La Audiencia de Sevilla da un rev¨¦s a Alaya en el ¡®caso Mercasevilla¡¯

Nuevo varapalo de la Audiencia Provincial de Sevilla a la juez Mercedes Alaya. En esta ocasi¨®n, por su instrucci¨®n de la venta de suelos en la empresa p¨²blica Mercasevilla. Tras estimar un recurso de la fiscal¨ªa, la Secci¨®n Primera ha anulado el auto en el que la magistrada procesaba por este supuesto fraude a 16 personas, entre ellas, el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y al exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Casta?o. En su resoluci¨®n, la Audiencia ordena que se ¡°retrotraigan las actuaciones al tr¨¢mite anterior del auto del 20 de diciembre de 2013¡±, en el que la juez daba por concluida la instrucci¨®n y convert¨ªa las diligencias previas en procedimiento abreviado. Este rev¨¦s supone un nuevo retraso en una instrucci¨®n que acumula ya cinco a?os.

La decisi¨®n de la Audiencia deriva del recurso presentado por la fiscal¨ªa contra la decisi¨®n de la magistrada de sumar al caso, el pasado febrero, documentaci¨®n aportada por dos imputadas y ordenar nuevas diligencias. En ese escrito, la fiscal¨ªa solicitaba la anulaci¨®n del auto de procesamiento al considerar que se ve privada ¡°al igual que las dem¨¢s partes, del examen de la documental aportada y de la valoraci¨®n de las pruebas que con la misma se solicitaron, lo que pudiera, una vez practicadas, tener efectos en el oportuno recurso y en la concreci¨®n de cada una de las posibles imputaciones¡±. Asimismo, alegaba que ¡°no resulta procedente¡± que se ordenaran nuevas actuaciones ¡°pues la fase de instrucci¨®n estaba concluida¡±. De ser ¡°pertinentes¡±, apunta, Alaya deb¨ªa haber anulado la resoluci¨®n del pasado diciembre.

En dicho escrito, la juez Alaya acusaba a estas 16 personas de los delitos de prevaricaci¨®n, prevaricaci¨®n contra la ordenaci¨®n del territorio y falsedad por, entre otras cosas, ama?ar supuestamente un concurso p¨²blico para favorecer a Sanma, una filial de la constructora Sando.

Ahora la Audiencia apoya la tesis de la Fiscal¨ªa de Sevilla y anula dicho auto. Los magistrados creen que la actuaci¨®n de la fiscal¨ªa se habr¨ªa ¡°visto limitada¡± al ser incorporadas a posteriori dichas pruebas. ¡°La fase de preparaci¨®n del juicio oral en el procedimiento abreviado no responde a la finalidad de completar la fase de instrucci¨®n previa¡±, exponen los jueces en su resoluci¨®n, al aludir a otras sentencias del Tribunal Constitucional. Adem¨¢s, recuerdan que una vez abierto el procedimiento abreviado le corresponde al ministerio p¨²blico y a las partes acusadas ¡°valorar las diligencias de prueba que se practiquen¡±. Pese a ordenar que se retrotraigan las actuaciones, el tribunal declara ¡°la validez de las diligencias de investigaci¨®n practicadas con posterioridad¡±, en referencias a otras declaraciones tomadas por Alaya.

En su argumentaci¨®n, la Audiencia tambi¨¦n atiende la alegaci¨®n presentada por una de las dos imputadas que aport¨® nueva documentaci¨®n con posterioridad al cierre de la investigaci¨®n. Seg¨²n la acusada, con esta informaci¨®n, ¡°el auto de procedimiento abreviado habr¨ªa sido esencialmente distinto en lo que se refiere a la situaci¨®n procesal de alguna de las partes¡±.

Este no es el ¨²nico reparo que la fiscal¨ªa ha puesto a Alaya en la fase final de la instrucci¨®n de esta rama del caso Mercasevilla. Ya en diciembre, el fiscal tuvo que advertir a la juez de que no pod¨ªa transformar las diligencias previas en sumario, dada la entidad de los delitos y las penas que acarreaban. Tras rectificar, Alaya convirti¨® las diligencias previas en procedimiento abreviado.

La decisi¨®n de la Audiencia se conoce dos semanas despu¨¦s de que la propia fiscal¨ªa pidiera para Torrijos y otros nueve procesados dos a?os de prisi¨®n, entre ellos, el ex director general de la lonja Fernando Mellet y el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo. El fiscal, que excluye a los otros seis procesados, les acusa de un delito de fraude y exenciones fiscales por su presunta implicaci¨®n en el ama?o del concurso p¨²blico. La fiscal¨ªa solicit¨® tambi¨¦n para el exportavoz de IU, quien dej¨® el cargo a finales del a?o pasado, ocho a?os de inhabilitaci¨®n para empleo o cargo p¨²blico. Asimismo, el ministerio p¨²blico reclam¨® que se declare nulo el procedimiento. A la petici¨®n de dos a?os se sum¨® a los pocos d¨ªas la representaci¨®n letrada de la lonja.