Consultas y democracia

Existe una creciente opini¨®n ciudadana, con noble intenci¨®n democr¨¢tica, que considera que los gobiernos, sobre todo los locales y regionales, deben organizar permanentemente consultas vinculantes para decidir sobre el desarrollo de proyectos y la implementaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas. Pero lo parad¨®jico es que si as¨ª se hiciera nos encontrar¨ªamos en una situaci¨®n de irresponsabilidad p¨²blica y debilitaci¨®n del funcionamiento de la democracia.

Es una buena actitud llevar a consulta temas que afectan a todos los ciudadanos, que se relacionan con el modelo de futuro de la ciudad, y en el que existen alternativas claras y di¨¢fanas. Pero estas circunstancias acontecen muy pocas veces.

En efecto, en los temas urbanos y territoriales los desaf¨ªos son cada vez m¨¢s complejos. La movilidad, una nueva centralidad, la producci¨®n de espacio p¨²blico, la revitalizaci¨®n de un barrio, o las pol¨ªticas de inclusi¨®n social tienen una gran variedad de aspectos: sostenibilidad, cohesi¨®n social, econom¨ªa, identidad, generaci¨®n de empleo, etc¨¦tera. La complejidad es, seg¨²n E. Morin, aquello que se teje conjuntamente. Someter la complejidad a una respuesta binaria de ¡°s¨ª¡± o ¡°no¡± es desnaturalizar el problema e imposibilitar una toma de decisi¨®n adecuada para el futuro de la ciudad.

Los proyectos urbanos afectan a intereses ciudadanos de manera contradictoria

En segundo lugar, los proyectos urbanos afectan a intereses ciudadanos de manera contradictoria. Tenemos, por ejemplo, el caso de los conflictos denominados "Aqu¨ª no". Son aquellos en los que localizar un servicio para combatir las drogodependencias, una residencia de ancianos, etc¨¦tera, que es de inter¨¦s para una buena parte de la ciudadan¨ªa, choca con el inter¨¦s de sectores vecinales en el barrio en que se va localizar el equipamiento. Someter los temas a consulta binaria significa enfrentar a los ciudadanos de manera permanente, lo que es una irresponsabilidad.

Por otra parte, sabemos desde la publicaci¨®n de El Pr¨ªncipe de N. Maquiavelo que ante una nueva ley o proyecto, la gente que se moviliza es la que piensa que le va a perjudicar de manera inmediata. Los beneficiarios raramente se movilizan al ser un tema que probablemente les afectar¨¢ pero ser¨¢ en un futuro. Es por ello que en la gran mayor¨ªa de consultas participa poca gente, y generalmente vence el ¡°no¡± con rotundidad, como fue el caso de la consulta sobre la reforma de la Diagonal en Barcelona. Dejar la decisi¨®n a la participaci¨®n directa significa que los intereses de la mayor¨ªa de los sectores ciudadanos no ser¨¢n tenidos en cuenta.

En la gran mayor¨ªa de consultas participa poca gente y generalmente vence el ¡°no¡±, como sucedi¨® con la reforma de la Diagonal

La pr¨¢ctica habitual de la consulta vinculante impide el ejercicio de la responsabilidad p¨²blica y democr¨¢tica. La responsabilidad democr¨¢tica de un gobierno representativo consiste en que los proyectos y las pol¨ªticas articulen al m¨¢ximo el inter¨¦s general de la ciudad. Y ?qu¨¦ es el inter¨¦s general? El inter¨¦s general es una construcci¨®n pol¨ªtica de la suma coherente de todos, o de la gran mayor¨ªa, de los intereses leg¨ªtimos del conjunto de sectores de la ciudadan¨ªa. En este sentido la representaci¨®n refleja mucho mejor la pluralidad social que los plebiscitos.

La pr¨¢ctica habitual de las consultas plebiscitarias expresa simplismo ante la complejidad, mayor conflictividad intervecinal, exclusi¨®n de facto de amplios sectores ciudadanos e irresponsabilidad p¨²blica. Son las consecuencias parad¨®jicas de una opci¨®n pol¨ªtica que pretende una mayor democracia. Dig¨¢moslo con claridad, los defectos de una democracia representativa no pueden ser superados mediante una supuesta democracia directa, sino por la v¨ªa de incrementar la calidad de la representaci¨®n.

La complejidad social de las ciudades exige unos sistemas de participaci¨®n y de consulta eficaces, que permitan tener en cuenta de manera previa a la elaboraci¨®n de pol¨ªticas y proyectos, las necesidades e intereses leg¨ªtimos de todos los sectores implicados sin excepci¨®n; y a partir de ellos, y s¨®lo a partir de ellos, elaborar las pol¨ªticas y proyectos que articulen el m¨¢ximo de dichos intereses leg¨ªtimos.

El asegurar un proyecto viable que responda a los intereses ciudadanos es responsabilidad ineludible de los representantes electos, que no s¨®lo deben demostrar a la ciudad que es un proyecto que efectivamente asume los objetivos y necesidades explicitadas, sino que adem¨¢s deben promover el compromiso y la cooperaci¨®n ciudadana para que el proyecto tenga el m¨¢ximo impacto social.

Josep Maria Pascual Esteve es economista y soci¨®logo.