El Estado pleitea con 24 municipios por conceder ayudas a familiares de presos

La Delegaci¨®n del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco quiere poner cerco a la concesi¨®n de ayudas p¨²blicas a los familiares de presos de ETA para financiarles los desplazamientos a los centros penitenciarios o a los juicios que tienen pendientes. La Abogac¨ªa del Estado ha denunciado a una treintena de Ayuntamientos vascos por esta causa, considerada por el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, como ¡°una situaci¨®n de escarnio y menosprecio a las v¨ªctimas del terrorismo¡±.

En la actualidad hay abiertos 24 pleitos contra ordenanzas municipales y una del Gobierno vasco por la concesi¨®n de subvenciones econ¨®micas que pretenden ¡°cubrir parte de los elevados gastos de desplazamientos originados a los familiares de personas internas en centros penitenciarios¡±. A falta de una resoluci¨®n judicial para estos casos, en al menos 13 procedimientos similares los jueces han dado la raz¨®n al Estado y anulado las partidas econ¨®micas concedidas por ayuntamientos ¡ªItsasondo, Durango, Eskoriatza, Gernika, Zigoitia, Zumaia, Elorrio, Lezo, Lizartza y Ortuella¡ª para financiar viajes a las c¨¢rceles.

A estos hay que a?adir otros 14 recursos que la Delegaci¨®n del Gobierno mantiene vivos contra planes estrat¨¦gicos de subvenciones aprobados por otros tantos consistorios y que tienen la misma finalidad, esto es, costear las visitas de familiares de reclusos etarras. En total, los recursos interpuestos son 37, seg¨²n datos facilitados por el Ministerio de Justicia.

En alg¨²n caso, la concesi¨®n de estas subvenciones se han echado atr¨¢s, como en el caso del Ayuntamiento de Soraluze, tambi¨¦n gobernado por Bildu, que en junio pasado adopt¨® en un pleno el acuerdo de ¡°dejar sin efecto las bases espec¨ªficas que regulan la concesi¨®n de ayudas econ¨®micas individuales de transporte para familiares de personas internas en centros penitenciarios¡±.

Inicialmente, los consistorios consignaban en sus presupuestos partidas para esta finalidad, como en el caso de Gernika, que concedi¨® 18.000 euros, pero los tribunales las anularon porque la convocatoria no se publicaba en el bolet¨ªn oficial, ni las ayudas se contemplaban en un plan estrat¨¦gico de subvenciones aprobado previamente. Por ello, los consistorios decidieron englobar las ayudas a familiares de presos en una convocatoria general de subvenciones, como ha hecho Hernani a trav¨¦s del Patronato Municipal de Salud y Bienestar Social. Este consistorio justifica la partida con el objetivo de ¡°hacer posible que las personas presas mantengan el contacto con sus familiares¡±, para lo cual se acoge a ¡°los principios b¨¢sicos de la normativa internacional, europea y estatal, as¨ª como en la normativa de las Naciones Unidas¡±.

En otros casos, como Azpeitia y Andoain, que destinan este a?o 35.000 euros y 26.788 euros, respectivamente, para financiar traslados a prisiones, incluyen los gastos en un plan estrat¨¦gico de subvenciones donde figuran tambi¨¦n ayudas de tipo cultural, deportivo, laboral o social. Otros municipios como Mondrag¨®n, Olaberria, Lizartza, Aretxabaleta, Villabona, Urretxu o Legazpi han empleado la misma coartada legal.

No obstante, la Abogac¨ªa del Estado los est¨¢ recurriendo sistem¨¢ticamente. Hasta la fecha, aseguran fuentes de la Delegaci¨®n del Gobierno, las sentencias le son favorables. El ¨²ltimo caso es el de Ortuella, cuyo ayuntamiento ha sido condenado este mismo mes a recuperar los 2.000 euros que concedi¨® a familiares de presos de ETA. Urquijo opina que dicha sentencia ¡°contribuye a no distorsionar el relato sobre el final de la banda terrorista y que las v¨ªctimas obtengan el respeto y consideraci¨®n que se merecen¡±. Asimismo, considera que constituye ¡°un llamamiento al buen uso de los limitados caudales p¨²blicos¡±.