El Supremo manda ejecutar la sentencia contra la concesi¨®n de Ence

El Tribunal Supremo no ha relajado la marcha tras la sentencia que dict¨® el pasado julio en la que confirmaba que la Administraci¨®n debe tramitar la caducidad de la concesi¨®n sobre el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre de la f¨¢brica de Ence en Pontevedra. El Alto Tribunal ha devuelto las actuaciones a la Audiencia Nacional ¡°a fin de que se proceda a la ejecuci¨®n¡± y se incoe el expediente, que, seg¨²n el nuevo reglamento de Costas, dejar¨¢ en suspenso cualquier tr¨¢mite para prorrogar la ocupaci¨®n de los terrenos de la marisma de Louriz¨¢n.

La posibilidad de extender la concesi¨®n m¨¢s all¨¢ de 2018 fue una novedad de la reforma de la Ley de Costas del a?o pasado que discurri¨® independiente de los frentes judiciales que desde el Ayuntamiento y varias asociaciones ecologistas se fueron suscitando en los ¨²ltimos 15 a?os. El que m¨¢s avanz¨® de entre estos fue el de la asociaci¨®n Salvemos Pontevedra, que plante¨® que la concesi¨®n original, de finales de la d¨¦cada de los cincuenta, se excedi¨® con creces y que cuando la empresa se privatiz¨® no se siguieron los requisitos para transmitir el permiso. La Administraci¨®n nunca contest¨® y los tribunales determinaron que dar la callada equival¨ªa a asumir las protestas de la ONG, por lo que forzaron a tramitar la caducidad.

El esquivo expediente tendr¨¢ que analizar por fin la situaci¨®n de los terrenos, donde sin muchos miramientos se levantaron estructuras que exced¨ªan la concesi¨®n, como la depuradora de aguas, que tambi¨¦n arrastra una sentencia en contra pendiente de confirmaci¨®n por el Supremo. Entre tanto no cabe hablar de pr¨®rrogas, seg¨²n se harta de repetir el portavoz de Salvemos Pontevedra, Francisco D¨ªaz, y reconoce expresamente el reglamento general de Costas aprobado la semana pasada en un art¨ªculo en el que se?ala que si se aprecian ¡°causas de caducidad del t¨ªtulo vigente o se est¨¦ tramitando un procedimiento de caducidad del t¨ªtulo concesional [¡­] el procedimiento de pr¨®rroga se dejar¨¢ en suspenso¡±.

El embrollo legal a?ade mayor suspense al futuro de la pastera. El reglamento prev¨¦ hasta 18 meses para resolver el expediente de caducidad, pero solo tres para que la Xunta emita el informe sobre la conveniencia de la pr¨®rroga una vez la compa?¨ªa la solicite ¨CEnce ya present¨® la petici¨®n, pero antes de que se aprobase el reglamento- La opini¨®n de la Xunta tampoco obliga a Medio Ambiente, que puede rechazarla en base al ¡°inter¨¦s general¡±. La secretaria xeral de Ordenaci¨®n do Territorio, Encarnaci¨®n Rivas, expresaba vacilante el mes pasado su voluntad al mismo tiempo de colaborar para ejecutar la sentencia y de buscar ¡°la mejor salida¡±.

Ante esto, la compa?¨ªa se lamenta en un comunicado de ¡°la incertidumbre que gravita¡± y que impide, avisan, ¡°llevar a cabo importantes inversiones imprescindibles para ¡°asegurar el futuro de la f¨¢brica¡±, ya en clave econ¨®mica. Francisco D¨ªaz protesta y avisa de que pedir¨¢n la ejecuci¨®n forzosa si Medio Ambiente sigue sin actuar. ¡°Es una verg¨¹enza que la Administraci¨®n tenga que ser obligada por los particulares al cumplimiento de una sentencia del Supremo¡±.