El Supremo da otro varapalo a la privatizaci¨®n de ATLL

Nuevo varapalo judicial a la adjudicaci¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y ahora del Tribunal Supremo, que ayer hizo p¨²blica una sentencia con la que desestimaba la suspensi¨®n cautelar demandada por la empresa Aig¨¹es de Catalunya ¨Cla sociedad a trav¨¦s de la cual el consorcio liderado por Acciona se hizo con el concurso- de la resoluci¨®n del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARCC), contraria a la mayor privatizaci¨®n ejecutada nunca por el Gobierno auton¨®mico. Es decir, seg¨²n el fallo conocido ayer, Aig¨¹es de Catalunya deber¨ªa quedarse sin el contrato para que este pasase a manos de Agbar, la otra compa?¨ªa que pujaba en el concurso.

Falta que el Supremo responda tambi¨¦n a peticiones similares efectuadas por la Generalitat y por la propia Acciona, aunque se presupone que ir¨¢n en el mismo sentido. En todo caso, ni Generalitat ni Acciona har¨¢n caso de la sentencia del Supremo, seg¨²n explicaron ayer fuentes cercanas a ambas partes, pese a las reiteradas peticiones de Agbar de que aplique la resoluci¨®n del OARCC, de car¨¢cter ejecutivo seg¨²n la directiva europea que oblig¨® a su creaci¨®n.

La Administraci¨®n catalana y la constructora de la familia Entrecanales est¨¢n convencidas de que no tendr¨¢n que dar su brazo a torcer hasta que haya sentencia en firme sobre los recursos contenciosos que analizan el fondo del asunto y no de las medidas cautelares. Ese caso esta todav¨ªa lejos: el TSJC no ha dictado sentencia y despu¨¦s, en caso de que fuera contraria a la adjudicaci¨®n, el caso subir¨ªa hasta el Supremo. El segundo accionista de Aig¨¹es de Catalunya, el banco brasile?o BTG Pactual, asume en sus cuentas que ganar¨¢ el litigio en el Supremo y por eso no ha provisionado la inversi¨®n efectuada, de la que se han pagado m¨¢s de 300 millones de euros.

En todo caso, la primera sentencia del Tribunal Supremo sigue la estela del TSJC y apuesta por revocar la adjudicaci¨®n pese a reconocer que ¡°versa sobre la adjudicaci¨®n de un contrato particularmente relevante ya que se refiere al abastecimiento de agua a cientos de miles de personas y posee una enorme trascendencia econ¨®mica tanto para las dos agrupaciones que participaron en la licitaci¨®n cuanto para la Generalidad de Catalu?a¡±.

Los servicios jur¨ªdicos del Ejecutivo de Artur Mas siempre han defendido la forma c¨®mo se adjudic¨® el concurso y el perjuicio econ¨®mico que generar¨ªa sobre las arcas publicas su anulaci¨®n. Los consejeros Andreu Mas-Colell y Santi Vila remitieron una carta a Acciona y BTG Pactual garantizando la indemnizaci¨®n en el caso de que tuvieran que revertir la adjudicaci¨®n, lo que supondr¨ªa unos costes millonarios para una operaci¨®n valorada en 1.000 millones de euros que llegar¨ªan en un momento cr¨ªtico para la tesorer¨ªa auton¨®mica. Pero el Supremo cree que ese es un argumento que se puede leer tambi¨¦n de forma opuesta: en el caso de que la sentencia definitiva sea contraria a los intereses de la Generalitat, contra mas tiempo pase mas ser¨¢n los perjuicios econ¨®micos que deber¨¢n asumir los contribuyentes. ¡°Si no se puede desconocer que ser¨¢n notables de no suspender cautelarmente la resoluci¨®n impugnada y luego se dictare una sentencia estimatoria, tampoco se puede negar que tendr¨¢n una dimensi¨®n semejante, cuando no superior si, concedida la medida cautelar ahora y, por tanto, mantenida la situaci¨®n de hecho que se prolonga desde el 1 de enero de 2013, la sentencia que finalmente se pronunciare desestimara las pretensiones de ACL y confirmara la legalidad de lo resuelto por el OARCC¡±, reza la sentencia.

Mientras Agbar continua presionando para que la Generalitat de el paso de anular la sentencia. El ultimo lo efectu¨® hace unas semanas, cuando pidi¨® al TSJC que obligara a la Generalitat a acatar la resoluci¨®n del OARCC. Pero sigue esperando.