El Gobierno deniega el 39% de las demandas para bajar el alquiler social

El Departamento de Vivienda ha recibido 778 peticiones de familias que viven en pisos de los distintos programas de alquiler protegido del Gobierno para reducir el precio que pagan cada mes por arrendarlos. De las solicitudes, el Ejecutivo ha resuelto los expedientes de 518. Entre ellos 199, el 38,4%, han contado con la negativa de la administraci¨®n a rebajar el precio de su alquiler.

En el resto de los casos, 319, Vivienda ha confirmado que la dif¨ªcil situaci¨®n econ¨®mica en la que se encuentran muchas familias que habitan en el parque de alquiler dedican m¨¢s de un tercio de su renta a costear el arrendamiento del piso.

La posibilidad qued¨® abierta en diciembre de 2013 a trav¨¦s de una instrucci¨®n de la viceconsejera Covadonga Solaguren con la que se apunta a la necesidad de ¡°soluciones excepcionales¡± frente a la orden de precios de 2010. El tope de alquiler fue fijado entonces en el 30% de los ingresos de las familias que ocupen las viviendas. ¡°Las circunstancias sociales y econ¨®micas actuales han modificado el mercado de vivienda ante las necesidades de una sociedad que tiene dificultades para encontrar empleo y con una tendencia a la baja de los ingresos de parte de la poblaci¨®n¡±, recuerda otra instrucci¨®n, de 2014.

El n¨²mero de desahucios en pisos de alquiler ascendi¨® a 74 en 2013

De hecho, el coste del alquiler es la principal causa de renuncia tras una adjudicaci¨®n de una vivienda de Bizigune, raz¨®n a la que alude el 38,6% de las personas que rechazaron un piso en 2013. En el caso de las viviendas sociales, el 30% lo atribuye a las razones econ¨®micas. En el programa ASAP el 54% de quienes dicen no a un piso habla de razones econ¨®micas.

Las razones del no de la Administraci¨®n a reducir el alquiler hasta lograr que no supere el 30% de los ingresos son principalmente dos: que efectivamente no se cumple el requisito de que el alquiler supere ese porcentaje de renta (96 casos) y que la reducci¨®n de los ingresos se debe a la obligaci¨®n de devolver ayudas a la administraci¨®n por incumplimiento de los requisitos y las obligaciones (43 casos). Del total de denegados, solo un expediente ha sido recurrido por los solicitantes. Stop Desahucios ha anunciado que denunciar¨¢ a la viceconsejera por un presunto delito de prevaricaci¨®n por ¡°incumplir¡± la instrucci¨®n. Entre las razones, se?alan que no se les est¨¢ permitiendo recurrir las resoluciones.

En una respuesta parlamentaria remitida a petici¨®n del parlamentario del PSE Bixen Itxaso, el Ejecutivo detalla que la mayor¨ªa de las denegadas, por una aplastante mayor¨ªa, son las solicitudes de ?lava, que suponen 183 de las 199 rechazadas. El caso alav¨¦s es llamativo, ya que de 778 solicitantes ¡ªlas peticiones han ido en aumento despu¨¦s de que en tres primeros meses se registraran un centenar¡ª 568 proceden de esa provincia, la menos poblada de las tres, aunque al mismo tiempo la que mayor oferta de viviendas ha tenido en los ¨²ltimos a?os. Entre los solicitantes, m¨¢s de la mitad de ellos, 466, corresponden a Alokabide. Por t¨¦rmino medio, la renta media a pagar es de 240 euros por cada inquilino, un coste que supone el 23,21% de sus ingresos.

En 2013, el Gobierno ejecut¨® 74 desahucios en su parque de viviendas de alquiler. En su mayor¨ªa, no estaban relacionados ¨²nicamente con impagos, sino con otros incumplimientos ¡ªalgunos han tenido relieve en los medios de comunicaci¨®n y hacen referencia a destrozos, pisos patera e incluso un negocio de prostituci¨®n¡ª. En estos 74 casos, la deuda con la Administraci¨®n ascendi¨® a 377.700 euros en total. En los estrictamente relacionados con la imposibilidad econ¨®mica, se llevaron a cabo nada menos que 565 pactos entre el Departamento de Vivienda y los inquilinos para evitar los desahucios.

Entre 2010 y 2012, el Ejecutivo desaloj¨® a 435 familias. Desde mediados de 2012, el Ejecutivo empez¨® a suspender los desahucios motivados exclusivamente por impagos.