Mileuristas contra los incendios

Galicia lideraba hasta hace dos a?os el r¨¢nking de la extinci¨®n de incendios forestales de Espa?a. Era la comunidad con mayor porcentaje de eficacia que se mide teniendo en cuenta el tiempo de control y de extinci¨®n de los fuegos. Hasta entonces hab¨ªa un mando ¨²nico, pilotado desde la Xunta, que unificaba el servicio. La reciente fragmentaci¨®n del sector en numerosos cuerpos dependientes de distintas Administraciones y entregado mediante subcontratas a diversas empresas coincide con la p¨¦rdida de esa primac¨ªa de la eficacia, adem¨¢s de con una merma considerable de los derechos laborales. ¡°La anarqu¨ªa es total, hay personal en distintas empresas que teniendo la misma cualificaci¨®n y asumiendo el mismo nivel de riesgo tiene distinto salario; la precariedad es la norma¡±, sostiene un trabajador forestal que reclama anonimato.

Para protestar por sus condiciones laborales, el jueves pasado se encerraron en la base gallega de Laza, en Ourense, los trabajadores de las Brif (brigadas de refuerzo de incendios forestales) dependientes del Ministerio de Agricultura. Como lo hicieron tambi¨¦n sus compa?eros de las otras nueve bases repartidas por el territorio espa?ol y que gestiona la empresa p¨²blica Tragsa. Las Brif son un medio helitransportado que act¨²a en ¨¦pocas de m¨¢ximo riesgo de incendios pero que realiza tambi¨¦n tareas de prevenci¨®n. Ahora, por primera vez en los 23 a?os de vida de estas brigadas, los trabajadores se ven abocados al paro al menos y mes y medio al a?o por razones de contenci¨®n de gasto. Y denuncian que Tragsa, beneficiaria de la adjudicaci¨®n directa del ministerio, ¡°no ha dado sin embargo un paso en nuestro beneficio¡±.

Lejos de ello, los brigadistas advierten que su convenio es ¡°un agravio¡± con respecto al del resto de trabajadores de la misma empresa: est¨¢n contratados como peones y cobran una media de 900 euros al mes aunque realizan labores de riesgo en aire y tierra para las que es necesaria una alta cualificaci¨®n mejor pagada: la de bombero forestal que reclaman y que la empresa les niega.

El personal de las Brif ha recurrido al encierro para dar visibilidad a su denuncia pero la realidad es que en Galicia la mayor parte de los peones que trabajan apagando incendios lo hace en precario, asumiendo riesgo para sus vidas, ¡°pero tambi¨¦n para las de la poblaci¨®n y para el patrimonio natural¡±, dicen. Y, como en el caso de los brigadistas de refuerzo, los salarios var¨ªan en funci¨®n de la empresa que los contrata, incumpli¨¦ndose as¨ª la premisa b¨¢sica sindical de que a igual trabajo, igual salario y derechos.

En este momento, los trabajadores est¨¢n repartidos en una variopinta estructura encabezada por la Xunta. Los brigadistas de la Xunta (dependientes de la Conseller¨ªa de Medio Rural y los ¨²nicos que acceden al empleo mediante oposici¨®n) son los mejor pagados. Un pe¨®n cobra 1.014 euros l¨ªquidos al mes, descontados trienios y pluses de riesgo. Incluidos todos estos conceptos, la n¨®mina apenas supera los 1.250 euros mensuales; reciben 78,85 euros por cada uno de los pluses de peligrosidad, toxicidad y penalidad. En este caso, hay trabajadores fijos discontinuos que son contratados entre tres y nueve meses al a?o. Casi al mismo nivel de estos brigadistas, con ingresos levemente inferiores pero similares condiciones laborales, se encuentran los de la empresa p¨²blica Servicios Agrarios Galegos (Seaga). Su sueldo no alcanza los 1.200 euros.

Pero, adem¨¢s de los de las Brif, los peones de Seaga y de la Xunta no son los ¨²nicos equipos diferenciados que luchan contra los fuegos forestales. Recientemente se crearon los GES (Grupos de Emergencia Supramunicipal), que asumen la funci¨®n de los antiguos Grumir. El gobierno auton¨®mico ha apostado por este modelo de nueva factura ¡ªque no depende de Medio Rural, sino de Presidencia¡ª ¡°en lugar de fomentar, como hacen en el resto de Espa?a y de Europa, los consorcios de parques municipales o comarcales de bomberos como garant¨ªa de prevenci¨®n de los incendios urbanos¡±, explica Xos¨¦ Santos, trabajador forestal y representante de los grupos ambientalistas en el Consello Forestal de la Xunta.

El coste de este servicio para las arcas municipales ha generado pol¨¦micas desde su puesta en funcionamiento: algunos alcaldes intentaron cobrar a sus vecinos una tarifa con recargo del 50% por cada intervenci¨®n del GES. A estos grupos, que deben atender las emergencias de incendios urbanos y forestales y participar en acciones coordinadas con Protecci¨®n Civil de la Xunta, Presidencia los ha dotado de nuevos veh¨ªculos ¡°mientras que el parque m¨®vil del servicio contraincendios [el de Medio Rural] no se renueva¡±, denuncian los trabajadores.