La Comisi¨®n de la Transparencia estar¨¢ adscrita al Gobierno

El Parlament aprobar¨¢ la pr¨®xima semana la Ley de la Transparencia, acceso a la informaci¨®n p¨²blica y el buen gobierno, que obligar¨¢ a la Administraci¨®n a atender las peticiones de los ciudadanos y a volcar en un portal toda la informaci¨®n sobre su gesti¨®n. El objetivo es acabar con la opacidad y conocer la trazabilidad de un euro desde que se presupuesta hasta que se invierte. Un correo bastar¨¢ para pedir los datos a la Administraci¨®n sobre un contrato o una subvenci¨®n. Si se rechaza, una comisi¨®n resolver¨¢ el caso. El ¨®rgano lo formar¨¢n entre tres y cinco juristas y documentalistas nombrados por 3/5 partes del Parlament y estar¨¢ adscrito a un departamento de la Generalitat. CiU alega que el ente, seg¨²n la ley, tendr¨¢ independencia org¨¢nica y funcional y que se le asigna un departamento solo para que le transfiera recursos. ICV rechaza el organigrama.

Las dudas sobre la comisi¨®n. El Pleno del 14 y 15 de enero designar¨¢ a los miembros de la comisi¨®n que empezar¨¢ a trabajar en cuatro meses. El convergente Llu¨ªs Corominas asegur¨® que es muy garantista y que ser¨¢ ¡°independiente¡± del Gobierno. Su funci¨®n ser¨¢ examinar el caso denegado de forma r¨¢pida y gratuita que evite la interposici¨®n de un contencioso-administrativo. Gemma Calvet (ERC) ratific¨® que la autonom¨ªa de ente estar¨¢ garantizada por c¨®mo se designar¨¢n a sus miembros. Joan Mena, de ICV.EUiA, lo rechaza: ¡°La Administraci¨®n acabar¨¢ siendo arte y parte¡±. Los ecosocialistas habr¨ªan preferido vincularla a la Oficina Antifraude a trav¨¦s de una modificaci¨®n de sus Estatutos. Con todo, creen que es una f¨®rmula mucho mejor que la aplicada por el Gobierno central que queda en manos del ministro Crist¨®bal Montoro.

El portal de la transparencia.Todos los organismos, partidos pol¨ªticos incluidos, que administren recursos p¨²blicos o los privados que reciban subvenciones estar¨¢n obligados por ley a reportar informaci¨®n a ese portal. La idea es ampliar el que tiene abierto ya la Generalitat para incluir el apartado de la transparencia y linkarlo con los de los entes locales. El portal auton¨®mico, que incluir¨¢ informaci¨®n sobre contratos, convenios o planes y toda la informaci¨®n econ¨®mica, estar¨¢ listo en seis meses. Los Ayuntamientos dispondr¨¢n de un a?o. ¡°El portal nos permitir¨¢ saber indemnizaciones o dietas de los cargos que ahora no sabemos¡±, dijo Calvet.

Un simple correo. La ley estatal exige que los ciudadanos dispongan de un DNI electr¨®nico y una clave para acceder al portal. No ser¨¢ el caso de la norma catalana. Seg¨²n Corominas, un simple correo, sin necesidad de revelar el DNI, bastar¨¢ para pedir los datos. La identificaci¨®n completa solo ser¨¢ necesaria si se trata de dar en mano documentaci¨®n.

Un simple correo, sin tener que aportar el DNI, servir¨¢ para solicitar informaci¨®n de la Administraci¨®n

El silencio positivo. La Administraci¨®n est¨¢ obligada a facilitar la informaci¨®n que se le requiera ¡ªest¨¢n excluidos, por ejemplo, la seguridad p¨²blica o sobre menores¡ª y tendr¨¢ un mes para contestar. La norma recoge el concepto del silencio positivo, que refuerza la obligaci¨®n de contestar. La no respuesta no debe interpretarse, por tanto, como un silencio administrativo. Esa f¨®rmula no es muy habitual: est¨¢ recogida en la Ley de Transparencia de Navarra y en un lander alem¨¢n. Queda ahora la duda de si el Gobierno central recurrir¨¢ ese art¨ªculo ante el Constitucional.

Registro de lobbies. La ley regula la creaci¨®n de un registro de lobbies o grupos de presi¨®n que deber¨¢n dar cuenta de su agenda p¨²blica y asumir un c¨®digo de conducta. Por contra, han quedado excluidas de la norma, pese a ICV y ERC, los bancos y las empresas de suministros pese a su papel de operadores p¨²blicos.

Las sanciones. Las sanciones las ejecutar¨¢n los organismos afectados. Es decir, si se trata de un consejero, lo har¨¢ el Gobierno y si es un edil, el alcalde. Todos los grupos ¡ªsalvo CiU¡ª apoyan la creaci¨®n de un ¨®rgano colegiado por cuatro miembros para dictaminar la sanci¨®n de un alto cargo. Las multas oscilan desde la inhabilitaci¨®n a los 12.000 euros.