Impunidad en Mauthausen

El auto de pleno la Audiencia Nacional del 15 de diciembre de 2014 archivando el proceso contra los responsables de la masacre de los espa?oles en Mauthausen es un golpe brutal contra dichas v¨ªctimas, particularmente las denunciantes, la memoria de sus infinitos sufrimientos y un menosprecio absoluto de sus derechos. Y, una vez mas, la plena impunidad de los cr¨ªmenes de Derecho Internacional. Afortunadamente, cuatro magistrados han discrepado de la mayor¨ªa y acreditan con una fundada argumentaci¨®n que la resoluci¨®n mayoritaria no deb¨ªa haberse producido.

La Audiencia ha seguido fielmente el mandato impuesto por la mayor¨ªa del PP cuando a principios de 2014 aboli¨® la aplicaci¨®n en Espa?a de la Justicia Universal, dejando en total desamparo a las v¨ªctimas del nazismo. V¨ªctimas que hab¨ªan acudido a los tribunales solicitando la proclamaci¨®n de la verdad que hab¨ªan vivido y sufrido y, sobre todo, justicia. ?D¨®nde podr¨¢n acudir ahora Agust¨ªn, Marcos y Francisco Puente y los dem¨¢s querellantes a quienes tanto da?o se infligi¨®? La inmediata consecuencia es que los procesados por su participaci¨®n directa en el r¨¦gimen de ¡°esclavitud humana¡± que, seg¨²n uno de los magistrados, represent¨® Mauthausen, Johan Leprich, Ant¨®n Tittjung y Thedor Szhinskyi, hoy residentes en EEUU, quedar¨¢n definitivamente impunes, como si fueran inocentes.

Esta resoluci¨®n es una muestra mas de la pervivencia en la magistratura de elementos ideol¨®gicos autoritarios, hasta el punto de evitar la persecuci¨®n del nazismo. Para calibrar su gravedad es necesario reproducir lo que, seg¨²n un magistrado, signific¨® aquel campo: ¡°Si bien Mauthausen no era un campo de exterminio en s¨ª, las cifras de muertos diarios eran enormes debido a las condiciones de trabajo brutales, sobre todo en la cantera de la muerte... los prisioneros espa?oles¡­ llegaron a constituir en 1942 m¨¢s de la mitad de la poblaci¨®n reclusa de Mauthausen;se estima que unos 7.685 espa?oles pasaron por este campo y s¨®lo sobrevivieron 2.421¡±.

La decisi¨®n judicial adoptada, hasta el punto de rechazar el planteamiento de una cuesti¨®n de inconstitucionalidad, vulneran, entre otros, los Convenios de Ginebra

El argumento del Tribunal es tan formal como despiadado. Haciendo una aplicaci¨®n rigorista de la citada ley, entiende que procede el archivo de la causa porque la persecuci¨®n de los delitos de ¡°genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado¡± est¨¢ condicionada a que el ¡°procedimiento se dirija contra un espa?ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa?a¡±. Regulaci¨®n que vac¨ªa de contenido los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al principio constitucional de igualdad ante la ley. Sin plantearse la vigencia efectiva y real de tratados internacionales como los Convenios de Ginebra de 1959, que obligan a Espa?a a la persecuci¨®n como delitos contra la Comunidad Internacional de ¡°masacres perpetradas contra ciudadanos espa?oles que fueron tomados como prisioneros en el contexto de un conflicto armado internacional¡±. Constituyen, expone un magistrado, ¡°el n¨²cleo duro del derecho penal internacional¡± en cuanto atacan a bienes esenciales de la comunidad internacional.

Pero, adem¨¢s, la AN obedece servilmente a lo que dispone aquella ley, que dispone que ¡°las causas¡­ en tramitaci¨®n¡± a las que aquella resulte aplicable ¡°quedar¨¢n sobrese¨ªdas¡±, archivadas definitivamente. Decisi¨®n legislativa que como se ha expresado en uno de los votos particulares discrepantes, ¡°constituye una orden ad hoc emitida por el Legislativo y dirigida a unos jueces concretos, en unos procedimientos concretos, con vulneraci¨®n del principio de separaci¨®n de poderes, base del sistema democr¨¢tico, con vulneraci¨®n del derecho de los ciudadanos¡± a un proceso con todas las garant¨ªas. El Tribunal desconoce que el Derecho Internacional Humanitario, plenamente aplicable en este procedimiento, ¡°ante los m¨¢s atroces cr¨ªmenes internacionales¡±, obliga inapelablemente a los Estados a ejercer su jurisdicci¨®n contra los responsables sin l¨ªmite de clase alguna, oblig¨¢ndoles a buscar a esas personas y llevarlas ante los jueces. La ley aplicada y la decisi¨®n judicial adoptada, hasta el punto de rechazar el planteamiento de una cuesti¨®n de inconstitucionalidad, vulneran, entre otros, los Convenios de Ginebra y, en consecuencia, el Estado espa?ol est¨¢ violando el art¨ªculo 96 de Constituci¨®n, que obliga al acatamiento y cumplimiento de los tratados suscritos.

Las consecuencias de la resoluci¨®n son muy graves y m¨²ltiples. Pero, cabe destacar que ¡°ha generado el mas completo desamparo a las v¨ªctimas de los delitos investigados¡± y, particularmente, que no haya podido restaurarse su dignidad. As¨ª como que han recibido, como v¨ªctimas de cr¨ªmenes internacionales, un trato arbitrario, irrazonable y, en consecuencia, discriminatorio respecto de otras v¨ªctimas de delitos de mucha menor gravedad.

Conclusi¨®n. En 2014, un tribunal espa?ol ha proclamado la impunidad de un campo nazi y ha denegado justicia, ante los delitos m¨¢s graves imaginables, a un grupo de personas que sobrevivieron a las 140.000 que fueron asesinadas en el mismo. Desde luego, no es la Justicia propia de un Estado democr¨¢tico.

Carlos Jim¨¦nez Villarejo, exeurodiputado de Podemos