La suspensi¨®n

No ha sido suspendida la consulta por el Tribunal Constitucional. Solo han sido suspendidas, y solo cautelarmente, las actuaciones de las instituciones que integran la Generalitat de Catalu?a vinculadas con la consulta. Todas las dem¨¢s iniciativas proconsulta conservan su legitimidad constitucional, no est¨¢n suspendidas.

La Abogac¨ªa del Estado, ¨®rgano jur¨ªdico que expresa la voluntad del Gobierno, adem¨¢s de pedir la suspensi¨®n de la consulta, pidi¨® al Tribunal Constitucional que hiciera el siguiente apercibimiento: las autoridades y funcionarios de Catalu?a que no acaten la orden de suspensi¨®n podr¨ªan cometer un delito de desobediencia, que lleva aparejada la pena de inhabilitaci¨®n. El cese en el cargo, si llegara a dictarse una sentencia condenatoria firme, afectar¨ªa al president Mas, a los consellers, a los directores de centros docentes y a todos los dem¨¢s funcionarios que realicen actuaciones vinculadas a la consulta. Este delito de desobediencia, y su consiguiente sever¨ªsima consecuencia, era lo que pretend¨ªa prefigurar el Gobierno con su complementaria petici¨®n de apercibimiento.

La Abogac¨ªa del Estado necesitaba ese apercibimiento porque, desde hace muchos a?os, ha sido un presupuesto imprescindible, seg¨²n el Tribunal Supremo, para que se pueda castigar a las autoridades o funcionarios por el delito de desobediencia a las ¨®rdenes de una autoridad superior.

El Tribunal Constitucional no ha mordido el anzuelo. En su providencia de suspensi¨®n ha dado la callada por respuesta. No ha hecho ninguna referencia al apercibimiento que pretend¨ªa el Gobierno. Es razonable prever que esta calculada y cuidadosa omisi¨®n dificultar¨¢ seriamente, o cerrar¨¢ el paso, al prop¨®sito de encender el conflicto con el argumento simplificador de que la ley hay que cumplirla, como si esta fuera ¨²nica, simple y de interpretaci¨®n incuestionable, infalible. As¨ª, sin previos apercibimientos a los presuntos desobedientes, le ser¨¢ muy dif¨ªcil al Gobierno imputar a las autoridades y funcionarios de Catalu?a la comisi¨®n de delitos de desobediencia.

Sin apercibimientos previos a los presuntos desobedientes, le ser¨¢ muy dif¨ªcil al Gobierno imputar a las autoridades y funcionarios catalanes la comisi¨®n de delitos de desobediencia

No deber¨ªa desencadenar las iras contra el Tribunal Constitucional que haya decidido la suspensi¨®n cautelar de las actuaciones de la Generalitat vinculadas a la consulta. Presentado el recurso por el Gobierno, el Constitucional hizo lo ¨²nico que pod¨ªa hacer, porque lo manda la Constituci¨®n, inexcusablemente. Y puso especial cuidado en se?alarlo, al expresar que lo ordenaba ¡°comprobada la concurrencia de las condiciones procesales de admisibilidad¡±. El Tribunal es, en fin de cuentas, una oficina en cuya ventanilla de entrada se ha presentado un documento con todos los requisitos formales. Es obligado admitirlo.

Algunas voces, con m¨¢s simplismo que madurez, clamaron contra Encarna Roca, magistrada del Tribunal Constitucional, porque siendo catalana no se pronunci¨® en contra de la suspensi¨®n cautelar. Ello habr¨ªa requerido pronunciarse previamente en contra de la admisi¨®n a tr¨¢mite del escrito del Gobierno, lo cual ser¨ªa directamente ilegal, y adem¨¢s imposible. Ser¨ªa una prevaricaci¨®n est¨²pida. Para completar los signos de inmadurez de aquellas voces llegaron a pretender retirar a la magistrada el t¨ªtulo de doctor honoris causa de la Universidad de Girona, que le hab¨ªa sido concedido en reconocimiento de sus m¨¦ritos en el estudio del derecho civil de Catalu?a. Es una jurista rigurosa, y sus m¨¦ritos son cient¨ªficos, acad¨¦micos, jur¨ªdicos, cargados de dignidad. No es ni serio ni aceptable reprobarla y exigirle que devuelva su t¨ªtulo honoris causa, como si hubiera incurrido en dem¨¦ritos reprobables. Como si no la separara un abismo ¨¦tico y est¨¦tico de Pujol o de la Pantoja, ellos s¨ª obligados, por sus pecados, a devolver sus medallas de Barcelona o Andaluc¨ªa.

Lo que s¨ª es reprobable es que se pretenda que el t¨ªtulo honor¨ªfico es una medalla-deuda, que vincula y compromete a la magistrada. Los que tal pretenden son quienes quieren o creen gozar de jueces deudores, disponibles, favorables, exigibles. Todo un modelo de perspectiva de independencia judicial temible e indeseable.

Lo cierto es que, afortunadamente, el Constitucional ha optado por no a?adir ni una gota de gasolina, como dijo uno de sus magistrados que no ha querido dar su nombre.

El Gobierno, al contrario, s¨ª pretendi¨® poner gasolina, encender la amenaza de los tribunales penales, el temor pretendidamente paralizante a las inhabilitaciones. Pudo desentenderse de una pac¨ªfica convocatoria c¨ªvica independentista sin relevancia jur¨ªdica. Pero dio un paso que podr¨ªa haberse evitado, y lo dio sin acierto ni ¨¦xito. El ¨²nico resultado efectivo del recurso, el ¨²nico que se desprende con certeza de la decisi¨®n del Constitucional, es la nulidad jur¨ªdica de las actuaciones de la Generalitat vinculadas a la consulta. Todo lo que resuelva, decida, ordene, comunique o haga, ser¨¢ nulo, como jur¨ªdicamente inexistente. Y nada m¨¢s.

Jos¨¦ Maria Mena fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a