La paradoja de la corrupci¨®n

Las medidas que se toman en las Administraciones p¨²blicas como reacci¨®n ante casos de corrupci¨®n son parad¨®jicas, puesto que al contrario de lo que pretenden, favorecen el despliegue de una ¡°cultura¡± del descr¨¦dito de la legalidad y del menosprecio del papel de la Administraci¨®n p¨²blica en garantizar la democracia y el desarrollo econ¨®mico y social.

En efecto, ante los casos conocidos de presunta corrupci¨®n, se ha actuado de la misma manera: incrementando la normativa legal, complicando los procedimientos administrativos y restringiendo la capacidad de decisi¨®n de los funcionarios y de los pol¨ªticos electos. Actuando de esta manera se olvida que los corruptos incumplen la legalidad, y que una mayor complicaci¨®n en los procedimientos no s¨®lo no impide la corrupci¨®n sino que la impulsa.

Los pa¨ªses con una corrupci¨®n muy extendida, como es el caso de M¨¦xico, Venezuela o Colombia, tienen un gran y engorroso entramado legislativo. A la inversa, en los pa¨ªses n¨®rdicos europeos, donde la percepci¨®n ciudadana de corrupci¨®n es la m¨¢s baja, los funcionarios y pol¨ªticos gozan de amplios m¨¢rgenes de responsabilidad.

El complicado entramado normativo impulsa la aparici¨®n de la alegalidad por distintas v¨ªas. En primer lugar, porque los profesionales, para poder dar resultados ante la ciudadan¨ªa, se ven obligados a buscar el modo de sortearla, lo que genera un descr¨¦dito de la normativa al enfrentar el valor de la racionalidad de la gesti¨®n con la normativa establecida. De este modo, emerge una necesaria y a la vez peligrosa gesti¨®n de la alegalidad, es decir, de la b¨²squeda de lo que no est¨¢ espec¨ªficamente obligado o prohibido.

La principal barrera contra la corrupci¨®n es la presencia de una buena Administraci¨®n profesional

En segundo lugar, se facilita la creaci¨®n de todo tipo de entidades semip¨²blicas, para poder escapar de la asfixia administrativa. En estas entidades es donde, sobretodo, opera la corrupci¨®n. Las grandes cantidades de dinero que en Valencia fueron a parar a la empresa del Duque de Palma se otorgaron desde entidades externas controladas pol¨ªticamente que pudieron adjudicar contratos millonarios sin pasar por concursos p¨²blicos.

En tercer lugar, si bien es razonable que se parta del principio de que toda la persona es corruptible, es del todo rechazable que el control administrativo parta de la suposici¨®n de que el personal de la funci¨®n p¨²blica sea corrupto de entrada y deba demostrar que no lo es, justificando de forma exagerada e irracional el m¨ªnimo gasto, mientras se escapan de control los grandes contratos. Esta es una actitud estigmatizante, que genera desconfianza y frustraci¨®n en los profesionales de la funci¨®n p¨²blica.

Pero lo m¨¢s grave es que la pretendida lucha contra la corrupci¨®n debilita los valores y el modus operandi de una Administraci¨®n independiente de los Gobiernos, basada en el cumplimiento de la legalidad y en la racionalidad entre fines y medios. Seg¨²n los estudios internacionales comparados sobre transparencia, la principal barrera contra la corrupci¨®n es la presencia de una buena Administraci¨®n profesional. La Administraci¨®n es esencial para que las democracias funcionen al garantizar la legalidad de las decisiones pol¨ªticas y el uso responsable de los recursos p¨²blicos.

En consecuencia, la labor del funcionario debe ser fruto del m¨¦rito, y estar garantizada ante posibles arbitrariedades pol¨ªticas; orientarse por los valores cl¨¢sicos de la funci¨®n p¨²blica: legalidad, neutralidad pol¨ªtica, imparcialidad y equidad; pero su acci¨®n debe ser tambi¨¦n evaluada seg¨²n los criterios de responsabilidad, flexibilidad y orientaci¨®n a resultados.

Ahora bien, ?cu¨¢les son los resultados que debe producir una Administraci¨®n p¨²blica? El premio Nobel de Econom¨ªa D. North, entre otros muchos, ha puesto en evidencia que las Administraciones p¨²blicas inclusivas son un factor absolutamente necesario para el progreso econ¨®mico, social y democr¨¢tico de las sociedades. Su resultado m¨¢s importante es la creaci¨®n de unos marcos de regulaci¨®n de las sociedades y mercados: claros, eficaces y controlables, basados en la objetividad, imparcialidad y equidad para garantizar derechos y deberes en la provisi¨®n y el acceso a los bienes y servicios p¨²blicos. Lo esencial es generar confianza y seguridad en la sociedad civil para que esta funcione: facilitar la cooperaci¨®n p¨²blica y privada, la colaboraci¨®n ciudadana y la estabilidad de las inversiones.

Una Administraci¨®n es mucho m¨¢s compleja que una empresa y por tanto los criterios de eficacia y eficiencia deben ser propios de la buena Administraci¨®n, puesto que su tarea no es tanto gestionar los servicios que provee, sino garantizar los derechos y deberes sociales y que las empresas mercantiles, de la econom¨ªa social y las entidades sociales puedan funcionar con confianza.

Josep M? Pascual Esteve es economista y soci¨®logo