Villar Mir pierde otra batalla ante el Supremo por la mina de Serrabal

El Ministerio de Fomento no cometi¨® ninguna ilegalidad al decidir que el trazado del AVE Ourense-Santiago afectase a la cantera que la empresa Ramsa, propiedad de Juan Miguel Villar Mir, tiene en Serrabal, en el municipio coru?¨¦s de Vedra. As¨ª lo acaba de sentenciar el Tribunal Supremo, ratificando una resoluci¨®n similar de 2010 en el mismo sentido de la Audiencia Nacional y contra la que el empresario hab¨ªa recurrido. Ramsa argumentaba que era m¨¢s recomendable otro posible trazado y que la Administraci¨®n hab¨ªa incurrido en una arbitrariedad. El Supremo, sin embargo, considera que la sentencia recurrida de la Audiencia Nacional ¡°justifica de forma razonada que la decisi¨®n de la Administraci¨®n sobre el trazado es razonable y se encuentra apoyada en informes t¨¦cnicos¡±.

Si este proceso al que ahora pone fin el Supremo pretend¨ªa invalidar el trazado elegido para el AVE, en 2010 el mismo tribunal ya hab¨ªa sentenciado en contra de las pretensiones de Villar Mir de anular las expropiaciones concretas de sus bienes y derechos en la zona de Serrabal. El empresario defend¨ªa el elevado valor de la mina de cuarcita y lleg¨® a pedir una indemnizaci¨®n econ¨®mica de 985 millones de euros. Sus trabajadores tambi¨¦n trataron de impedir la ocupaci¨®n de los terrenos. Pese a sus conflictos judiciales, Villar Mir recibi¨® hace ahora dos a?os del Ministerio de Fomento el Premio Nacional de Ingenier¨ªa Civil por su larga trayectoria profesional.

En su ¨²ltima sentencia, el alto tribunal estima que, para elegir el trazado del AVE, ¡°la diversa ponderaci¨®n de los valores en juego (en materias como la presente, la idoneidad t¨¦cnica, el coste, las afecciones al medio ambiente, las afecciones a otros bienes) puede depender de distintas opciones leg¨ªtimas por parte del ¨®rgano competente y conducir, por tanto, a soluciones distintas, todas ellas leg¨ªtimas y que no pueden ser revisadas por el ¨®rgano judicial en tanto sean, tal como ya se ha dicho, razonables y no manifiestamente equivocadas¡±. Al desestimar las pretensiones de Villar Mir, el Supremo le impone el pago de las costas judiciales ¡°hasta un m¨¢ximo de 4.000 euros¡±.