La nueva ley de formaci¨®n vetar¨¢ a las empresas ¡®cazasubvenciones¡¯
Las entidades que quieran recibir fondos no podr¨¢n depender s¨®lo de las ayudas
Las entidades que pretendan gestionar fondos de formaci¨®n para trabajadores y parados no podr¨¢n vivir exclusivamente de las subvenciones. Es una de las novedades incluidas en el anteproyecto de la Ley de Formaci¨®n Profesional de Andaluc¨ªa, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta. La ley contar¨¢ con un presupuesto de 1.200 millones de euros para su implantaci¨®n cuando est¨¦ definitivamente aprobada, algo para lo que no hay fecha a¨²n.
La presentaci¨®n de esta ley se produce en un momento en el que varios casos de fraudes en el uso de subvenciones de formaci¨®n para el empleo, dentro y fuera de Andaluc¨ªa, han puesto en cuesti¨®n el sistema de reparto de este tipo de fondos. En uno de los informes de la Udef sobre el exconsejero andaluz ?ngel Ojeda ya se apuntaba al entramado creado por el tambi¨¦n empresario para captar esas ayudas.
La nueva norma incluye controles adicionales. Por ejemplo, el veto a las empresas cazasubvenciones. El consejero de Educaci¨®n, Luciano Alonso, ha reconocido que se han dado casos de ¡°empresas que se creaban para recibir subvenciones¡±. Por ello, la nueva norma exigir¨¢ que las entidades privadas tengan ¡°autonom¨ªa financiera suficiente¡±. Es decir, ¡°en ning¨²n momento podr¨¢n depender exclusivamente de las subvenciones¡±, seg¨²n Alonso. Adem¨¢s, ¡°aquellos centros que dejen de funcionar, al menos durante un a?o, quedar¨¢n fuera del sistema¡±.
La revisi¨®n, antes de que acabe 2015
La ley de formaci¨®n ser¨¢ el futuro. Pero la Junta tiene un importante problema con la gesti¨®n del pasado, a pesar de que la ¨²ltima convocatoria para cursos data de 2011. La Consejer¨ªa de Educaci¨®n est¨¢ analizando, una a una, las ayudas de formaci¨®n concedidas entre 2007 y 2011. Son 8.500 expedientes, que ahora deben ser estudiados por Educaci¨®n, que recibi¨® las competencias de formaci¨®n en abril de 2013. El problema, seg¨²n explican fuentes de esta consejer¨ªa, es que llegaron las competencias, pero no se transfiri¨® el personal del Servicio Andaluz de Empleo que se encargaba de esa labor de revisi¨®n. Ahora, unos 70 interinos de Educaci¨®n se encargan de este trabajo.
Esos 8.500 expedientes son los que est¨¢n a¨²n vivos administrativamente. A principios de agosto, el consejero Luciano Alonso sostuvo que no se concluir¨ªa la revisi¨®n hasta finales de 2015. Este martes ha afirmado que esa es "la fecha l¨ªmite" ¡ªpara evitar que caduquen¡ª, pero que espera que se termine antes. Dentro de esos 8.500 expedientes se encuentran los cerca de 3.000 correspondientes a las 1.200 entidades a las que se les exoner¨® a finales de 2012 del certificado de justificaci¨®n de ayudas anteriores para que pudieran recibir nuevas subvenciones. La publicaci¨®n del listado en el que aparece detallado el nombre de esas 1.200 entidades ha molestado a algunos de sus responsables, que se han sentido se?alados.
La Consejer¨ªa de Econom¨ªa ha asumido que el problema se gener¨® desde la Administraci¨®n, que no tuvo capacidad de certificar las facturas: ¡°Todas ellas [en referencia a las 1.200 entidades] hab¨ªan presentado los justificantes de las ayudas¡±.
Los cursos de formaci¨®n para trabajadores y desempleados tendr¨¢n que ofertarse a trav¨¦s de una red de centros oficiales, en la que convivir¨¢n p¨²blicos y privados. Como medida de control se crear¨¢ un registro. ¡°Las organizaciones empresariales, los sindicatos, las federaciones de cooperativas o las empresas s¨®lo podr¨¢n impartir la formaci¨®n profesional a trav¨¦s de centros que sean de su titularidad y que est¨¦n autorizados como tales¡±, apunta el Gobierno andaluz.
En la nueva ley, se incluyen algunas de las recomendaciones que la C¨¢mara de Cuentas hizo sobre el reparto de fondos tras analizar la gesti¨®n de la Junta en los ¨²ltimos a?os. Se proh¨ªbe ahora que la Administraci¨®n recurra a las exoneraciones, que permiten a las entidades recibir nuevas subvenciones a pesar de no haber justificado las anteriores ayudas recibidas.
Tambi¨¦n cambia la forma de repartir los fondos, que se har¨¢ por concurso p¨²blico. ¡°La concesi¨®n de subvenciones a los centros privados y de otras Administraciones se realizar¨¢ a partir de ahora mediante convocatoria p¨²blica en r¨¦gimen de concurrencia competitiva¡±, seg¨²n el Gobierno regional. Aunque se except¨²a ¡°las acciones formativas que incluyan compromisos de contrataci¨®n¡±, que s¨ª se podr¨¢n realizar a trav¨¦s de ¡°concesiones directas¡±, ¡°como se?ala la normativa estatal¡±.
La ausencia de concursos ha dominado en a?os anteriores el reparto de este tipo de fondos en Andaluc¨ªa. La C¨¢mara de Cuentas advirti¨® en su auditor¨ªa: ¡°el 89% y el 36% de las ayudas de 2009 y 2010 se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva¡±. El Gobierno central tambi¨¦n ha planteado limitar este tipo de adjudicaciones directas en la normativa estatal.
La C¨¢mara de Cuentas tambi¨¦n resalt¨® que ¡°s¨®lo el 11% de los cursos subvencionados en las convocatorias de 2009 y 2010 conduc¨ªan a la obtenci¨®n de certificados de profesionalidad¡±. Eso tambi¨¦n se pretende cambiar ahora con la nueva ley. ¡°Se establece como prioridad las ense?anzas dirigidas a la obtenci¨®n de los certificados de profesionalidad¡±, se?ala la Consejer¨ªa de Educaci¨®n.
El objetivo principal de la nueva norma andaluza es unificar la FP inicial (que se imparte dentro del sistema educativo reglado y va dirigida a los alumnos de entre 16 y 24 a?os) y la denominada formaci¨®n para el empleo (dirigida a trabajadores y parados y que es la que est¨¢ en cuesti¨®n tras los fraudes detectados).
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