Uno de cada cuatro inquilinos de pisos de la Generalitat es moroso

Los pisos de protecci¨®n oficial de la Generalitat ¡ªde precios de alquiler reducidos con respecto al del mercado libre¡ª se est¨¢n escapando de las posibilidades de pago de muchas familias catalanas. Esto demuestran las ¨²ltimas cifras de morosidad de la Agencia de la Vivienda de Catalu?a. El pasado julio, unos 3.860 contratos registraron impagos en las rentas, seg¨²n estos datos. Un 25% de los inquilinos del departamento de Territorio y Sostenibilidad tienen, por tanto, problemas para hacer frente al pago mensual.

Las viviendas del parque p¨²blico oficial, unas 15.000 repartidas por todo el territorio catal¨¢n, se entregan a familias teniendo en cuenta ciertos l¨ªmites de renta y de acuerdo al sitio donde se encuentre ubicado el inmueble. En total, hay cuatro zonas. En el caso del r¨¦gimen especial por 25 a?os, la barrera es de 2.398 euros al mes por unidad familiar, es decir 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia, IRSC. En Altafulla (Tarragon¨¦s), por ejemplo, una promoci¨®n ofrece alquileres por 160 euros, sin incluir servicios y otros tributos. En Berga (Bergueda) el precio es de 114 euros.

La idea de la Generalitat es que los alquileres siempre se sit¨²en en una horquilla de entre el 60% y el 70% del precio de mercado de cada municipio. Las personas beneficiadas suelen tener ingresos bajos: seg¨²n las estad¨ªsticas el 89% de los hogares inscritos en el registro de solicitantes de vivienda protegida tienen ingresos iguales o inferiores a los 18.500 euros anuales.

La morosidad en estos pisos, explica una portavoz de la agencia, se arrastra incluso desde 2012, cuando se registraron impagos en 4.017 hogares. La cifra baj¨® a 3.987 el a?o pasado y, con los datos de los primeros siete meses del 2014, la cifra ya llega a los 3.860. Desde la Generalitat explican que, sin embargo, ¡°en ning¨²n caso se practican desahucios por motivo estrictamente econ¨®mico¡± y que los casos de familias que no pagan ¡°se reconducen v¨ªa pacto, ayudas impl¨ªcitas y son tratadas como morosidad social¡±.

Este a?o, Territorio ha destinado una partida de cinco millones de euros para ayudar a sus inquilinos que no pueden pagar, las llamadas ayudas impl¨ªcitas, que en muchos casos son rebajas directas en el recibo que llega a las familias. A junio de este a?o, un total de 2.913 hogares recibieron esta subvenci¨®n, un 19% m¨¢s que en todo el a?o anterior, cuando fueron 2.355 los beneficiarios. En 2012, fueron concedidas a 1.676 hogares.

La realidad econ¨®mica est¨¢ chocando con los planes de la Generalitat para fomentar la ocupaci¨®n. En marzo de este a?o, el consejero de Territorio, Santi Vila, anunci¨® que se rebajar¨ªa el precio del alquiler de unas 1.500 viviendas, repartidas por 15 municipios, para actualizarlos con la nueva realidad inmobiliaria y facilitar que llegaran nuevas familias. En el caso de poblaciones como Sant Carles de la R¨¢pita (Montsi¨¤) el valor se redujo en un 50%. En Lleida y Vic (Osona) las rebajas fueron de casi una quinta parte del precio.

La Agencia explica que s¨ª realiza lanzamientos cuando las viviendas p¨²blicas son ocupadas ilegalmente o se incumple alguna otra cl¨¢usula del contrato. A junio de este a?o, se han realizado cinco lanzamientos. En 2013 hubo 12. ¡°siempre se garantiza una alternativa de alojamiento¡±, asegura la portavoz.

En los pisos del parque p¨²blico de Barcelona tampoco se ha desahuciado a nadie en lo que va de 2014, seg¨²n una portavoz municipal. Los 18 lanzamientos ordenados son tambi¨¦n por ocupaciones ilegales y otros dos por impagos no relacionados con problemas econ¨®micos.

Tras siete meses de impagos, el Ayuntamiento concierta una cita con los Servicios Sociales para determinar si hay una circunstancia espec¨ªfica que lo justifique, lo que abre la puerta para las ayudas que establece el Patronato Municipal de la Vivienda. En su informe del a?o pasado, la S¨ªndica de Greuges de Barcelona denunci¨® que el 61,5% de los solicitantes de un piso p¨²blico en la capital catalana tienen ¡°muy pocos recursos¡±, pues ganan menos de 16.000 euros anuales.