Justicia: el tercer poder olvidado

Hoy, 1 de diciembre, y con motivo del D¨ªa de la Justicia en Catalu?a, quiero hacer un balance de la situaci¨®n en que se encuentra uno de los pilares de nuestra sociedad: la Justicia. El tercer poder olvidado, porque la defensa de derechos y libertades de los ciudadanos es algo de segunda. Eso no da rentabilidad.

Con mucho pesar recordamos que hace dos a?os entr¨® en vigor la Ley de Tasas judiciales. Una de las normas m¨¢s pol¨¦micas impulsadas por el anterior ministro de Justicia, que evidenciaba que el Estado de Derecho en nuestro pa¨ªs se halla sumido en una profunda crisis. Esta ley, rechazada por todos los sectores de la abogac¨ªa y del derecho, pone en cuesti¨®n el acceso a la Justicia por parte de la ciudadan¨ªa, a las persones m¨¢s vulnerables pero tambi¨¦n a la clase media, ya que se ha vinculado su recaudaci¨®n con la justicia gratuita.

Si a un ciudadano que quiere defender sus derechos ante un tribunal se le cobran en tasas judiciales (que pueden llegar de media a 3.000 euros) m¨¢s dinero del que pretende recuperar en un litigio ?qu¨¦ sentido tiene que recurra a la justicia? La Constituci¨®n establece que estamos en un estado social. El inter¨¦s m¨¢ximo del Estado deben ser las personas y su dignidad. La justicia no puede ni debe estar al servicio de los intereses especulativos despersonalizados. Las personas son y deben ser lo primero y lo m¨¢s esencial.

La ley de tasas judiciales no era, ni es, la ¨²nica ley que amenaza al Estado de Derecho. Sobre la mesa est¨¢n todav¨ªa los proyectos de reforma de la ley de Asistencia Jur¨ªdica Gratuita, de Reforma del Poder Judicial, de Demarcaci¨®n y Planta Judicial, de Seguridad Ciudadana, de reforma del C¨®digo Penal...

No nos oponemos a estas leyes porque los cambios legislativos propuestos afecten, en mayor o menor grado, a los abogados y las abogadas, sino, sobre todo, porque perjudican a la ciudadan¨ªa, a las personas m¨¢s vulnerables.

El n¨²cleo central de la cuesti¨®n radica en que estas leyes dejan sin valor un elemento tan central y decisivo como es el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a ser defendido, y ello conlleva que se tienda a configurar una justicia desigual que favorece a quien tiene m¨¢s capacidad econ¨®mica, aniquilando el concepto de "servicio p¨²blico". Se puede decir de otra manera si se quiere: la justicia deja de ser un derecho fundamental para convertirse en una mercanc¨ªa. No me cansar¨¦ nunca de repetir y de escribir que los derechos y libertades de los ciudadanos no pueden estar sujetos a las leyes del mercado.

Es la voluntad irrenunciable de servir al Estado de Derecho y de impartir justicia por lo que el Colegio de Abogados de Barcelona, el Consell de l'Advocacia Catalana y el Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola se han opuesto y se oponen a estas reformas impulsadas por el Gobierno.

Es bien cierto que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, muestra un talante m¨¢s abierto y dialogante que su antecesor. De sus comparecencias ante la Comisi¨®n de Justicia del Congreso de los Diputados podr¨ªa desprenderse que el ministro est¨¢ dispuesto a reconsiderar algunos de los grandes proyectos que ha heredado.

Por el bien de la Justicia, esperamos que se pueda pasar de un indudable cambio de estilo a concretar medidas que permitan retirar o modificar sustancialmente algunas de las leyes pendientes de aprobaci¨®n. Tendr¨ªa sentido, por ejemplo, acometer, de una vez por todas, la revoluci¨®n tecnol¨®gica que nuestro sistema judicial est¨¢ esperando desde hace demasiado tiempo.

Los abogados barceloneses estamos plenamente comprometidos con la justicia gratuita y con el turno de oficio, una funci¨®n que prestamos todos los abogados aunque s¨®lo la ejercemos unos cuantos, porque es uno de los servicios esenciales del Estado social: la defensa de la ciudadan¨ªa, en todas las disciplinas jur¨ªdicas. Trabajamos directamente con sus preocupaciones m¨¢s ¨ªntimas, con un material humano extremadamente sensible. Por ello, reclamamos un justo reconocimiento de nuestra labor social. La transcendencia de la tarea que realizamos pasa por la digna retribuci¨®n de los profesionales del turno de oficio y no por castigar la abogac¨ªa con la Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) seguir¨¦ batallando para defender una sociedad m¨¢s justa y respetuosa con los derechos individuales y colectivos. Espero que el ministro tenga la sensibilidad de compartir nuestra preocupaci¨®n por una justicia al servicio de todos y de actuar en consecuencia. A¨²n estamos a tiempo de rectificar.

Por otro lado, si realmente respetamos el Estado de derecho, es necesario respetar las instituciones, en especial, las que sostienen dicho Estado de derecho. Su descr¨¦dito es lo que est¨¢ juego. Es esencial que se alejen de la Administraci¨®n de Justicia los avatares e intereses pol¨ªticos y partidistas que no representan a la globalidad de la sociedad, plural y transversal.

J. Oriol Rusca i Nadal es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.