El pacto por el agua p¨²blica propone prohibir los cortes de suministro

Los partidos (PSOE e IU, principalmente) y una docena de organizaciones vecinales, de consumidores (UCA), ecologistas y cient¨ªficas (Fundaci¨®n Nueva Cultura del Agua) y de otros ¨¢mbitos ultiman el contenido del pacto por el agua p¨²blica en Andaluc¨ªa, que pretende blindar este recurso ante las normas del mercado y las presiones privatizadoras. La iniciativa, que defiende el car¨¢cter del suministro como derecho humano, en l¨ªnea con la declaraci¨®n de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE, intenta prohibir los cortes, asegurar un m¨ªnimo de entre 60 y 100 litros por persona y d¨ªa en caso de impago justificado, eliminar la participaci¨®n de la empresa privada, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ¨¢mbito, aumentar el control social sobre los recursos, que la gesti¨®n del suministro tambi¨¦n sea un elemento de creaci¨®n de empleo e incluso promover el consumo del ¡°grifo¡± frente a la comercializaci¨®n de botellas.

La propuesta de pacto lleg¨® el pasado martes al Grupo Socialista en el Congreso y tambi¨¦n ha? pasado por representantes de Izquierda Unida. La intenci¨®n, tras conseguir el respaldo de las formaciones mayoritarias de izquierda, es trasladarla tambi¨¦n al Consejo Social de Andaluc¨ªa y que, ya con el aval de todas las organizaciones, llegue a los Ayuntamientos y a otras comunidades, como Murcia, donde est¨¢ previsto que se presente una iniciativa similar el pr¨®ximo d¨ªa 3 de octubre.

Servicio 100% p¨²blico. Una de las propuestas concretas m¨¢s relevantes de este acuerdo es que los servicios de agua sean siempre 100% p¨²blicos, por lo que se rechaza el acceso de empresas privadas a su accionariado en cualquier proporci¨®n. Numerosos Ayuntamientos como los de Huelva, Jerez, Granada, Ja¨¦n, Almer¨ªa o El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz) defienden que mantener la mayor¨ªa del accionariado les asegura el control municipal. ¡°Nada m¨¢s lejos de la realidad. Una vez que entra la empresa privada, no se facilita la fiscalizaci¨®n y empiezan a facturar bienes, supuestos servicios y equipos que se compran a ellos mismos y proponen subidas de los recibos para garantizar los beneficios empresariales que persiguen¡±, afirma Luis Babiano, gerente de la asociaci¨®n de operadores p¨²blicos Aeopas y promotor del pacto. El pasado a?o, el Ayuntamiento de Huelva permiti¨® un encarecimiento del recibo en un 10,3% por un ¡°importante descenso del consumo¡±, ¡°revisi¨®n del IPC¡± y ¡°otros conceptos¡±. El primero de los argumentos, la disminuci¨®n de la demanda, justific¨® el 60% de la subida. Por el contrario, el pacto se fija como principio el uso del ¡°m¨ªnimo recurso necesario para satisfacer las necesidades¡±.

Empleo. El pacto por el agua sostiene adem¨¢s que ¡°la gesti¨®n del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generaci¨®n de nuevos empleos¡±, de calidad, seguros y estables. Los trabajadores tambi¨¦n deben tener asegurada la participaci¨®n en el funcionamiento, la gesti¨®n y la formulaci¨®n de pol¨ªticas del servicio.

Solidaridad. Uno de los principios b¨¢sicos de la propuesta es la solidaridad y garant¨ªa de acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se establece que se asegurar¨¢ una dotaci¨®n m¨ªnima (entre 60 y 100 litros por persona y d¨ªa), incluso en caso de impago. En este sentido, el acuerdo propone que em los reglamentos municipales se proh¨ªban las suspensiones de suministro en los supuestos de incapacidad econ¨®mica.

Del mismo modo, en el ¨¢mbito del principio de solidaridad, el 0,7% del presupuesto del ciclo del agua se destinar¨¢ a la ¡°colaboraci¨®n en programas de cooperaci¨®n al desarrollo en materia de recursos h¨ªdricos, aportando recursos y asistencia t¨¦cnica a comunidades que lo necesiten¡±.

Investigaci¨®n. El acuerdo tambi¨¦n fija la necesidad de ¡°establecer planes de investigaci¨®n y desarrollo en materia de gesti¨®n del ciclo del agua¡± en colaboraci¨®n con las ¡°universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales¡±.

Responsabilidad. El pacto tambi¨¦n implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, a los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ¨¢mbitos medioambientales, econ¨®micos y de infraestructuras.

De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los m¨ªnimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminaci¨®n. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, tambi¨¦n los Ayuntamientos tienen la obligaci¨®n de ejecutar las inversiones necesarias.

Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el "control social" del recurso, con transparencia y "participaci¨®n ciudadana efectiva", previstas en la Convenci¨®n de Aarhus, en la normativa europea (Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003), y en la espa?ola (Ley 27/2006, de 18 de julio).