hijo del alcalde de ese municipio¡ª, y al secretario de la instituci¨®n, Francisco Cacharro ¡ªhijo del exbar¨®n del PP de Lugo¡ª, que aseguraron que el primero de ellos hab¨ªa alertado al presidente de que incurr¨ªa en ilegalidad y que el otro le hab¨ªa explicado la normativa. Caterina Gonz¨¢lez concluye que Baltar actu¨® ¡°consciente de lo que estaba haciendo¡± y se basa para ello en el testimonio de los altos funcionarios y del resto de testigos (73 personas entre cargos de la instituci¨®n, enchufados y alcaldes del PP) para declarar ¡°claro y probado¡± el delito de prevaricaci¨®n que a Baltar ¡ªimputado ahora tambi¨¦n en la Operaci¨®n Pok¨¦mon que investiga supuestos sobornos a pol¨ªticos de concesionarias municipales¡ª le supone un oscuro final a su trayectoria pol¨ªtica y a su hijo-sucesor la m¨¢cula sobre los m¨¦ritos de su acceso a todos su cargos p¨²blicos. La juez desestima la petici¨®n de la acusaci¨®n particular del PSOE para que Baltar abone 696.666,58 euros a la Diputaci¨®n por los gastos que, seg¨²n su c¨¢lculo, supusieron los 104 enchufados a las arcas p¨²blicas.

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