Tesis y ant¨ªtesis del caso de los ERE

Tras casi cuatro a?os de investigaci¨®n, el caso de los ERE fraudulentos ha entrado en la fase decisiva. En los pr¨®ximos meses, el Tribunal Supremo tendr¨¢ que pronunciarse sobre el aspecto esencial, y el m¨¢s pol¨¦mico, de la investigaci¨®n de la juez Mercedes Alaya. La magistrada sevillana sostiene, casi desde el principio de la instrucci¨®n, que el Gobierno andaluz dise?¨® un sistema ilegal para repartir discrecionalmente las ayudas sociolaborales entre empresas y trabajadores a lo largo de una d¨¦cada. Ella cree que la Junta reparti¨® 855 millones de euros entre 2001 y 2010 para beneficiar a firmas y personas afines al PSOE.

Los cinco aforados en la causa (los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y los exconsejeros andaluces Gaspar Zarr¨ªas, Mar Moreno y Jos¨¦ Antonio Viera) est¨¢n afinando en estas fechas sus estrategias de defensa y la respuesta que dar¨¢n ante el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, cuando acudan a declarar. Los se?alados por Alaya han elaborado un documento en el que intentan desmontar la tesis incriminatoria de la magistrada. En la causa abierta por Barreiro pronto se enfrentar¨¢n la tesis de Alaya, la ant¨ªtesis de los aforados y ser¨¢ el Supremo el que formule la s¨ªntesis definitiva. He aqu¨ª los principales puntos de discrepancia entre la instructora y los aforados.

? ?Por qu¨¦ las ayudas sociolaborales? Los aforados destacan que las ayudas se pusieron en marcha para intentar mantener el tejido industrial en la comunidad, tras las crisis y cierre de numerosas empresas a finales de los a?os noventa. Subrayan que se trat¨® de una decisi¨®n ¡°del leg¨ªtimo Gobierno andaluz¡± pactada con empresarios y sindicatos y avalada por el Parlamento regional. Alaya presupone en la exposici¨®n razonada que este verano remiti¨® al Supremo que el Gobierno apost¨® por ¡°el compromiso pol¨ªtico de la paz social antes que por el cumplimiento estricto de la legalidad¡± y que buscaba el ¡°proselitismo pol¨ªtico¡±. Los aforados concluyen que con el fondo se han pagado grandes expedientes de regulaci¨®n de empleo como el de Delphi, Santana Motor o Faja Pir¨ªtica, que afectaron a centenares de trabajadores y que colegir que era para beneficiar a personas afines al PSOE carece de sentido. ¡°Es una afirmaci¨®n que conspira contra la evidencia¡±. Del fondo de los ERE se han beneficiado unos 6.000 trabajadores, entre los que se han detectado 196 intrusos (3,3%) que no ten¨ªan derecho a percibir una ayuda.

? Las transferencias de financiaci¨®n. Los aforados destacan que las transferencias de financiaci¨®n (el procedimiento administrativo con el que se pagaba el fondo de los ERE y que la juez Alaya criminaliza) son una herramienta presupuestaria com¨²n en todas las Administraciones. A?aden que ¡°no es cierto¡± que solo puedan usarse para compensar las p¨¦rdidas de las sociedades p¨²blicas. ¡°No es as¨ª, ni nunca lo ha sido en nuestro derecho presupuestario¡±, alegan en su documento. Para la magistrada, el uso de esta figura presupuestaria sent¨® ¡°las bases para permitir indiciariamente la prolongada malversaci¨®n de fondos p¨²blicos¡±.

? Los informes de la Intervenci¨®n. Los dirigentes socialistas hacen hincapi¨¦ en que la Intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa advirti¨® en 2005 del inadecuado procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas, pero jam¨¢s de que era ilegal, algo que corrobor¨® en el juzgado el ex interventor general Manuel G¨®mez. La Consejer¨ªa de Empleo y la Intervenci¨®n abrieron un debate sobre la idoneidad del procedimiento, pero los interventores nunca hicieron un informe de actuaci¨®n, que s¨ª alerta del menoscabo de fondos p¨²blicos y s¨ª llega hasta el Consejo de Gobierno. Subrayan tambi¨¦n que la Intervenci¨®n no ten¨ªa por qu¨¦ haberlo hecho al no tener sospecha del fraude que se estaba cometiendo en la Consejer¨ªa de Empleo, donde los aforados sit¨²an el foco delictivo. Alaya, sin embargo, cree que el sistema se puso en marcha para eludir los controles de la Intervenci¨®n y que se ignoraron las advertencias sobre su uso inadecuado.

? El papel de Hacienda. El documento resalta que la Consejer¨ªa de Hacienda tiene ¡°plena competencia¡± sobre los ingresos de la comunidad aut¨®noma, pero que la responsabilidad sobre los gastos corresponde a cada departamento. De esta manera, se intenta desmontar la teor¨ªa de la juez de que los exdirigentes de la Consejer¨ªa de Hacienda, entre ellos Gri?¨¢n (quien tambi¨¦n estuvo al frente de este departamento), son responsables de la malversaci¨®n de los fondos que gestion¨® Empleo.

? Los controles. La magistrada cree que la decisi¨®n de pagar el fondo de los ERE mediante las transferencias de financiaci¨®n obedec¨ªa al fin ¨²ltimo de esquivar los controles de la Intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa. Los aforados destacan que esta interpretaci¨®n ¡°no se ajusta a la realidad¡± y que la Intervenci¨®n present¨® varios informes en los que alert¨® sobre las transferencias de financiaci¨®n, lo que pone de manifiesto que s¨ª exist¨ªa ese control.

Los aforados recalcan que el fondo de los ERE era aprobado cada a?o por el Parlamento

? Las modificaciones presupuestarias. La juez estima que las modificaciones presupuestarias para aumentar el fondo de los ERE constitu¨ªan un plan para falsear el Presupuesto de la comunidad. Al a?o, la Junta aprueba centenares de modificaciones presupuestarias, que consisten simplemente en cambiar dinero de una partida a otra. Los aforados subrayan que todas las modificaciones aprobadas para ampliar el cr¨¦dito del fondo de los ERE se hicieron con el visto bueno de la Intervenci¨®n de la Junta y que en ning¨²n caso se puso en riesgo la estabilidad presupuestaria de la Administraci¨®n, como ha sostenido Alaya.

? Competencia sobre las ayudas. En la exposici¨®n razonada, Alaya llega a sostener que la Junta invadi¨® competencias del Estado al dar las ayudas sociolaborales. El escrito de los ex altos cargos de la Junta destaca que casi todas las autonom¨ªas han dado estas ayudas y que ning¨²n presidente del Gobierno, ya sea del PSOE o del PP, ha cuestionado jam¨¢s esta competencia auton¨®mica, que en todo caso deber¨ªa resolver el Tribunal Constitucional. Hacen hincapi¨¦ en que el ERE m¨¢s importante (el de la Faja Pir¨ªtica de Huelva, que afect¨® a m¨¢s de 800 trabajadores) fue sufragado a medias entre el Gobierno central y el andaluz cuando Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar estaba en La Moncloa.

? ?Era secreto el sistema? Los ex altos cargos recalcan que el fondo de los ERE (y las transferencias de financiaci¨®n) era aprobado cada a?o por el Parlamento a trav¨¦s de la ley de Presupuestos. Y, aunque Alaya ha intentado exculpar al Parlamento de su teor¨ªa de la confabulaci¨®n por la complejidad del lenguaje presupuestario, lo cierto es que hay pruebas de que la oposici¨®n conoc¨ªa perfectamente la partida de los ERE. Los aforados, de hecho, han recopilado 91 enmiendas del PP al fondo entre 2001 y 2010, por 64 de IU o siete del PSOE. Con este dato, los aforados quieren demostrar que si la oposici¨®n present¨® enmiendas al fondo de los ERE, dif¨ªcilmente puede ser una partida opaca.