Las viviendas ilegales ya se pueden regularizar en 82 municipios

4.500 casas ilegales de Conil tienen m¨¢s cerca su regularizaci¨®n. Esta semana este ayuntamiento del litoral gaditano hac¨ªa p¨²blica su incorporaci¨®n al decreto de la Junta, aprobado en 2012, que daba luz verde a solucionar un problema enquistado en numerosos pueblos de Andaluc¨ªa, el de la existencia de m¨¢s de un cuarto de mill¨®n de viviendas sin licencia. 332 municipios (el 42,83%) han respondido a la llamada del Gobierno andaluz. De esos, 82 ya tienen el avance aprobado, de forma que los due?os pueden ya tramitar el papeleo para que sus casas dejen el limbo legal en el que han estado tantos a?os. No obstante, queda mucho trabajo por delante. De hecho, unas 25.000 casas siguen esperando la reforma anunciada por Susana D¨ªaz el pasado a?o, la que permitir¨¢ tambi¨¦n dar cobertura a edificaciones construidas en suelos no urbanizables.

En 2012 la Junta de Andaluc¨ªa decidi¨® actuar para tratar de poner orden a tres d¨¦cadas de urbanismo descontrolado. Todo un reguero de casas, urbanizaciones enteras, hab¨ªan crecido en la comunidad sin control alguno. Al margen de las actuaciones judiciales, estas construcciones avanzaron sin problema y movieron mucho dinero e intereses. La administraci¨®n dej¨® hacer. Pero la situaci¨®n se complic¨® cuando muchos propietarios de esas casas demandaron una legalizaci¨®n que les permitiera acceder sin barreras a servicios b¨¢sicos como la luz, el agua o el alcantarillado. Algunos due?os sab¨ªan de la irregularidad de sus viviendas. Otros, muchos extranjeros, compraron sin saber que su casa no ten¨ªa licencia. Y no lo sab¨ªan porque pagaban impuestos municipales creyendo que eso daba validez a su nuevo hogar.

El decreto de 2012 reflejaba una doble situaci¨®n. Por un lado, muchas de esas casas ilegales se encontraban en zonas que la renovaci¨®n de los planes generales de ordenaci¨®n de cada municipio iban a hacer urbanos. Otras, en cambio, estaban en terrenos que, por su ubicaci¨®n o caracter¨ªsticas, jam¨¢s ser¨ªan urbanizables. El proceso se encuentra en una primera fase de tramitaci¨®n. Son los ayuntamientos, a petici¨®n de los interesados, los que tienen que poner en marcha el proceso. La Consejer¨ªa de Medio Ambiente viene animando a los consistorios a poner mayor inter¨¦s para realizar un diagn¨®stico de su municipio y dar la respuesta id¨®nea. Cada gobierno municipal debe definir qu¨¦ viviendas irregulares se encuentran en sus asentamientos urban¨ªsticos, con qu¨¦ h¨¢bitos rurales diseminados cuentan y, por ¨²ltimo, cu¨¢les son las edificaciones aisladas cuya reconducci¨®n debe venir de la mano de la declaraci¨®n de asimilado a fuera de ordenaci¨®n (AFO).

¡°Estamos atendiendo un problema general de Andaluc¨ªa aunque deben ser los ayuntamientos los que completen todo este proceso¡±, asegura Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenaci¨®n del Territorio de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente. 332 municipios ya han superado esta primera fase. 201 han comunicado a la Junta que el decreto es innecesario en su territorio, fundamentalmente, porque no tienen este problema. 49 tienen el avance en tr¨¢mite y 82 ya lo tienen aprobado. En estos ¨²ltimos es donde los propietarios ya pueden tramitar sus regularizaciones, que se deben hacer cumpliendo una serie de requisitos y, dependiendo de la situaci¨®n de su vivienda, aguardar al plan general para acogerse a una soluci¨®n conjunta de su urbanizaci¨®n o bien, en el caso de ser un AFO, buscar su soluci¨®n individual.

En ninguno de los casos al propietario le saldr¨¢ gratis la legalizaci¨®n y llegada de servicios b¨¢sicos. Por provincias, Almer¨ªa es la que m¨¢s ha avanzado en la aplicaci¨®n del decreto. 84 de sus 102 ayuntamientos han superado esta fase. En C¨¢diz, son 18; en C¨®rdoba, 28; en Granada, 44; en Huelva, 25; en Ja¨¦n, 45; en M¨¢laga, 47; y en Sevilla, 41.

La medida de la Junta trat¨® de dar respuesta a todos los casos, aunque la lentitud y dificultad con la que avanz¨® el proceso en los dos primeros a?os llev¨® a la Junta a plantear una reforma, cuya fase de audiencia acab¨® el 7 de enero. ¡°Ahora se revisar¨¢n las alegaciones, se aprobar¨¢ en Consejo de Gobierno y se elevar¨¢ al Consejo Consultivo¡±, detalla Nieves Masegosa. La reforma, anunciada el pasado a?o por Susana D¨ªaz, provoc¨® una de tantas fricciones en su pacto de gobierno con IU, que rechazaba dar m¨¢s facilidades a los propietarios de viviendas ilegales. Sin embargo, el Gobierno andaluz termin¨® haciendo entender que lo que se trataba de dar respuesta a casos que el decreto no hab¨ªa tenido en cuenta.

El primer decreto permit¨ªa la regularizaci¨®n de las casas siempre que no tuvieran ning¨²n proceso judicial abierto, no se encontrara en zonas inundables o de especial protecci¨®n y tuviesen m¨¢s de seis a?os, tiempo en el que la irregularidad urban¨ªstica prescribe. Pero ese documento no daba salida a unas 25.000 casas, la mayor¨ªa de M¨¢laga y Almer¨ªa, que se ubicaban en parcelaciones de suelos no urbanizables, donde esa prescripci¨®n no se pod¨ªa producir. El cambio permitir¨¢ que esas casas, muchas en manos de extranjeros, puedan tener agua, luz y registro oficial.

Conil ha sido el ¨²ltimo municipio en comunicar p¨²blicamente su incorporaci¨®n al decreto. Abre as¨ª, seg¨²n los c¨¢lculos municipales, a poner orden a 4.500 viviendas. ¡°Es para tranquilidad de muchos vecinos que van a poder escritura sus casas¡±, explica el alcalde de IU, Juan Berm¨²dez. Al igual que otros ayuntamientos, Conil ha tenido que aprobar dos ordenanzas. Una para identificar las casas fuera de ordenaci¨®n y otra para iniciar el proceso de regularizaci¨®n. Las puertas municipales est¨¢n abiertas para que los due?os acudan a sus oficinas y presenten un certificado para registrar la propiedad y empezar a pedir la luz, el agua o el alcantarillado. 443 ayuntamientos siguen sin aplicar en Andaluc¨ªa este decreto.