El Gobierno teme que las ¡®vacaciones fiscales¡¯ se adentren en la v¨ªa penal

El Gobierno vasco no las tiene todas consigo. Aunque posiblemente su implicaci¨®n en las decisiones que motivaron la multa de la UE por el retraso en recuperar las ayudas fiscales, las denominadas vacaciones fiscales ¡ª30 millones de euros¡ª quedara en un segundo o tercer plano, el Ejecutivo que lidera I?igo Urkullu teme que la demanda del sindicato mayoritario ELA, acabe en la v¨ªa penal, con tres querellas de la fiscal¨ªa en cada uno de los territorios vascos y la lupa enfocando a los cargos del PNV, en su caso, y a los del PP en ?lava que ocuparon las Diputaciones aquellos a?os.

No tanto durante la d¨¦cada de los noventa cuando se dise?aron y concedieron las ayudas, sino a partir de 2001 y sobre todo 2006, cuando la UE las consider¨® ilegales y reclam¨® su inmediata recuperaci¨®n, a?os en los que la multa tom¨® cuerpo.

Esa v¨ªa, que dejar¨ªa en manos de los juzgados provinciales la investigaci¨®n de las causas que motivaron la sustanciosa multa, pero sobre todo el nombre y apellidos de los responsables ¨²ltimos de aquellas decisiones pol¨ªticas y jur¨ªdicas, abrir¨ªa el in¨¦dito debate en Euskadi sobre las consecuencias penales de una mala gesti¨®n pol¨ªtica de los recursos de los ciudadanos y de incumplir sistem¨¢ticamente unas resoluciones judiciales, en este caso de los tribunales europeos, y con plena consciencia ¡ªya exist¨ªa un preaviso de multa¡ª del caracter gravoso para los contribuyentes.

Aunque lejos de ese concepto de corrupci¨®n en el que se busca el lucro individual o colectivo, si los ciudadanos son castigados por incumplir la normativa fiscal, civil o penal que emana de las normas legales, no parece el mejor ejemplo que las propias instituciones lo hagan y quienes tomaron las decisiones no adquieran ninguna responsabilidad. Y lo hicieran adem¨¢s a sabiendas de que la multa sal¨ªa del presupuesto p¨²blico.

Varios responsables del Gobierno han manifestado en c¨ªrculos judiciales su preocupaci¨®n por la deriva de la demanda de un sindicato, cuya base sociol¨®gica son los propios afiliados al PNV ¡ªel presidente Andoni Ortuzar se ha jactado en p¨²blico de ser de ELA¡ª que podr¨ªa adem¨¢s eclosionar en las semanas anteriores a la campa?a electoral de los comicios municipales y forales, en un contexto pol¨ªtico revuelto y con unas encuestas que empiezan a visualizar el hartazgo de una buena parte de la sociedad, en este caso vasca.

La fiscal¨ªa ya dispone de la documentaci¨®n y de todos los informes solicitados en las primeras diligencias, y eval¨²a ahora la posibilidad de comenzar a llamar a declarar a algunos de los actores del caso, empezando por el equipo letrado y el secretario general del sindicato demandante, ELA, Txiki Mu?oz.

Aunque el caso de las vacaciones fiscales encarna como ninguno el de representantes pol¨ªticos que deciden incumplir varias sentencias judiciales, existen otros en Euskadi de decisiones pol¨ªticas cuyas consecuencias acaban pagando todos los vascos. La fiscal¨ªa ha archivado provisionalmente el caso de los elevados costes de asegurar y no acometer la inversi¨®n prevista para el proyecto de la incineradora de Gipuzkoa.

La operaci¨®n financiera que cerr¨® el PNV la pasada legislatura, ha costado 8 millones en 2014 y el impacto total para las arcas p¨²blicas puede asecender a 68 millones, m¨¢s los 13 que hubo que pagar a las empresas adjudicatarias tras paralizar la obra. Varias asociaciones ciudadanas estudian solicitar a la fiscal¨ªa la reapertura del caso.