Imputados el alcalde de Arcos y un senador por colocar a 16 familiares

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia 2 de Arcos de la Frontera (C¨¢diz) ha imputado al alcalde de la localidad, Jos¨¦ Luis N¨²?ez, y a dos delegados de su gobierno. Uno de ellos, Sebasti¨¢n Ruiz, senador del Partido Popular, por 16 casos de supuesto enchufismo a familiares directos en el Ayuntamiento arcense y por otros nueve casos de colocaci¨®n de miembros de la lista electoral de Alternativa Independiente Progresista (Aipro), socio del PP en el gobierno municipal. El juez Rodrigo Merello acord¨®, en una providencia firmada el pasado 11 de diciembre, citar a declarar a los tres mun¨ªcipes tras admitir a tr¨¢mite una querella presentada por Joaqu¨ªn Mac¨ªas, concejal del PSOE en la oposici¨®n.

El edil socialista denunci¨® al regidor del PP y a ocho delegados de su gobierno por los delitos de prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias. En el escrito, de m¨¢s de 20 p¨¢ginas, detalla una a una las contrataciones que ahora investiga el magistrado. En la querella se recoge que el cu?ado del alcalde fue fichado como carpintero de forma temporal en 15 ocasiones entre diciembre de 2012 y hasta la actualidad, siendo la ¨²ltima incorporaci¨®n la m¨¢s extensa al comenzar en septiembre de este a?o. Asimismo, la sobrina del regidor fue dada de alta dos veces en 2014 como auxiliar por un periodo total de un mes y cinco d¨ªas.

Seg¨²n se apunta en la querella, el cu?ado del senador popular y delegado del ¨¢rea de Hacienda, Sebasti¨¢n Ruiz, est¨¢ colocado como electricista desde noviembre de 2011, aunque ese mismo a?o se le hicieron dos contratos m¨¢s, uno de un mes y 20 d¨ªas y otro de siete jornadas. Tambi¨¦n est¨¢ colocado como electricista desde 2011 el cu?ado del tercer imputado, el delegado de Urbanismo, Manuel Erdoza¨ªn (Aipro).

Desde el Ayuntamiento no niegan las contrataciones, pero subrayan en un comunicado que ¡°en ning¨²n caso se ha infringido la legalidad vigente¡±. ¡°En todo momento la actuaci¨®n seguida ha tenido como finalidad atender las necesidades del pueblo con el m¨¢ximo respeto a la ley¡±, dice el texto. La lista de contratos investigados es amplia. El cu?ado del concejal de Hacienda, Carlos de la Barrera, trabaj¨® como administrativo seis meses; su hermana, que sigue en el Ayuntamiento, fue dada de alta en siete ocasiones; y su sobrino, en cinco. El sobrino de la delegada de la pedan¨ªa de J¨¦dula fue empleado siete veces y otro sobrino, fichado 10 veces en tres a?os. Asimismo, dos t¨ªos del edil de Medio Ambiente, Francisco Mu?oz, tuvieron cuatro contratos como peones.

La hermana del concejal de Turismo prest¨® servicios como conserje y el hijo de la misma edil se mantiene de alta como auxiliar administrativo. Al sobrino de la delegada de Servicios Sociales, Juana Mar¨ªa Morales, se le emple¨® como arquitecto y a su hermana, en el Centro Juan Candil. Por ¨²ltimo, el sobrino del concejal de Cultura, fue colocado de personal de limpieza.

Seg¨²n el querellante, todos los contratos se han fraguado ¡°sin un proceso previo de selecci¨®n a trav¨¦s de convocatoria p¨²blica ni de la fiscalizaci¨®n previa del servicio de intervenci¨®n para constatar que la Administraci¨®n (sometida a un plan de ajuste) pose¨ªa cr¨¦dito suficiente para contratar¡±.

Ayer estaban citados a declarar ante el juez el alcalde y los delegados de Urbanismo y de Hacienda. Los dos primeros se acogieron a su derecho a no hacerlo y el tercero, no compareci¨® por su condici¨®n de aforado, por lo que ahora el magistrado deber¨¢ inhibirse en favor del Tribunal Supremo. Fuentes cercanas al alcalde enmarcan la querella en ¡°una venganza personal¡± y subrayan que se cuestionan 25 contrataciones de allegados cuando el actual gobierno ha hecho ¡°hasta 15.000 contratos temporales¡± en un pueblo de 31.000 habitantes. Para el concejal socialista, los fichajes son especialmente graves si se considera que el plan aprobado en pleno establece ¡°la no contrataci¨®n de personal temporal¡±.