El Gobierno andaluz publica 10 a?os de ¡®consejillos¡¯

La Junta ha decidido publicar en Internet las actas de las reuniones de los viceconsejeros del Gobierno aut¨®nomo, denominadas consejillos, llevadas a cabo entre 2001 y el 18 de octubre de 2012. El Ejecutivo ha acordado levantar el secreto de estas reuniones tras reclamarle la juez Mercedes Alaya el pasado viernes todas las actas de las reuniones entre estos a?os dentro de las actuaciones del caso de los ERE fraudulentos. La publicaci¨®n estaba prevista entre esta madrugada y el martes, seg¨²n el Ejecutivo. En paralelo, la Junta entregar¨¢ este martes las actas en el juzgado de Alaya.

La Junta ha decidido hacer p¨²blica la informaci¨®n tras una reuni¨®n presidida por el consejero de la Presidencia, Manuel Jim¨¦nez Barrios. En una nota de prensa, el Gobierno andaluz ha anunciado que se levanta el car¨¢cter reservado de dichas actas y que se publicar¨¢n en la p¨¢gina web de la Junta, ¡°respetando los l¨ªmites establecidos en la normativa vigente de protecci¨®n de datos¡±.

Alaya hab¨ªa pedido dicha documentaci¨®n con el objetivo de determinar el ¡°conocimiento generalizado¡± que del supuesto fraude podr¨ªan tener ¡°las m¨¢s altas instancias de la Junta¡±. La fecha l¨ªmite marcada no es casual. El 16 de octubre de ese a?o, la Junta aprob¨® un decreto por el que regulaba los ERE. Ante este auto de la juez, la Junta ha decidido recurrir pero no por la entrega de las actas, sino por una cuesti¨®n formal.

En su recurso, la Administraci¨®n arguye que el auto de la juez asume que el Ejecutivo carece de competencias para otorgar subvenciones sociolaborales como las concedidas en los ERE. El Ejecutivo considera ¡°inadmisible¡± que Alaya ignore las competencias recogidas en el Estatuto de Autonom¨ªa para Andaluc¨ªa. Adem¨¢s, resalta que la juez plantea una ¡°hipot¨¦tica discusi¨®n¡± sobre el reparto de competencias entre el Estado y el Gobierno andaluz, ¡°que no se ha producido en las relaciones de la Junta con el Estado¡±, una cuesti¨®n que no le corresponde a un juez de instrucci¨®n sino al Tribunal Constitucional.

Por ¨²ltimo, en el auto, Alaya limita la capacidad de ejercer competencias propias, entiende la Junta, y ¡°criminaliza¡± la instituci¨®n y supone una limitaci¨®n a sus funciones. ¡°Cuestiona no solo al Ejecutivo andaluz, sino tambi¨¦n al propio Parlamento de Andaluc¨ªa¡±, porque si Alaya tuviera raz¨®n, ¡°la comunidad aut¨®noma no tendr¨ªa competencia ni para dictar decretos ni para dictar leyes¡±.

En paralelo, Alaya pregunt¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n si la Administraci¨®n debe ser ¡°expulsada¡± del caso ERE como parte perjudicada para ser considerada responsable civil subsidiaria. Con esta actuaci¨®n, la magistrada responde a una solicitud formulada por Manos Limpias el 12 de julio de 2013. Es decir, hace 15 meses que la juez dispon¨ªa de la petici¨®n del sindicato, pero hasta este lunes no le dio curso a la misma. Ahora los fiscales disponen de cinco d¨ªas para remitir su respuesta.

En el escrito que la juez Alaya ha enviado al ministerio p¨²blico, el sindicato califica como ¡°inaudito¡± que, pese a considerarse ¡°perjudicada por un posible il¨ªcito penal¡±, la Administraci¨®n andaluza ¡°mantenga una actitud de defensa de los imputados m¨¢s propia de la parte acusada¡±. En su argumentaci¨®n, Manos Limpias alud¨ªa a ¡°la fraudulenta trayectoria procesal mantenida por la representaci¨®n de la Junta¡± que, seg¨²n el sindicato, ¡°pone en evidencia su actitud totalmente obstruccionista en la investigaci¨®n de la presente causa¡±. Por estas razones, el sindicato defiende que la Junta debe ser considerada ¡°como responsable civil subsidiaria de los delitos que hayan podido cometer los imputados, y que han ostentado cargos de responsabilidad dentro¡± de la Administraci¨®n aut¨®noma.