El riesgo de contradicci¨®n en los ERE

El bistur¨ª que ha metido el Tribunal Supremo en la investigaci¨®n del caso de los ERE tiene riesgos. Los magistrados del alto tribunal han optado por quedarse solo con la investigaci¨®n que afecta a los cinco aforados en Cortes (los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y los exconsejeros Gaspar Zarr¨ªas, Mar Moreno y Jos¨¦ Antonio Viera) y han remitido indirectamente al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa la parte que afecta a los cuatro aforados auton¨®micos se?alados en la causa (los diputados andaluces Manuel Recio, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, Antonio ?vila y Francisco Vallejo). La juez Mercedes Alaya seguir¨¢ con el resto de la investigaci¨®n, que acumula 229 imputados.

El riesgo se basa en que tanto el Tribunal Supremo como el TSJA van a analizar los mismos hechos (si el Gobierno dise?¨® un sistema para repartir discrecionalmente ayudas a empresas y trabajadores, tesis que defiende la juez Alaya) y la posibilidad de que lleguen a conclusiones contradictorias flota en el aire. ¡°Existe riesgo de resoluciones contradictorias, ciertamente existe¡±, ilustran fuentes del caso. Eso s¨ª, para que se d¨¦ tal contradicci¨®n tienen que sucederse antes varios pasos procesales.

Para empezar, Alaya debe ver procedente remitir una exposici¨®n razonada al TSJA sobre los cuatro aforados auton¨®mico dado que el Supremo le abri¨® la puerta a hacerlo al matizar que ¡°el resto del procedimiento deber¨¢ continuar ante los ¨®rganos competentes¡±. Es decir, los jueces dejaron en manos de Alaya el env¨ªo de los indicios contra los exconsejeros ante el TSJA, una remisi¨®n que si no es iniciativa de Alaya, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n podr¨ªa instar para que se llevara a cabo. A partir de ah¨ª, la rama pol¨ªtico-financiera que afecta a los nueve aforados transcurrir¨¢ en paralelo entre Madrid y Granada: dos jueces instructores ¡ªAlberto Jorge Barreiro en el Supremo y Miguel Pasquau en el TSJA¡ª comenzar¨¢n a analizar los indicios que ha identificado Alaya contra la c¨²pula de la Junta por el sistema de ayudas sociolaborales.

En el Supremo ya se ha producido el paso previo a nombrar el instructor y se remiti¨® la exposici¨®n razonada de Alaya a la Fiscal¨ªa del Supremo para que se pronunciara. Esta lo hizo aunque sin entrar en el fondo de la cuesti¨®n, y matizando que deber¨¢ ser el Supremo durante la instrucci¨®n el que decida si los indicios recabados por Alaya deben conllevar el procesamiento de los ex altos cargos se?alados. Si el asunto salta en paralelo al TSJA, el ¨²nico magistrado de la Sala de lo Civil y Penal dar¨¢ traslado a la Fiscal¨ªa Superior y esta emitir¨¢ previsiblemente un dictamen que instar¨¢ a que se investigue la causa, en consonancia con la posici¨®n de la Fiscal¨ªa del Supremo.

Y ah¨ª es donde podr¨ªan empezar los problemas, dado que la instrucci¨®n de Pasquau podr¨ªa concluir que existen indicios para actuar contra los exconsejeros, mientras que el Supremo podr¨ªa hallarlos inconsistentes en materia penal. O al rev¨¦s. O ambas podr¨ªan coincidir a la hora de proseguir con las actuaciones, o para decidir el archivo de las investigaciones. Las posibilidades son de un amplio abanico, pero el riesgo de que finalmente se produzcan dos resoluciones contradictorias en un asunto tan espinoso y central del debate jur¨ªdico pero sobre todo en la arena pol¨ªtica de la comunidad, est¨¢n ah¨ª.

De hecho, en el seno del tribunal que preside Lorenzo del R¨ªo se han producido sonoras contradicciones en un caso con tanta trascendencia como el del hotel Algarrobico. El Supremo ha establecido que el edificio invade la zona de protecci¨®n de la costa y est¨¢ en un ¨¢rea del parque de Cabo de Gata en la que est¨¢ prohibido construir. Sin embargo, una sala del TSJA ha obviado varias sentencias firmes del Supremo y ha avalado la licencia de obras del pol¨¦mico hotel impulsado por Azata. Las contradicciones tambi¨¦n se han producido dentro del TSJA. Una sala de alto tribunal andaluz ha seguido la l¨ªnea del Supremo, pero otra ha dictado dos sentencias en la que echa por tierra esta doctrina.

En las hipot¨¦ticas investigaciones paralelas que se producir¨ªan, la fiscal¨ªa deber¨ªa velar por evitar discrepancias para ofrecer una ¡°respuesta coherente¡±, explican fuentes del caso.

A priori, las investigaciones no deber¨ªan prolongarse excesivamente en el tiempo porque las pruebas necesarias para los instructores no parecen de una complejidad extrema. Ambos instructores oir¨¢n a los ex altos cargos aforados y determinar¨¢n si su conducta puede ser delictiva, como cree Alaya. Una fuente del caso sostiene que la instrucci¨®n en el Supremo y en el TSJA ser¨¢ breve porque las principales pruebas de esta parte del caso ya constan en la causa.