La cronolog¨ªa de un desaguisado

29 de diciembre de 2012. La Generalitat adjudica al consorcio liderado por Acciona la gesti¨®n de ATLL. El grupo constructor se impone a Agbar gracias a su oferta econ¨®mica, que supone una media de ahorro para los hogares de 17 millones de euros. En la oferta t¨¦cnica gan¨® la filial de Suez. En el momento de la firma el Gobierno catal¨¢n se asegura unos ingresos de 298,65 millones de euros y apuntarse 995,5 millones (el valor de un contrato de 50 a?os) menos de d¨¦ficit en el presupuesto de ese a?o.

2 de enero de 2013. El OARCC, que depende de la Generalitat, resuelve a favor de un recurso de Agbar y dice que el concurso debe anularse. El argumento: la adjudicataria hab¨ªa presentado un plan para ejecutar unas obras de mejora en la red de distribuci¨®n del agua en un tiempo superior al que fijaba el pliego de condiciones (10 a?os como m¨¢ximo). Se le dio cero puntos en ese apartado, pero Agbar denunci¨® que incumplirlo quer¨ªa decir quedarse fuera del concurso, lo que admiti¨® el organismo de la Generalitat.

Enero de 2013. Empieza la guerra judicial que ahora se da por acabada. Agbar exige ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que se ejecute la resoluci¨®n del OARC, que, seg¨²n las directivas europeas, es ejecutiva. La Generalitat, Acciona y BTG Pactual presentan recursos por separado para evitar la ejecuci¨®n de la resoluci¨®n. El Gobierno catal¨¢n asume en su escrito que no podr¨ªa asumir la indemnizaci¨®n ¡°de magnitudes extraordinarias¡± y carga contra la actuaci¨®n del OARCC por ¡°falta de rigor¡± y por haber resuelto sin pedir ni ver la oferta de Acciona. Tambi¨¦n que diera permiso primero para firmar el contrato para d¨ªas despu¨¦s anularlo.

Marzo de 2013. Primer varapalo judicial. El TSJC rechaza las medidas cautelares solicitadas por la Generalitat para evitar ejecutar el fallo del OARCC. El anuncio del tribunal se produce justo cuando los consejeros Santio Vila y Andreu Mas-Colell comparecen en el Parlament para dar su versi¨®n del concurso. Las caras son largas.

Abril de 2013. Leonard Carcol¨¦, director de la Agencia Catalana del Agua y dise?ador de la operaci¨®n de la privatizaci¨®n de ATLL, dimite por diferencias con Vila al considerar que est¨¢ siendo excluido de la guerra entre la Generalitat y Agbar. Carcol¨¦ hab¨ªa defendido la viabilidad de la compa?¨ªa p¨²blica con gesti¨®n p¨²blica antes de su privatizaci¨®n. La Generalitat opta por recurrir la primera sentencia del TSJC y asume que el proceso acabar¨¢ en el Supremo, bien o mal.

Mayo de 2013. La batalla por ATLL se convierte en una guerra por el agua. La Agencia Catalana del Agua abre un proceso para retirar 30 concesiones de pozos de agua a Agbar, que est¨¢ a punto de firmar con el ?rea Metropolitana de Barcelona la constituci¨®n de una sociedad mixta que, sin concurso previo, asegura a Agbar el suministro en m¨¢s de una veintena de municipios.

Junio de 2013. La Generalitat garantiza por carta a Acciona y a BTG Pactual que recuperar¨¢n sus inversiones en la concesionaria. Fuentes del sector aseguran que no tiene ning¨²n tipo de validez, pero ambas empresas aprovechan esa misiva para evitar provisionar en sus cuentas una operaci¨®n de futuro incierto. Mientras, el Gobierno busca formas de defenderse en el proceso y halla irregularidades en el expediente del OARCC: un correo electr¨®nico de Juan Antonio Gallo, titular del organismo, al director de la empresa p¨²blica Infraestructures.cat, Antoni Rosell, en el que este le da argumentos en contra de la oferta de Acciona. El problema es que Rosell era miembro de la mesa de contrataci¨®n, lo que inhabilitaba para dar su opini¨®n.

Septiembre de 2014. Agbar da un paso y pide al TSJC que obligue a la Generalitat a ejecutar los fallos sobre las medidas cautelares. El TSJC archiva la demanda. El caso ya ha llegado al Tribunal Supremo.

Octubre de 2014. El Tribunal Supremo emite su primera sentencia y va en contra de la petici¨®n de Acciona de que se evite la anulaci¨®n del concurso. La resoluci¨®n del OARCC es ejecutiva, dice el fallo. Semanas despu¨¦s se producir¨ªa el mismo fallo, pero en respuesta a la petici¨®n de medidas cautelares del Gobierno catal¨¢n, que asume que quiz¨¢s no puede aplazar m¨¢s una decisi¨®n.

Hoy. Casi dos a?os despu¨¦s de firmar el concurso, la Generalitat da marcha atr¨¢s y abre un proceso para anular la concesi¨®n a Acciona y BTG Pactual.