El papeleo aplasta al desahuciado

Raquel est¨¢ en paro y subsiste con los 365 euros de pensi¨®n de su madre dependiente, a la que cuida las 24 horas del d¨ªa soportando las punzadas de la fibromialgia que padece. Una inminente orden de desahucio solicitada por su casero amarga a¨²n m¨¢s la vida de estas dos mujeres, de 33 y 56 a?os y vecinas de A Coru?a, a las que la Xunta de Galicia no considera merecedoras de un piso social que evite que se queden en la calle cuando el juez decrete su desalojo.

¡°Sin discutir la precariedad de su situaci¨®n, esta no alcanza una singularidad tal que permita diferenciarla de la que est¨¢n padeciendo la mayor parte de los otros 5.000 demandantes de vivienda de promoci¨®n p¨²blica de la provincia¡±. As¨ª le comunic¨® hace unas semanas el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta, a Raquel, nombre ficticio para una historia real, su negativa a concederle una de las 500 casas para realojos de emergencia que el presidente gallego, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, anunci¨® al poco de ganar las elecciones auton¨®micas de 2012. Para lograr uno de estos pisos el desahucio debe ser consecuencia de una ejecuci¨®n hipotecaria, no de un impago de alquiler, mientras que fuentes consultadas alertan de que ahora son los desalojos promovidos por caseros los que m¨¢s crecen. Seg¨²n datos oficiales, solo se han otorgado 33 de las viviendas habilitadas, ¡°el 100% de las solicitadas cumpliendo los requisitos¡±. Una portavoz del IGVS explica que incluir los impagos de arrendamientos en este plan entra?a m¨¢s ¡°riesgos¡±.

Antes de acabar bajo ese jarro de agua fr¨ªa, Raquel resisti¨® nueve meses de papeleo y peregrinaje por las ventanillas del Ayuntamiento y de la Xunta, con el apoyo y orientaci¨®n de Stop Desafiuzamentos Coru?a. ¡°Servicios Sociales deber¨ªa ser una gu¨ªa para estas personas desesperadas. Pero ni son una puerta a los recursos del Ayuntamiento o del resto de Administraciones, ni aclaran siquiera si hay viviendas. No hay coordinaci¨®n¡±, se queja Suso, miembro del coletivo antidesahucios de A Coru?a.

La desorientaci¨®n fue la que conden¨® a Carlos y Mar¨ªa, la pareja desahuciada el pasado 19 de septiembre en Santiago de la casa en la que viv¨ªan con sus dos hijos y una anciana. Acorralados por un bache econ¨®mico, su futuro cay¨® en manos de un prestamista y cuando pidieron ayuda al colectivo antidesahucios ya estaban atrapados en su usura. El 8 de septiembre Carlos, inmerso tambi¨¦n en tr¨¢mites por la denuncia de estafa que le han puesto al hombre que solicit¨® su desalojo, acudi¨® desesperado al IGVS para solicitar una vivienda p¨²blica. El ¡°tocho de documentaci¨®n¡± que le entregaron para cubrir a 11 d¨ªas de su desahucio y los desalentadores augurios de quienes le atendieron en la ventanilla le quit¨® las ganas de volver por all¨ª. El hecho de que no presentara los papeles ha sido utilizado por el alcalde de Santiago, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, para defender la actuaci¨®n de la Administraci¨®n en este caso. El regidor asegur¨® incluso que la familia rechaz¨® la ¡°ayuda¡± para la anciana, un apoyo que se traduc¨ªa, cuentan conocidos de la afectada, en su ingreso en un geri¨¢trico.

¡°Hemos llamado a todas las puertas: decano de los jueces, Defensor del Pueblo, Xunta, colegio de abogados, trabajadores sociales, psic¨®logos, Ayuntamiento... Son todo palabras, palabras y palabras. Ellos ayudan diciendo que van a ayudar¡±, relata Mar¨ªa, activista de Stop Desafiuzamentos Compostela. Tras el desalojo, la familia de Carlos y Mar¨ªa ha sido acogida por un particular que les cede gratuitamente la ocupaci¨®n de una vivienda.

Los ciudadanos amenazados por un desahucio recalan en el mostrador de Servicios Sociales con los ojos puestos en el precipicio, noqueados, ¡°a veces sin saber o sin querer saber qu¨¦ les est¨¢ ocurriendo¡±. Raquel se present¨® all¨ª a principios de este a?o temiendo lo que le ven¨ªa encima. Su abogada activ¨® entonces el protocolo pactado por Feij¨®o y el Consejo General del Poder Judicial en la primavera de 2013 para que los juzgados y los Servicios Sociales act¨²en coordinadamente y eviten el ¡°desamparo total¡± de las familias. De aquel protocolo nada m¨¢s supo, cuentan sus allegados, y, ante el silencio administrativo, fue ella la que tuvo que llamar al timbre de las oficinas p¨²blicas para que repararan en su caso. Entre tr¨¢mites y tr¨¢mites, incluida la revisi¨®n de la discapacidad reconocida a su madre, solicit¨® la Risga. Le corresponder¨ªan algo m¨¢s de 90 euros al mes de esta renta social que paga la Xunta. Sigue esperando a que se la aprueben.

Fueron miembros de Stop Desafiuzamentos de A Coru?a quienes le recomendaron a Raquel presentarse en el IGVS y solicitar all¨ª una vivienda social. Lo primero que le dijeron en estas oficinas de la Xunta fue poco alentador: ¡°T¨² p¨ªdela, pero no creo que te la den. Hay 5.000 solicitudes y solo cinco viviendas en la ciudad¡±. Es lo mismo que le dijeron a Carlos 11 d¨ªas antes de ser desahuciado. Pese a todo, Raquel pidi¨® una casa por las dos v¨ªas posibles: por la ordinaria, que implica ponerse en una cola con los otros 5.000 gallegos de la provincia de A Coru?a que la han demandado y esperar al sorteo, y por la adjudicaci¨®n directa para casos de emergencia. Por la primera opci¨®n sigue aguardando. La carta que no ve¨ªa en sus desdichas ninguna ¡°singularidad¡± finiquit¨® la segunda alternativa.

Las palabras de esa misiva son las mismas con las que el IGSV despach¨® la petici¨®n de un piso social que hizo Elisabeth Sanl¨¦s, la mujer que fue desahuciada junto a sus tres hijos menores de su casa del barrio coru?¨¦s de O Castrill¨®n en noviembre pasado. ¡°?Reciben todos la misma carta?¡±, se preguntan los activistas antidesahucios, que no conocen en Galicia ning¨²n caso de adjudicaci¨®n directa de un piso social a un desalojado, a excepci¨®n de Aurelia Rey, una anciana coru?esa cuyo desahucio tuvo gran repercusi¨®n medi¨¢tica. ¡°[La denegaci¨®n] deber¨ªa estar motivada seg¨²n unos criterios y dar posibilidad de recurso. ?Qu¨¦ es la ¡°singularidad¡±? ?Cu¨¢l es el criterio? Es demencial¡±, critica Sara, miembro de la plataforma antidesahucios que acompa?¨® a Raquel en su frustrante periplo administrativo.

Pilar, otra activista bregada en asistir a personas abocadas a un desahucio, lo tiene claro: ¡°A esta gente no se le hace caso hasta que no hay una reacci¨®n de la ciudadan¨ªa¡±. Cuando su angustiosa situaci¨®n sali¨® en los medios, Raquel fue recibida por el concejal de Servicios Sociales de A Coru?a, Miguel Lorenzo (PP), quien la anim¨® a buscar con esos ingresos mensuales de 365 euros para dos personas un piso de alquiler. Despu¨¦s, le dijo, ya buscar¨ªan en el Ayuntamiento alguna forma de ayudarle a pagar. ¡°Quieren condenarla a que se cronifique su problema. La animan a ir a C¨¢ritas. Asumen que es una persona que pertenece al grupo de los excluidos y que solo merece caridad¡±, afirma Bran, de Stop Desafiuzamentos Coru?a.

En la actuaci¨®n administrativa frente a los desahucios no todo es descoordinaci¨®n y burocracia. Solo 12 horas despu¨¦s de recibir la orden de desalojo de su casa en A Coru?a, Elisabeth Sanl¨¦s vio c¨®mo la polic¨ªa local cortaba el tr¨¢fico en su calle, desembarcaban varios furgones de polic¨ªa nacional y llamaban a su puerta trabajadores de Servicios Sociales y del juzgado, movilizados por tres Administraciones distintas. Ven¨ªan a echarla de casa.