La Guardia Civil ve desv¨ªo de fondos en una comunidad de regantes
Los investigadores piden la imputaci¨®n de dos ex directores generales de la Junta
¡°Esta importante licitaci¨®n de m¨¢s de 61 millones (...) se encuentra ama?ada desde su inicio¡±. La Guardia Civil tiene claro que el concurso p¨²blico para modernizar la red de riego de la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir en la provincia de Sevilla fue fraudulento. Tras investigar durante dos a?os, los agentes han concluido que dicha comunidad de regantes desvi¨® 1,5 millones de euros procedentes de las subvenciones p¨²blicas que recibi¨® de la Uni¨®n Europea y la Junta, con la connivencia de cargos del Gobierno andaluz, y han remitido un atestado al titular del Juzgado de Instrucci¨®n 16 de Sevilla, Juan Guti¨¦rrez, para impulsar la investigaci¨®n.
Los agentes acusan a 15 personas, entre ellos funcionarios y dos ex directores generales de Regad¨ªos de la Junta, de malversaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, falsedad, fraude a la subvenci¨®n y un delito contra la Hacienda P¨²blica. El atestado policial destila contundencia: ¡°Todas y cada una de las personas que han intervenido en ella, director de obra, empresa contratista, inspector facultativo y director general de Regad¨ªos, falsean documentos p¨²blicos y privados sin ejecutar obra alguna, con el ¨²nico fin de certificar la anualidad correspondiente, en total m¨¢s de 5,5 millones entre ejecuci¨®n de obra y direcci¨®n de obra¡±.
Los agentes solicitan al juez que cite a declarar a 15 cargos y agricultores
El fraude est¨¢ cifrado de momento en 1,5 millones, una cantidad que puede aumentar dado que las pesquisas est¨¢n abiertas. Mientras, la Junta reclama a la comunidad de regantes 31 millones y la UE, otros 11 millones. Unos fondos que ambas Administraciones aportaron y consideran que no fueron justificados en tiempo y forma en esta obra iniciada en 2004 e inconclusa ¡ªhoy d¨ªa al 60% de su ejecuci¨®n¡ª cuyo fraude deben afrontar ahora los mil agricultores socios. La Guardia Civil concluye que se falsificaron facturas, informes y certificaciones con el ¨²nico objetivo de justificar gastos no realizados para obtener subvenciones.
Los agentes del equipo de Delincuencia Econ¨®mica han peinado la documentaci¨®n oficial de la obra, adem¨¢s de tomar declaraci¨®n a los implicados y analizar las conversaciones grabadas de manera oculta por la direcci¨®n actual de la comunidad de regantes con algunos de los acusados. Adem¨¢s, los investigadores han seguido el rastro de los movimientos de las cuentas bancarias de los regantes y han identificado un plazo fijo bancario de 412.955 euros procedente de la subvenci¨®n, que debi¨® haber sido devuelto o detra¨ªdo de la ayuda; un traspaso de dinero a otra cuenta por 609.920 euros para pagar gastos corrientes de la entidad; y un pr¨¦stamo por 33 millones para pagar certificaciones al contado, lo que deveng¨® intereses innecesarios y un perjuicio de 500.000 euros.
Entre los acusados sobre cuya imputaci¨®n decidir¨¢n ahora el fiscal y el juez del caso, destacan los ex directores generales de Regad¨ªos de la Consejer¨ªa de Agricultura Francisco Ruiz y Tom¨¢s Mart¨ªnez por prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias respectivamente.
El concurso p¨²blico para ejecutar la obra, estimado en 60 millones, se ama?¨® supuestamente para lograr que dos constructoras locales, Meci y Tegner, participaran de la UTE (Uni¨®n Temporal de Empresas) ganadora, liderada por la mercantil Befesa. Ello a pesar de que no hab¨ªa presentado la mejor oferta ya que fue votada por los t¨¦cnicos en cuarto lugar; y adem¨¢s el primer concurso fue anulado porque una de estas empresas locales incumpl¨ªa las normas de la convocatoria.
El atestado policial les achaca delitos como malversaci¨®n y falsedad
Los agentes achacan a los responsables de la Consejer¨ªa de Agricultura, as¨ª como de su delegaci¨®n provincial, ¡°un inter¨¦s de todos estos funcionarios y cargos p¨²blicos de que las obras las ejecute la mercantil Befesa¡±. Diferentes miembros de la mesa de contrataci¨®n han mencionado dicho inter¨¦s de la Junta porque esta empresa se alzara con el concurso p¨²blico.
La Guardia Civil ha estudiado los indicios aportados por la c¨²pula actual de la comunidad de regantes, entre ellos algunos que apuntan a un supuesto cohecho a trav¨¦s de un listado de personas beneficiadas en una reuni¨®n y la compra de varios veh¨ªculos Mercedes con matr¨ªculas consecutivas para, entre otros, el expresidente de la comunidad de regantes Diego Garc¨ªa Santos. Adem¨¢s, el atestado subraya que los miembros de la mesa de contrataci¨®n viajaron a Israel, Turqu¨ªa, Bruselas y Par¨ªs antes de la adjudicaci¨®n del contrato. Sin embargo, las diligencias no han dado resultado y por tanto permanecen como meras sospechas.
Al margen de todos los directivos de la comunidad de regantes, varios funcionarios y los dos ex altos cargos de la Junta, est¨¢n acusados el gerente de la UTE Manuel G¨¢mez y el presidente de la mesa de licitaci¨®n, Crist¨®bal D¨ªaz.
En su anterior atestado del pasado abril, la Guardia Civil pidi¨® la imputaci¨®n del diputado socialista y ex director general de Regad¨ªos Jos¨¦ Luis S¨¢nchez Teruel, al que acusaban de tr¨¢fico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de sus funciones. Los agentes subrayaban que se concert¨® supuestamente con cuatro personas para beneficiar a Befesa y propiciar una certificaci¨®n con 1,5 millones de m¨¢s. El actual secretario general del PSOE en Almer¨ªa, aforado, no figura en este nuevo atestado, aunque s¨ª en las declaraciones de varios exdirectivos de la comunidad de regantes, que le acusan de una supuesta oferta de 12 millones para acabar las obras atascadas.
Este admite que en 2008 acudi¨® a una asamblea de los regantes, pero niega dicha oferta: ¡°No s¨¦ si se han puesto de acuerdo [los directivos] en su versi¨®n, pero solo les dije que deb¨ªan cumplir con la ejecuci¨®n de la obra¡±.
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