Justicia lenta no es justicia

El presidente del Tribunal Supremo ha dicho que las leyes que regulan los procesos penales en Espa?a est¨¢n previstas para los ¡°robagallinas¡±, pero no para los grandes defraudadores. Con esta frase, aparentemente demag¨®gica, se estaba refiriendo, sin duda, a todos los B¨¢rcenas, Urdangar¨ªn, Pujol o los implicados en la trama G¨¹rtel. Y tambi¨¦n a N¨²?ez, expresidente del Bar?a, y posiblemente el mayor edificador de Barcelona, o a Fabra, el del aeropuerto sin aviones, que ya han sido juzgados y condenados. Pero han pasado m¨¢s de diez a?os desde que cometieron los hechos delictivos hasta que la condena ha sido firme.

Hay que reconocer que es muy dif¨ªcil concretar los hechos imputables a personajes tan peculiares como estos, que nunca robaron gallinas. Las pruebas son generalmente documentos que casi siempre est¨¢n en instituciones oficiales o en entidades financieras. No es extra?o que unas y otras se resistan a facilitarlas al juez completas, sin ocultaciones y con celeridad. Y cuando esas pruebas documentales est¨¢n en el extranjero, las dificultades de las comisiones rogatorias internacionales y, sobre todo, las que plantean los para¨ªsos fiscales, convierten lo que debiera ser una simple acumulaci¨®n de datos probatorios en una interminable obstrucci¨®n de la investigaci¨®n. As¨ª los procesos se pueden alargar m¨¢s de diez a?os.

Una justicia lenta no es justicia, pero una justicia sin garant¨ªas tampoco es justicia. Uno de los derechos que deben ser garantizados m¨¢s cuidadosamente es el de la intimidad personal, la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones. En nuestra m¨¢s que centenaria ley procesal penal las reglas en materia de intervenciones de las comunicaciones u otras actuaciones similares no son suficientemente precisas. Por eso el efectivo respeto a los derechos de los ciudadanos no se garantiza suficientemente.

Los criterios para valorar la ejecuci¨®n, duraci¨®n o terminaci¨®n de las intervenciones de las comunicaciones o actuaciones similares deben ser estimados por cada juez, seg¨²n su prudencia y buen hacer. A causa de esa imprecisi¨®n de la ley a veces se anulan pruebas imprescindibles y se absuelve a notorios delincuentes, como ocurri¨® en 1990 con Rosendo Naseiro, primer tesorero del PP imputado, siendo Aznar presidente del partido. Y as¨ª ocurri¨® despu¨¦s cuando Garz¨®n intervino conversaciones muy importantes de la trama G¨¹rtel que fueron anuladas. Garz¨®n fue condenado por el nebuloso e impreciso delito de prevaricaci¨®n, y expulsado de la judicatura. Los correos de Blesa, descubiertos por el juez Elpidio Silva, corrieron la misma suerte, y el juez, tambi¨¦n.

Delinquen convencidos de que, si son descubiertos, sus bien retribuidos defensores alargar¨¢n el proceso hasta el infinito

Una garant¨ªa esencial del proceso es el derecho a recurrir ante un tribunal superior las decisiones del juez de instrucci¨®n, frente a posibles arbitrariedades o excesos de este ¨²ltimo. El uso sistem¨¢tico del derecho al recurso, a¨²n siendo legal, puede ser letal para la necesaria agilidad y celeridad del proceso. Unos excelentes equipos de abogados, economistas y otros expertos, altamente cualificados y retribuidos, son capaces de agotar las posibilidades legales y recurrir hasta lo irrecurrible, consiguiendo la eternizaci¨®n desesperante de los procesos.

Existe una contradicci¨®n aparente entre la necesidad de celeridad y eficacia de la justicia, y la necesidad de defensa y garant¨ªas de los acusados. Ante esta contradicci¨®n se extiende el clamor por la reforma de las leyes. Frente a la corrupci¨®n, frente a los delitos complej¨ªsimos de los que no roban gallinas, se suele pedir mayor rigor, m¨¢s penas. Sin embargo es poco probable que aumentar la severidad penal produzca mayor honradez. A ese tipo de delincuentes lo que les frenar¨ªa no es la severidad de las penas sino la certeza de su aplicaci¨®n. Delinquen convencidos de que, si son descubiertos, sus bien retribuidos defensores alargar¨¢n el proceso hasta el infinito y que, finalmente, podr¨¢n eludir los rigores de una condena efectiva.

Frente a la gran delincuencia econ¨®mica y de la corrupci¨®n no existen suficientes medios en los servicios de la Hacienda P¨²blica para un implacable y total control preventivo de sus defraudaciones, ni para investigar el turbio origen de sus fortunas, y sus correspondientes delitos. Por esta raz¨®n a los juzgados no llega toda la informaci¨®n necesaria para la adecuada instrucci¨®n y enjuiciamiento de esa compleja delincuencia financiera. Y si llegara, los juzgados no disponen de suficientes medios para asumir ese ingente trabajo. De todo ello deriva la lentitud insoportable de la justicia.

Es necesaria una reforma de las leyes que regulan el proceso penal, venciendo las insuficiencias de su vetustez m¨¢s que centenaria. Es necesaria una voluntad pol¨ªtica de tolerancia cero frente a la gran delincuencia econ¨®mica y de corrupci¨®n, dotando a los servicios de investigaci¨®n de medios suficientes, dependientes efectivamente de los jueces, libres de toda sospecha de dependencia o mediatizaci¨®n del Gobierno.

Jos¨¦ Maria Mena fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.