La juez de los ERE impone 40,3 millones en fianzas civiles a 24 imputados
Un presidente y un exrresponsable de cajas de ahorro, entre los afectados por la medida
La juez Mercedes Alaya ha impuesto 40 millones en fianzas de responsabilidad civil para 24 altos cargos de la Junta y de la agencia Idea. En la instrucci¨®n del caso ERE, que prosigue pese a que la exposici¨®n razonada fue remitida al Tribunal Supremo al afectar a cargos aforados, Alaya fija cauciones para el exconsejero Mart¨ªn Soler, cinco exviceconsejeros, el exinterventor general de la Junta y el anterior responsable de los servicios jur¨ªdicos, seg¨²n un auto del pasado martes avanzado este lunes por El Mundo.
La fianza civil m¨¢s alta fijada por Alaya recae en el exconsejero Mart¨ªn Soler, que el pasado lunes se neg¨® a declarar ante la juez, y est¨¢ cifrada en cuatro millones de euros. Esta cantidad se fija para cubrir las responsabilidades pecuniarias en caso de una ulterior condena. Tras la fianza de Mart¨ªn Soler destaca la impuesta al exinterventor general de la Junta Manuel G¨®mez, que se sit¨²a en los 3,4 millones. Despu¨¦s de su declaraci¨®n en el verano de 2012, la juez no impuso fianza civil a G¨®mez, pero ahora ha corregido su propia decisi¨®n. Al respecto se pronunci¨® la Audiencia de Sevilla, pero por un error, dado que su resoluci¨®n deb¨ªa concernir a la t¨¦cnico de la Consejer¨ªa de Empleo Mar¨ªa Jos¨¦ Rofa. Sin embargo, Alaya retoma el argumento del supuesto ¡°agravio comparativo y el desequilibrio¡± sufrido por Rofa, ya que a esta se le impuso finalmente una fianza tras la petici¨®n de la fiscal¨ªa y ordenarlo la Audiencia. Ahora Alaya fija la cauci¨®n para el exresponsable de la Intervenci¨®n General. Alaya acusa a G¨®mez de ¡°obviar conscientemente el cumplimiento de la legalidad vigente¡± al informar favorablemente de 20 modificaciones presupuestarias propuestas por la Consejer¨ªa de Empleo. En el auto destaca asimismo la fianza civil impuesta al presidente de Unicaja, Braulio Medel, por 482.790 euros.
Por otra parte, el ex director general de Trabajo Daniel Rivera censura la instrucci¨®n de Alaya y lamenta ¡°la dilaci¨®n, absolutamente injustificada¡± en la pr¨¢ctica de una prueba solicitada. Rivera llama la atenci¨®n porque han transcurrido 19 meses desde que pidi¨® una declaraci¨®n contradictoria de dos testigos, y ni siquiera ha obtenido respuesta al respecto.
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