El Supremo pide al fiscal que diga si los aforados delinquieron en los ERE
La Sala de lo Penal reclama que se pronuncie sobre el ¡°fondo¡± del caso
El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para investigar a los nueve aforados que la juez Mercedes Alaya considera salpicados por el fraude de los ERE de Andaluc¨ªa. La Sala de lo Penal ha solicitado a la fiscal¨ªa que se pronuncie sobre la exposici¨®n razonada que la instructora ha remitido, que implica en el caso a dos expresidentes de la Junta (los socialistas Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n) y otros siete exconsejeros del Gobierno aut¨®nomo (Gaspar Zarr¨ªas, Jos¨¦ Antonio Viera, Antonio ?vila, Mar Moreno, Manuel Recio, Carmen Mart¨ªnez Aguayo y Francisco Vallejo).
La sala pide al fiscal que se pronuncie sobre la competencia para investigar el caso, algo que parece evidente, pero va m¨¢s all¨¢. Le pide que se pronuncie sobre el ¡°fondo¡± del caso, es decir, si los aforados cometieron delito. La juez Alaya estima que los aforados dise?aron un procedimiento administrativo (las transferencias de financiaci¨®n) que imped¨ªa la fiscalizaci¨®n de las ayudas que la Administraci¨®n aut¨®noma dio durante una d¨¦cada a empresas y trabajadores afectados por expedientes de regulaci¨®n de empleo, y que, en su opini¨®n, fue decisivo para que se produjera el fraude. Es m¨¢s, la instructora estima que todo el fondo es ilegal, pese a que fue aprobado durante una d¨¦cada por el Parlamento a trav¨¦s de la Ley de Presupuestos. Alaya considera que la conducta de los aforados es constitutiva de los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.
Los pol¨ªticos se?alados siempre han sostenido que el uso de las transferencias de financiaci¨®n (que sirven para financiar a empresas p¨²blicas con fondos del Gobierno aut¨®nomo y que son com¨²n en otras Administraciones) es perfectamente legal, algo que ha avalado la Intervenci¨®n de la Junta pese a los reparos que puso durante a?os a su utilizaci¨®n.
Anticorrupci¨®n no ha explicitado su tesis sobre los parlamentarios
Y la petici¨®n que hace ahora el Supremo es relevante porque la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, tras casi cuatro a?os de instrucci¨®n, no se ha pronunciado de forma tajante sobre si considera delictivo que el Gobierno aut¨®nomo utilizase esta figura presupuestaria. Los fiscales que llevan el caso, cuyas colisiones con Alaya han sido constantes a lo largo de la investigaci¨®n, s¨ª llevan advirtiendo desde hace meses que el caso deb¨ªa elevarse al Supremo al afectar a aforados, teor¨ªa que compart¨ªa tambi¨¦n la Audiencia de Sevilla.
Alaya elev¨® finalmente la exposici¨®n razonada al Supremo a mediados de agosto. Las opciones jur¨ªdicas que se barajan, en caso de que se admita la causa, son tres: que el Supremo asuma al completo la investigaci¨®n, que acumula m¨¢s de 200 imputados, algo que parece improbable; que se quede con la parte que afecta a los aforados o que se la devuelva a Alaya para que siga adelante con sus pesquisas.
En la misma resoluci¨®n en la que el Supremo solicita al fiscal que se posicione sobre los aforados, se designa al juez Miguel Colmenero ponente del caso. Cuando el fiscal se pronuncie acerca de si los aforados incurrieron o no en delito, la sala de admisi¨®n del Supremo decidir¨¢ sobre el futuro de la causa. Una vez que el caso lleg¨® al Supremo, tanto Chaves como Gri?¨¢n anunciaron su intenci¨®n de declarar voluntariamente para exponer su versi¨®n de los hechos.
El magistrado C¨¢ndido Conde-Pumpido ha pedido ser apartado de la sala de admisi¨®n del Supremo ya que intervino, aunque fuera de forma colateral, en los albores de la investigaci¨®n. Siendo fiscal general del Estado, Conde-Pumpido asign¨® a Anticorrupci¨®n, en marzo de 2011, la responsabilidad del caso, informa Efe. Tras enviar el caso al Supremo, la juez Alaya ha seguido resolviendo distintos recursos pendientes.
Alaya confirma la fianza de 3,3 millones a Antonio Rivas
La juez del caso ERE, Mercedes Alaya, ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 3,3 millones al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas. La magistrada rechaza as¨ª el recurso presentado por la defensa de Rivas, que considera "abultada" dicha cantidad. En el auto, Alaya atribuye al exdelegado la concesi¨®n, "por mera libertad, de fondos p¨²blicos a amigos, familiares o personas a los que quer¨ªa favorecer" ya fuese mediante la inclusi¨®n de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiarias) o "la suscripci¨®n de p¨®lizas individuales para ellos". La magistrada recuerda, adem¨¢s, que la Audiencia de Sevilla ya confirm¨® la imputaci¨®n de Rivas por los expedientes de Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morell.
Alaya tambi¨¦n ha dado respuesta a dos requerimientos del tribunal. Por un lado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entregue de manera ¡°inmediata¡± todas aquellas actuaciones ¡ª¡°nuevas declaraciones y documentos que se hayan aportado recabado¡±¡ª que ¡°se hayan podido efectuar hasta la fecha¡± con relaci¨®n al atestado sobre la agencia Idea (antiguo IFA). Con esta reclamaci¨®n, la Audiencia estimaba el recurso de varios imputados.
En segundo lugar, la magistrada ha explicado que los correos electr¨®nicos que orden¨® "suprimir" y sacar del procedimiento son entre el abogado Jos¨¦ Luis Le¨®n Marcos y el entorno de su cliente, "interceptados" en los ordenadores intervenidos en los registros en los domicilios del conseguidor Juan Lanzas. La juez resalta que el contenido de los correos carece de trascendencia para la investigaci¨®n y reconoce la "imposibilidad" de determinar "si eran dos o tres" ya que el atestado original fue devuelto a la UCO.
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