La Comunidad ¡®salva¡¯ al alcalde de Tres Cantos
El Gobierno acata una sentencia y paga 63 millones por una finca protegida
La finca El Tagarral ha pasado de ser uno de los principales quebraderos de cabeza del Ayuntamiento de Tres Cantos a constituir ¡°un asunto zanjado¡±. La Comunidad de Madrid (PP) se ha hecho cargo de la sentencia que condenaba a esta Administraci¨®n y a los Ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo a abonar 63 millones de euros a los propietarios de la finca El Tagarral.
De esta forma, Tres Cantos consigue salir de una espiral que arrastra desde el a?o 2003, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fij¨® un abono de 24 millones por el perjuicio que hab¨ªan sufrido los propietarios del suelo por lucro cesante al cambiar la calificaci¨®n de los terrenos de urbanizables a protegidos. La sentencia devino en firme cuatro a?os despu¨¦s, pero nadie asumi¨® la deuda y el importe continu¨® creciendo hasta adquirir la dimensi¨®n actual. La mayor parte del suelo pertenece a las inmobiliarias Martinsa y Nozar y el resto a la familia Masaveu.
El alcalde de la localidad, Jes¨²s Moreno (PP), considera que la situaci¨®n ha llegado a su final, y recuerda en la web municipal que siempre ha trabajado con el objetivo de minimizar el coste para los vecinos.
En febrero del a?o pasado, el Ayuntamiento intent¨® salir de la situaci¨®n apoyando la desclasificaci¨®n de los terrenos. Vecinos y partidos de la oposici¨®n criticaron que los populares dieran la espalda a la moci¨®n que firmaron todas las agrupaciones pol¨ªticas del municipio en 2005, en la que se decantaban por mantener la protecci¨®n de la parcela, adem¨¢s de rechazar cualquier operaci¨®n especulativa sobre la finca.
Los movimientos de este tipo alrededor de la finca fueron puestos de manifiesto por la diputada de IU-LV, Carmen Villares, que destac¨® el hecho de que Martinsa y Nozar compraran su parte despu¨¦s de la sentencia, abonando 180 millones de euros. Villares resalt¨® lo ¡°curioso que resultaba que paguen un precio tan alto sin garant¨ªa legal de poder edificar¡±.
El origen del conflicto se remonta a los a?os ochenta, cuando el municipio de Tres Cantos no exist¨ªa a¨²n (se segreg¨® de Colmenar Viejo en 1991) y se permit¨ªa construir en el suelo.
En 1977 se aprueba el proyecto de urbanizaci¨®n de la primera fase de la zona. Cinco a?os despu¨¦s los promotores presentan planes de edificaci¨®n de las fases 2 y 3 (140 hect¨¢reas), que fueron denegados. Fue en 1987 cuando el terreno pasa de urbanizable programado a no urbanizable de especial protecci¨®n agr¨ªcola y ecol¨®gica. Esta decisi¨®n desencadena que gran parte de los propietarios, en ese momento una treintena, interpongan un recurso contencioso-administrativo.
Los socialistas de Tres Cantos se han ¡°congratulado¡± de la decisi¨®n, al mismo tiempo que piden que se incremente la protecci¨®n de la zona, ¡°porque los terrenos son de propiedad privada, pueden llegar futuros gobiernos que apoyen la reclasificaci¨®n y la sentencia ha sido pagada con fondos de todos los madrile?os¡±.
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