Cuando los guardianes del reba?o est¨¢n dormidos

Hay mucha corrupci¨®n porque los guardianes del reba?o no cumplen su funci¨®n. Si la polic¨ªa, los fiscales, los jueces, los 18 tribunales de cuentas, los interventores, los secretarios etc cumplieran medianamente con su trabajo, no habr¨ªa podido crearse esta atm¨®sfera insoportable de podredumbre. Tambi¨¦n hay que reconocer que gracias a que una parte de esos funcionarios cumplen su labor, podemos ver que algunos delincuentes ya no son impunes.

El sistema favorece que los funcionarios destinados a velar por el buen uso del patrimonio p¨²blico sean poco activos y practiquen los principios de ¡°no ver, no o¨ªr, no hablar y actuar lo m¨ªnimo¡±. El mismo sistema ha tenido una complicidad manifiesta con los para¨ªsos fiscales, que solo recientemente ha comenzado a cambiar, y ha fomentado la existencia de una mara?a de fundaciones y empresas p¨²blicas-privadas que sirven de excusa para eludir los controles administrativos. Esas circunstancias forman un caldo ideal para los delitos econ¨®micos

No es casualidad que el Tribunal de Cuentas no d¨¦ datos sobre la cuant¨ªa de las condenas que dicta. Pero es evidente que la inmensa mayor¨ªa de las irregularidades relacionadas con la contrataci¨®n no son denunciadas ni por el secretario ni por el interventor. De ellas solo unas pocas, y no precisamente las m¨¢s graves, son detectadas con posterioridad por el tribunal de cuentas vasco y de esas solo una ¨ªnfima parte son juzgadas por el tribunal de cuentas espa?ol. Me atrever¨ªa a decir que sobran los dedos de una mano para encontrar funcionarios o pol¨ªticos vascos condenados por ese tribunal.

Es cierto que gracias a las acciones p¨²blicas que ejercitan algunas organizaciones de ciudadanos se ha conseguido enjuiciar algunos de los esc¨¢ndalos m¨¢s conocidos, pero la reacci¨®n del poder pol¨ªtico ha sido brutal, tratando de eliminar o limitar esa figura de la acci¨®n p¨²blica que tanto miedo les da.

Nuestras ¨¦lites aprueban leyes retr¨®gradas

As¨ª, los jueces se inventaron la doctrina Bot¨ªn que imposibilita a la acci¨®n p¨²blica el solicitar condenas penales si el fiscal o el abogado del estado (es decir el poder) no lo solicitan. No es casualidad el nombre, pues es de suponer que alguien consigui¨® un buen bot¨ªn por tan interesado giro jurisprudencial, que romp¨ªa con d¨¦cadas de tradici¨®n penal donde la acci¨®n p¨²blica si pod¨ªa hacer lo que ahora se le pretende negar. Veremos si en caso de la infanta Cristina revalida o no tan esp¨²rea doctrina, que solo sirve para que los poderosos se escapen de la c¨¢rcel mediante la pasividad de fiscales y abogados del estado..

El PSOE tambi¨¦n atac¨® a la acci¨®n p¨²blica, al reformar la ley para que haya costas en la primera instancia de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa. As¨ª pretend¨ªa acabar con el pernicioso vicio de algunos ciudadanos de recurrir ante los jueces tantos y tantos proyectos que eran claramente ilegales, pero que estaban aprobados con el silencio de los funcionarios encargados en teor¨ªa de detectar esas ilegalidades. El PP puso su granito de arena imponiendo tasas judiciales escandalosamente caras para que sea a¨²n m¨¢s dif¨ªcil recurrir contra la administraci¨®n.

Todo est¨¢ dise?ado con malicia y buscando la impunidad de los corruptos. Nuestras ¨¦lites aprueban leyes retr¨®gradas, castigan a los funcionarios que osan mirar activamente por el buen com¨²n (los jueces Garzon y Silva que abrieron los casos G¨²rtel y Blesa son un ejemplo de ello), fomentan la pasividad en los funcionarios, crean una mara?a institucional frondosa e inoperante, todo con la finalidad expresa de poder seguir utilizando a la administraci¨®n como una fuente de recursos baratos y ventajistas. En forma de contratos ama?ados, pelotazos urban¨ªsticos y otras bagatelas similares. Ya es hora que alguien despierte a los guardianes del reba?o con un sartenazo en la mesa electoral.