El anterior gobierno de Ourense, de nuevo ante el juez por un caso urban¨ªstico

Legalizar una gran urbanizaci¨®n con orden de derribo y pagar una indemnizaci¨®n de 358.000 euros a una vecina de la zona que hab¨ªa denunciado irregularidades en la obra, ha llevado ante el juez a todo el gobierno bipartito de Ourense de la pasada legislatura. El juez de instrucci¨®n n¨²mero 1 investiga presuntos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos cometidos por dos Juntas de Gobierno de los a?os 2007 y 2009, en las que los ediles ourensanos legalizaci¨®n una operaci¨®n urban¨ªstica urdida en los a?os noventa que derrib¨® un antiguo convento de monjas del centro de la ciudad para levantar en su lugar viviendas, oficinas, una plaza y un aparcamiento subterr¨¢neo.

El exalcalde socialista, Francisco Rodr¨ªguez, no quiso prestar declaraci¨®n ante el juez. S¨ª testificaron el actual regidor Agust¨ªn Fern¨¢ndez, la edil Ana Garrido, el exconcejal Demetrio Espinosa ¨Ctodos del PSdeG¨C as¨ª como el exteniente de alcalde nacionalista Alexandre Sanchez Vidal. Todos aseguraron al instructor que firmaron los acuerdos sin leer nada ¡°porque es el proceder habitual¡± ya que ¡°conf¨ªan¡± en las gestiones e informes realizados por Urbanismo. Justo antes de acceder al Palacio de Justicia, el actual regidor declar¨® sentirse ¡°especialmente satisfecho y orgulloso¡± por haber evitado el derribo y el pago de indemnizaciones mediante un proceder ¡°ajustado a la legalidad¡± que ahora investiga la justicia. El exconcejal del BNG, S¨¢nchez Vidal, aprovech¨® la presencia de los medios de comunicaci¨®n para deslizar cr¨ªticas hacia la justicia porque, en su opini¨®n, ¡°algo falla si los imputados son los que intentan arreglar los desastres que dej¨® el PP¡± mientras los gobernantes que provocaron la ¡°desfeita¡± permanecen ¡°por ah¨ª felices como perdices¡±. ¡°No hicimos nada ilegal¡±, insisti¨®.

La promoci¨®n urban¨ªstica que ha imputado a los pol¨ªticos ourensanos fue ilegalizada, entre otras razones, porque los tribunales consideraron p¨²blico el subsuelo ocupado por el aparcamiento que hay bajo la plaza y que gestiona una empresa privada sin concurso alguno. Para evitar el derribo y el pago de indemnizaciones millonarias, la edil de Urbanismo, ?urea Soto, y un abogado externo contratado como asistencia t¨¦cnica, acordaron legalizar toda la obra en base a un informe elaborado por este letrado coru?¨¦s que tambi¨¦n est¨¢ imputado en la causa. Y es que ning¨²n t¨¦cnico municipal quiso avalar la operaci¨®n con su firma.

Tras aquella legalizaci¨®n, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declar¨® la inejutabilidad del derribo. Paralelamente a este proceder, los pol¨ªticos ourensanos tambi¨¦n acordaron el pago de una indemnizaci¨®n de 358.000 euros a una vecina de la zona que hab¨ªa denunciado por la v¨ªa de lo contencioso-administrativo un perjuicio de luces en su vivienda. Tras el pago con fondos p¨²blicos, la vecina retir¨® la demanda que hab¨ªa interpuesto contra el Ayuntamiento. Este caso, iniciado tras una denuncia del grupo pol¨ªtico de la oposici¨®n Democracia Ourensana a la que posteriormente se sum¨® un empresario, es una de las diez instrucciones judiciales que ha imputado al gobierno de Ourense. La instrucci¨®n de uno de ellos ¨Cel que indaga la adjudicaci¨®n supuestamente irregular de la reforma de la calle Bedoya¨C concluir¨¢ en pocas semanas y seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, su cierre podr¨ªa suponer la apertura de juicio oral a todo el gobierno de coalici¨®n entre nacionalistas y socialistas.