Los forestales pueden acceder a fincas sin permiso del due?o

La Comunidad deneg¨® asistencia letrada a dos agentes forestales imputados por acceder a una finca en San Lorenzo de El Escorial donde se estaban moviendo tierras y arrancando encinas con el argumento de que no hab¨ªan respetado la inviolabilidad del domicilio. El propietario les denunci¨® y los forestales solicitaron sin ¨¦xito la asistencia de la Abogac¨ªa del Gobierno regional. Ante su negativa, acudieron a CC OO. Tres a?os despu¨¦s, en octubre de 2014, un auto de la Audiencia Provincial zanj¨® la cuesti¨®n dando la raz¨®n a los agentes, cuya actuaci¨®n dice ¡°no constituye infracci¨®n penal¡±, porque est¨¢n facultados para la realizaci¨®n de labores de polic¨ªa y vigilancia.

Los agentes implicados relatan que se han sentido completamente abandonados. Solo CC OO puso a su disposici¨®n un abogado. ¡°La actitud de la Comunidad es muy grave, no tiene sentido que no defiendan a sus trabajadores y menos con los argumentos que esgrimieron¡±, declara Jos¨¦ Lu¨ªs D¨ªaz, delegado del sindicato.

El conflicto se remonta a septiembre de 2011 cuando los funcionarios se presentan en los terrenos para medir los da?os que se hab¨ªan realizado en el arbolado. D¨ªas antes, tanto el Seprona de la Guardia Civil como los forestales levantaron un acta de paralizaci¨®n. Los agentes relatan que no consiguieron dar con el propietario en el n¨²mero de tel¨¦fono que les hab¨ªa dado, por lo que entraron ante el temor de que hiciera desparecer las pruebas. ¡°No existe ninguna edificaci¨®n en los terrenos, es un trozo de una gran finca que tienen alquilada¡±, puntualiza uno de ellos. El due?o apareci¨® en un veh¨ªculo y les inst¨® para que abandonaran el lugar porque no portaban una orden judicial. En diciembre de 2013 se dict¨® el sobreseimiento de la causa por no aparecer debidamente justificada la perpetraci¨®n del delito, pero el denunciante interpuso un recurso de apelaci¨®n, que desestim¨® la Audiencia Provincial de Madrid.

Desde la Abogac¨ªa General de la Comunidad se puso en duda la correcci¨®n jur¨ªdica plena de la actuaci¨®n de los funcionarios. En el documento que recibieron los forestales con la denegaci¨®n de la asistencia letrada, se alegaba que no existi¨® ni consentimiento del titular ni una autorizaci¨®n judicial y que, adem¨¢s, el delito no era flagrante porque ya se hab¨ªa cometido, lo que contraviene la Ley de Montes.

Tambi¨¦n apuntaban al controvertido art¨ªculo de la Ley Forestal y de Protecci¨®n de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid (1995) que obliga a los agentes a disponer de autorizaci¨®n judicial para acceder a los montes o terrenos forestales, salvo en el caso de extinci¨®n de incendios, a pesar de estar suspendido por el Tribunal Constitucional.