El material incautado en los registros de Brugal en 2010 est¨¢ sin procesar
La polic¨ªa envi¨® al juzgado la documentaci¨®n sin informe por falta de medios y excesiva carga de trabajo por los casos de corrupci¨®n
El Grupo de Blanqueo de Capitales en Alicante est¨¢ desbordado. La carga de trabajo asumida imposibilita que los investigadores puedan informar en los tiempos que demandan los juzgados de casos como el Brugal, en el que una trama pol¨ªtico-empresarial pudo lucrarse entorno al negocio de la basura en Orihuela y otros municipios, as¨ª como el urbanismo de Alicante.
En un escrito de diligencias fechado el 19 de febrero la polic¨ªa inform¨® a la juez que instruye la mayor causa del caso Brugal que el pasado octubre le remiti¨® todos los materiales incautados en las redadas realizadas en 2010 y que destaparon al p¨²blico la investigaci¨®n. Los envi¨® tal cual, en bruto, y ante los distintos requerimientos judiciales, el ¨²ltimo de ellos advirtiendo de la posibilidad de caer en la desobediencia.
Una ingente cantidad de datos inform¨¢ticos recopilados en hasta once registros ¡ªtarjetas de memoria, ordenadores port¨¢tiles, sistemas de grabaciones de seguridad, varios discos duros, pendrives y otros soportes¡ª fueron remitidos al Juzgado de Primera Instancia n¨²mero tres de Orihuela sin previo an¨¢lisis, como se informa en el escrito policial.
El documento es la respuesta al ultim¨¢tum dado el pasado mes de enero por la juez Rosa Mar¨ªa Villegas, que investiga la presunta adjudicaci¨®n irregular de la millonaria contrata de gesti¨®n de los residuos para la comarca de La Vega Baja. Villegas dio a la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de Alicante un ¡°plazo improrrogable de un mes¡± para que los agentes remitieran el material inform¨¢tico que fue intervenido en los registros producidos, entre varios lugares, en el palacio de la Diputaci¨®n alicantina o los domicilios del expresidente provincial, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, y el constructor, Enrique Ortiz. Junto al material, la juez requer¨ªa adem¨¢s que se adjuntara el informe escrito con datos relevantes para la investigaci¨®n.
Casos complejos, mucha presi¨®n
El an¨¢lisis de los materiales incautados en los registros de 2010 es ¡°nuclear¡±, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, para una investigaci¨®n cuyos informes llevan retras¨¢ndose desde antes que Rosa Villegas se hiciera con el caso. Su predecesora en la causa del plan zonal de residuos de La Vega Baja ya hizo un requerimiento reclamando un an¨¢lisis de los materiales incautados. En el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 5 de Alicante, el juez Manrique Tejada, que investiga el presunto ama?o del urbanismo en Alicante, tambi¨¦n hubo de insistir.
¡°Son casos muy espec¨ªficos, de una complejidad notable, y para los que se requieren m¨¢s medios y efectivos¡±, explican desde el sindicato de la Uni¨®n Federal de Polic¨ªa en Alicante. Desde el sindicato se se?al¨® que las presiones sociales y medi¨¢ticas que los investigadores sufren ante los casos de corrupci¨®n son ¡°enormes¡±. ¡°Hemos vivido situaciones en las que los imputados han denunciado a los investigadores o amenazado con hacerlo y debemos estar protegidos ante estas presiones¡±, recuerdan.. Fue, por ejemplo, Vicente Cotino, que se querell¨® por difamaci¨®n contra el agente que firmaba los informes que llegaban a la Audiencia Nacional sobre la financiaci¨®n irregular del PP. El caso del expresidente de Las Cortes destaca especialmente al haber sido Cotino director de la Polic¨ªa con el Gobierno Aznar.
Los magistrados conocen la situaci¨®n que viven en la UDEF, que podr¨ªa ir a peor si se cumplen las previsiones actuales del cuerpo armado para reubicar a los polic¨ªas seg¨²n la catalogaci¨®n. En la UDEF de Alicante, donde actualmente una veintena de polic¨ªas lidian con el trabajo, al menos siete de estos agentes podr¨ªan salir de la unidad e incorporarse a Seguridad Ciudadana, su destinaci¨®n original.
El caso Brugal es de tal magnitud que dio para abrir m¨¢s de 20 causas. De la respuesta policial sorprende la franqueza de algunos p¨¢rrafos, que dan la idea de la desmedida cantidad de trabajo que conlleva este caso, tanto para polic¨ªas como para magistrados y fiscales, y del descontrol de una instrucci¨®n que ha tenido al frente a varios magistrados. En la parte final de la misiva el inspector jefe que firma la carta apunta a la magistrada que ¡°salvo error involuntario, la totalidad del material inform¨¢tico intervenido en los registros domiciliarios efectuados en el marco de la operaci¨®n Brugal ya han sido remitidos a este juzgado, no encontr¨¢ndose por tanto material alguno en las dependencias policiales¡±. Es decir, el inspector jefe no tiene la certeza de que se haya recepcionado la informaci¨®n enviada, que previamente fue escaneada por agentes de la UDEF en Madrid para posteriormente poder ser informada en Alicante. El mismo funcionario, en otra diligencia previa referente a la identificaci¨®n de un n¨²mero de tel¨¦fono m¨®vil, admite que la informaci¨®n fue enviada a un juzgado distinto, seg¨²n la informaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.
Fuentes judiciales confirman que la totalidad de lo enviado permanece en el juzgado y que fue remitido en distinos env¨ªos en octubre de 2014. Las razones para que no existan los informes en cinco a?os son variadas. La polic¨ªa considera el Brugal un asunto prioritario ¡°si bien la carga de trabajo asumida por las unidades policiales destinadas a la lucha contra la corrupci¨®n, con car¨¢cter general,¡ est¨¢n provocando que el resultado de las gestiones encomendadas no se haga llegar a los diferentes juzgados en el plazo en el que son requeridos¡±.
Tras siete a?os de instrucci¨®n, la causa que ocupa a Villegas est¨¢ a la espera de procesar a decenas de imputados: entre ellos, adem¨¢s de Ripoll y Ortiz, hay tres exalcaldes de Orihuela y ?ngel Fenoll. Este empresario, condenado a 35 a?os por fraude fiscal, est¨¢ a punto de ser procesado por un delito medioambiental en el que se han constatado enterramientos ilegales de, como m¨ªnimo, un mill¨®n de toneladas de basura sin tratamiento.
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