El interventor de Ourense acusa al gobierno local de manipular un acta
El funcionario denuncia que se ocultaron sus reparos a la aprobaci¨®n de los Presupuestos
El interventor del Ayuntamiento de Ourense, Gonzalo Alonso, ha presentado un escrito en el registro municipal en el que acusa al gobierno local socialista de manipular el acta de la Junta de Gobierno de la semana pasada en la que se aprob¨® el presupuesto de 2014 con reparos de ese funcionario y advertencias del asesor jur¨ªdico. Seg¨²n explica, no refleja las objeciones que manifest¨® durante la reuni¨®n. Y es que dos semanas antes, una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumb¨® medio centenar de puestos a dedo de la Relaci¨®n de Puestos de Trabajo (RPT), entre ellos los de la hija, el ch¨®fer o las dos secretarias del alcalde, y seg¨²n los t¨¦cnicos, el fallo judicial impide aprobar las cuentas sin modificar la RTP y el anexo de personal.
?En el escrito asegura: ¡°El acta levantada por la secretaria de la Junta de Gobierno [la edil y teniente de alcalde, ?urea Soto] no recoge el sentido de mis manifestaciones¡±, un extremo que el alto funcionario considera ¡°particularmente grave¡± porque la aprobaci¨®n del presupuesto ¡°se efectu¨® omitiendo el informe preceptivo de la Intervenci¨®n, tal y como se refleja en la legislaci¨®n de haciendas locales y en los informes emitidos por el Oficial Mayor y por el Secretario General del Pleno¡±. El funcionario denuncia que se le ¡°priv¨®¡± del ¡°derecho para el desempe?o efectivo de las funciones propias del cargo¡±.
Tras toparse con la ausencia de sus propios reparos, el funcionario aclara que acudi¨® a la siguiente reuni¨®n del gobierno con un escrito ¡°para tratar de corregir esta actuaci¨®n incomprensible en el ejercicio de un cargo p¨²blico¡±, con el que pretend¨ªa, se?ala, ¡°dar traslado del sentido resumido de mis manifestaciones y su incorporaci¨®n al acta o al expediente administrativo para su debida constancia y efectos¡±. Pero tampoco pudo ser. Gonzalo Alonso relata que la secretaria de la Junta de Gobierno ¡°se neg¨® a recibir el escrito que le estaba presentando sin exponer argumento jur¨ªdico alguno¡±.
A la denuncia se suma el jefe en funciones de la asesor¨ªa jur¨ªdica municipal, tambi¨¦n presente en aquella sesi¨®n. Jos¨¦ Javier Garc¨ªa present¨® otro documento en el registro en el que denuncia que el acta levantada no refleja sus advertencias en el proceder de la Junta de Gobierno, que, insiste, expuso verbalmente hasta que fue invitado a abandonar la reuni¨®n junto al interventor. El asesor tambi¨¦n certifica que los reparos del interventor tienen base jur¨ªdica y se ajustan al ordenamiento vigente.
Seg¨²n el interventor, no procede la aprobaci¨®n ¡ªel Ayuntamiento funciona con las cuentas de 2012 prorrogadas¡ª por ¡°una clara contravenci¨®n con el ordenamiento jur¨ªdico vigente¡± basada en tres argumentos. As¨ª, detalla que la propuesta estaba ¡°t¨¦cnicamente mal formulada¡± y que la sentencia contra los puestos a dedo afecta al anexo de personal y a la RPT ¡°vulnerando¡± el real decreto que desarrolla la Ley de las Haciendas Locales en materia presupuestaria. Por ¨²ltimo, denuncia que ¡°se ha omitido de manera arbitraria el tr¨¢mite de fiscalizaci¨®n preceptiva¡±, un proceder que define como ¡°sorprendente¡± porque el Oficial Mayor y el Secretario General del organismo comunicaron por escrito antes de la junta, el car¨¢cter obligatorio del informe del interventor que nunca fue incluido.
Cuestionado por este diario sobre estas discrepancias, el alcalde, Agust¨ªn Fern¨¢ndez, manifest¨® que ¡°las actas son competencia de la secretaria¡±. El gobierno ourensano ha afirmado en reiteradas ocasiones que ¡°la resoluci¨®n judicial no afecta al tr¨¢mite presupuestario porque la Relaci¨®n de Puestos de Trabajo no es un documento presupuestario¡±. Su portavoz y edil de Hacienda, Jos¨¦ ?ngel V¨¢zquez Barquero, tambi¨¦n ha matizado que ¡°a veces hay discrepancias o informes contradictorios¡± porque, argumenta, ¡°el interventor puede tener un punto de vista y yo otro¡±. A la sesi¨®n puesta en duda por los t¨¦cnicos no asisti¨® M¨®nica V¨¢zquez, la ¨²nica edil del grupo de cinco concejales socialistas cr¨ªticos que forma parte de la Junta de Gobierno. El PP ha anunciado que est¨¢ estudiando los hechos para llevarlos ante la justicia. La minor¨ªa del ejecutivo local ¡ªcon solo 11 de los 27 concejales de la corporaci¨®n¡ª impidi¨® la ratificaci¨®n de las cuentas en el pleno.
El alcalde denuncia al l¨ªder de DO
Agust¨ªn Fern¨¢ndez, alcalde socialista de Ourense, y Gonzalo P¨¦rez J¨¢come, portavoz del grupo de la oposici¨®n municipal Democracia Ourensana (DO), se ver¨¢n las caras en los juzgados. El regidor de la tercera ciudad de Galicia present¨® el pasado d¨ªa 17 de julio un escrito solicitando un acto de conciliaci¨®n previo a la formalizaci¨®n de una demanda contra el concejal de DO por supuestas injurias y calumnias durante una sesi¨®n plenaria. Fern¨¢ndez cuestiona que el edil preguntase al alcalde durante el debate de una moci¨®n cu¨¢nto le pagaron las concesionarias de aparcamientos privados para favorecerlas. ¡°Yo entiendo que afirma que favorezco a empresas, por lo que adoptar¨¦ medidas porque no consentir¨¦ que vierta dudas sobre m¨ª¡±, asegur¨® ya entonces el alcalde.
En el escrito de denuncia Fern¨¢ndez reclama a J¨¢come que ¡°se avenga a reconocer los hechos, a aclarar sus manifestaciones para saber si eran preguntas o afirmaciones y, si era una afirmaci¨®n, reconozca la falsa imputaci¨®n y rectifique¡±. El edil de la oposici¨®n matiza que, hasta la fecha, no ha recibido notificaci¨®n judicial alguna y que durante aquel debate ¡°simplemente pregunt¨® y no afirm¨®¡± que cobrase de las empresas encargadas de los aparcamientos.
La relaci¨®n entre el equipo de gobierno municipal y Democracia Ourensana ha sido explosiva desde la irrupci¨®n en la vida municipal de este grupo independiente, tras las elecciones locales de 2011. Con dos ediles en la corporaci¨®n, buena parte de las cr¨ªticas de los socialistas provienen de este grupo. De hecho, hace unos meses, la concejala de Urbanismo, la socialista ?urea Soto, ya denunci¨® a J¨¢come ante la fiscal¨ªa por un acuerdo adoptado durante el anterior mandato del PP, en el que la empresa del l¨ªder de DO ¡ªuna tienda de m¨²sica¡ª obtuvo un contrato de 61.000 euros del Ayuntamiento, seg¨²n Soto, de forma irregular. El fiscal archiv¨® la denuncia al no hallar indicios de delito penal.
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