El S¨ªndic insta al Parlament a llevar al TC el decreto sobre Castor

El S¨ªndic de Greuges, Rafael Rib¨®, ha pedido hoy la "desmantelaci¨®n urgente" de la plataforma Castor y ha instado al Parlament a recurrir al Tribunal Constitucional el real Decreto-Ley que otorga una indemnizaci¨®n 1.351 millones de euros a la concesionaria del almac¨¦n de gas del proyecto Castor. Rib¨®, que ha comparecido ante la comisi¨®n del S¨ªndic, ha asegurado que existen estudios "serios" de distintas entidades y universidades que demuestran que la inyecci¨®n de gas en esa plataforma es "muy peligrosa".

En este sentido, el defensor catal¨¢n ha exigido depurar responsabilidades ante la "falta de sentido com¨²n y desprop¨®sito administrativo" de los ¨²ltimos meses, en los que asegura que se han producido actuaciones que forman "un muro de opacidad" que "esconde todo lo que ha ocurrido en Castor" y la sociedad "no sabe".

Seg¨²n ha podido saber el S¨ªndic, las informaciones puntuales en los momentos de inyecci¨®n de gas "no las conoce nadie, ni los ge¨®logos", lo que no les permite estudiar "el papel de la plataforma Castor en los m¨¢s de 1.000 sismos que han afectado a las costas de Catalu?a y Valencia".

Rib¨® asegura haber demandado a la defensora del Pueblo que "estudie presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional" y conseguir la suspensi¨®n cautelar del decreto, que no prev¨¦ ning¨²n an¨¢lisis de riesgos y consecuencias de los se¨ªsmos producidos en la zona. El defensor admite haber sugerido tambi¨¦n al Departamento de Territorio y Sostenibilidad la presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad al decreto y que este valore si Castor "ha afectado severamente al medio ambiente".

El S¨ªndic ha llamado al Gobierno a "priorizar los pagos a los afectados" antes que a las indemnizaciones que recibir¨¢n las multimillonarias constructoras

El Gobierno acept¨® el pasado d¨ªa tres en un real Decreto-Ley la renuncia a la concesi¨®n del almac¨¦n de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67 %, y fij¨® una indemnizaci¨®n para la compa?¨ªa de 1.350,7 millones, cantidad que se cargar¨¢ al recibo del gas durante 30 a?os. Rib¨® ha recordado que "se ha indemnizado a Escal UGS" pero esta norma "no hace menci¨®n a las indemnizaciones y compensaciones a las personas afectadas material y moralmente por esta plataforma".

Bajo estas circunstancias, ha llamado al Gobierno a "priorizar los pagos a los afectados" antes que a las indemnizaciones que recibir¨¢n las multimillonarias constructoras. El S¨ªndic se ha referido tambi¨¦n al desconocimiento de las condiciones por las que se ha pagado "una cantidad desorbitada" de m¨¢s de 1.300 millones de euros.

Todos estos motivos han llevado a Rib¨® a recordar que la sindicatura tiene la obligaci¨®n de "controlar la buena administraci¨®n", y ha reconocido que el proyecto Castor es "un caso flagrante de mala administraci¨®n nunca visto". Por eso ha explicado que se ha dirigido al Gobierno, a la Generalitat, al S¨ªndic de Greuges de la Comunidad Valenciana y a la Defensora del Pueblo, donde ha recibido respuestas "desiguales".

El S¨ªndic ha puesto de relieve, por encima de todas, la "respuesta de silencio" por parte del Gobierno, pese a las "centenares de quejas" presentadas por la Plataforma en Defensa de las Tierras del S¨¨nia por "motivos de se¨ªsmos" o de la propia actividad de Castor. El S¨ªndic ha pedido al Defensor del Pueblo Europeo que se dirija a la Comisi¨®n Europea para saber si el Estado espa?ol ha hecho un "abuso de poder" y ha otorgado con el Decreto-Ley una ayuda de Estado "prohibida y inconstitucional".