El juez admite la denuncia de la fiscal¨ªa contra dos concejalas de C¨¢diz

El caso Matadero avanza. El Juzgado de Instrucci¨®n 1 de C¨¢diz ha asumido la denuncia de la fiscal¨ªa por posible tr¨¢fico de influencias en el papel que las concejalas del PP Mercedes Colombo y Carmen S¨¢nchez tuvieron para alterar los listados de adjudicatarios de viviendas sociales en la promoci¨®n de Matadero. Seg¨²n el relato de los trabajadores sociales, incluido en las diligencias, ambas ediles aportaron una lista con nombres y apellidos a los que hab¨ªa valorar, a pesar de que ese no era el procedimiento habitual ya que eran los t¨¦cnicos los que realizaban la selecci¨®n inicial de los posibles beneficiarios. Los empleados municipales aseguran haberse sentido presionados y sostienen que "la lista de los pol¨ªticos" termin¨® imponi¨¦ndose a la suya basada en elementos objetivos.

La promoci¨®n de Matadero, auspiciada por el Ayuntamiento y la Junta de Andaluc¨ªa, inclu¨ªa 102 viviendas. Era el Ayuntamiento el que deb¨ªa aportar la cifra de adjudicatarios, procedente del registro p¨²blico municipal de demandantes. La norma permit¨ªa excepciones en casos de realojo o familias en riesgo de exclusi¨®n. La primera alerta salt¨® cuando colectivos como Pro Derechos Humanos apuntaron que la excepci¨®n hab¨ªa sido norma y un alto porcentaje de beneficiarios no estaba en el registro oficial. A eso se a?adi¨® despu¨¦s la dimisi¨®n de la coordinadora de Asuntos Sociales, Pilar Tubio. Los sindicatos aseguraron que hab¨ªa sufrido "presiones pol¨ªticas" para cambiar los criterios de adjudicaci¨®n.

La denuncia presentada por el PSOE y la Junta de Personal fue atendida por la fiscal¨ªa, que alert¨® de indicios de "tr¨¢fico de influencias" en la actuaci¨®n de las dos concejalas del PP tras escuchar en declaraci¨®n a varios trabajadores sociales. El ministerio p¨²blico encontr¨® en estos testimonios pruebas suficientes para "concretar indicios y hacer aflorar otros" de irregularidades. La denuncia de la fiscal¨ªa, incluida en la causa que instruye el juzgado 1 de C¨¢diz, apunta el delito de prevaricaci¨®n, pero fuentes del caso se?alan que se investiga tambi¨¦n el tr¨¢fico de influencias tipificado en el art¨ªculo 428 del c¨®digo penal.

Los trabajadores sociales relataron que Carmen S¨¢nchez y Mercedes Colombo les entregaron una lista con las personas sobre las que deb¨ªan hacer informes sociales para conseguir una casa en Matadero. No era el procedimiento habitual. Una de las empleadas asegur¨® ante el fiscal que entre sus compa?eros se hablaba de "la lista de los pol¨ªticos" para distinguirla de la que ellos hab¨ªan elaborado. De hecho, los trabajadores sociales contaban con un listado de 130 nombres, basado en criterios t¨¦cnicos. Las concejalas, seg¨²n estas declaraciones, les instaron a reducirlo a 10 y a incluir los nombres que ellas propon¨ªan. Seg¨²n los empleados, personas con mayor riesgo de exclusi¨®n quedaron fuera por esta decisi¨®n pol¨ªtica.

Los cambios en el listado fueron retenidos por las responsables de ¨¢rea, entre ellas, Pilar Tubio, pero, aprovechando las vacaciones de verano, las concejalas, seg¨²n estos testimonios, llamaron en agosto a varios trabajadores sociales, algo nada habitual, para forzar nuevas valoraciones de posibles adjudicatarios. Gracias a ello nombres no previstos terminaron recibiendo una casa.

El fiscal pidi¨® la declaraci¨®n como imputadas de ambas concejalas, algo que el juzgado todav¨ªa no ha ordenado. En la causa, adem¨¢s del PSOE, tambi¨¦n se ha personado Mercedes Colombo.