La juez Alaya contra todos
La instructora se ha enfrentado al Congreso, al Parlamento andaluz, a Interior, a magistrados y a fiscales
El Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andaluc¨ªa, el Ministerio del Interior, magistrados, fiscales¡ El listado de instituciones a las que se ha enfrentado la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, sigue al alza. Es una espiral que viene de lejos, pero esta semana la instructora puede haber cruzado una l¨ªnea invisible de dif¨ªcil retorno. En solo dos breves autos, la juez ha logrado ponerse en contra a los casi 80.000 agentes de la polic¨ªa, a 34 magistrados y fiscales andaluces, adem¨¢s de los medios de comunicaci¨®n, a los que ha amenazado con incurrir en un delito de desobediencia si difunden im¨¢genes de su testigo estrella en la causa de los cursos de formaci¨®n, Teodoro Montes.
¡°Parece obvio que este no es el procedimiento, la juez ha utilizado un canal err¨®neo¡±, censur¨® el presidente del Congreso, Jes¨²s Posada, cuando Alaya envi¨® a la Guardia Civil al Congreso para entregar unas cartas de notificaciones para los congresistas se?alados en el caso ERE, misivas que fueron devueltas sin abrir. El Senado reaccion¨® de igual forma cuando recibi¨® la extempor¨¢nea comunicaci¨®n. ¡°La juez no respeta el principio de separaci¨®n de poderes y la inviolabilidad de la C¨¢mara¡±, se quej¨® el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) despu¨¦s de que Alaya se?alara a los diputados de la Comisi¨®n de Hacienda al cuestionar la legalidad del procedimiento empleado en los ERE. Son solo dos cr¨ªticas suaves ante las resoluciones de Alaya, a la que los sindicatos policiales han acusado de vulnerar la ley, lo que constituir¨ªa una prevaricaci¨®n judicial por su parte.
La precipitaci¨®n ha llevado en numerosas ocasiones a la juez a rectificar sus decisiones. Y junto al Congreso, el Senado, el Parlamento andaluz, esta semana se han sumado a las cr¨ªticas los sindicatos policiales y la Asociaci¨®n de la Prensa de Sevilla, que calific¨® de ¡°ineficaz¡± la prohibici¨®n de difundir las im¨¢genes de Montes cuando ya llevaban ¡°dos semanas en las pantallas de la televisi¨®n¡±. La juez pidi¨® incluso pixelar las im¨¢genes de Montes. ¡°La soluci¨®n no es cortarle alas a la prensa¡±, censur¨®. Al margen del criterio jur¨ªdico que justifican sus imputaciones, las quejas de los acusados por la instrucci¨®n de Alaya ata?en tambi¨¦n a partidos pol¨ªticos (PSOE e IU), sindicatos, la patronal andaluza, y asociaciones de abogados. Y el listado sigue al alza.
Pero al margen de las pol¨¦micas anteriores, esta semana la juez ha despreciado de un plumazo a todos sus compa?eros magistrados que investigan las causas de formaci¨®n en Andaluc¨ªa ¡ªal menos 17 jueces en las ocho provincias¡ª, as¨ª como los fiscales adscritos a dichos juzgados, al exigir a la polic¨ªa que cese en sus investigaciones. Como juez instructora, Alaya posee una soberan¨ªa que se considera sagrada, pero que ha entrado en directa colisi¨®n con la de otros jueces instructores, algunos de los cuales llevan meses investigando estas causas. La magistrada se ha dirigido directamente a la polic¨ªa para exigirle que se aparte de todas las investigaciones que mantiene abiertas, y acusa al Cuerpo de ¡°invadir ileg¨ªtimamente parcelas de investigaci¨®n que le son ajenas¡±.
¡°Parece obvio que ha utilizado un canal err¨®neo¡±, dijo Jes¨²s Posada
Esta acusaci¨®n, directa y sin rodeos, cuestiona la competencia de la polic¨ªa en defensa de la Guardia Civil, pero adem¨¢s de comprometer al Gobierno de Mariano Rajoy, afecta de lleno a todos los magistrados y fiscales que comparten las diligencias abiertas, cuyo trabajo ha ignorado de manera clara. Incluidos los magistrados de la Audiencia de C¨¢diz, que a¨²n deben resolver un recurso del exconsejero de la Junta ?ngel Ojeda sobre la competencia de la juez para investigar las ayudas de Ojeda. Alaya se adelanta a la decisi¨®n de los jueces ¡ªconsiderados superiores de la instructora en el escalaf¨®n judicial¡ª y exige a la polic¨ªa que se aparte, cuando los magistrados a¨²n no se han pronunciado al respecto. ¡°Mientras que la Audiencia de C¨¢diz no resuelva (...) no quedar¨¢ definitivamente resuelto el ¨®rgano instructor competente para investigar las subvenciones (...) y qu¨¦ Cuerpo Policial concreto, todos de la misma consideraci¨®n y distinci¨®n, ser¨¢ el finalmente competente¡±, recuerda Juan Carlos Alf¨¦rez, letrado de Ojeda. Y es que la petici¨®n de Alaya al director general de la Polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®, pone a este en un aprieto legal, dado que los agentes no pueden apartarse de las investigaciones por una decisi¨®n suya, ya que de otro modo estar¨ªan desobedeciendo las ¨®rdenes de los jueces andaluces que investigan las causas. Los agentes de la UDEF act¨²an en funciones de polic¨ªa judicial desde el momento en que una causa se judicializa.
Para los alay¨®logos ¡ªdenominaci¨®n de los expertos jur¨ªdicos que analizan cada decisi¨®n de la juez¡ª su ¨²ltimo movimiento denota un error t¨¢ctico. Estas semanas son decisivas para la juez porque la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo decide si apoya su exposici¨®n razonada sobre los indicios de los altos cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves. Y esta pol¨¦mica, que revela cierta suficiencia ante otros ¨®rganos judiciales y policiales, adem¨¢s del Gobierno central, a cuya polic¨ªa acusa de invadir competencias, no ayuda a crear buena prensa para Alaya. En ¨¢mbitos judiciales y pol¨ªticos, toda decisi¨®n influye. Y tras la fiscal¨ªa, ser¨¢ el Supremo el que decida si la exposici¨®n razonada tiene base.
¡°No respeta la inviolabilidad de la C¨¢mara¡±, asegur¨® Manuel Gracia
En el pasado, las decisiones de Alaya han provocado una concentraci¨®n de letrados de la Junta ante la imputaci¨®n de un compa?ero que consideraban injusta, as¨ª como las repetidas quejas de los sindicatos, la patronal y la Junta, que lleg¨® a acusarle incluso de poner en peligro la democracia. Por ahora, el apoyo m¨¢s s¨®lido de Alaya ¡ªy solo de puertas hacia fuera¡ª es el Partido Popular. Ello a pesar de que la juez acaba de reclamar la documentaci¨®n de las ayudas del Gobierno central sobre las p¨®lizas de la Faja Pir¨ªtica que contribuy¨® a pagar junto a la Junta. Y entonces el delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa era el alcalde de Sevilla y exjuez Juan Ignacio Zoido.
Alaya ha entrado en colisi¨®n con la soberan¨ªa de otros jueces instructores
Estos d¨ªas son fundamentales dado que la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa a¨²n debe pronunciarse ante la acusaci¨®n de Alaya, y si opta por la cr¨ªtica directa o la discrepancia suave. Pero la patata caliente tambi¨¦n afecta a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que apoyar¨¢ o recurrir¨¢ estos dos ¨²ltimos autos. Y entonces se ver¨¢ si el listado sigue al alza.
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