Castedo llev¨® el Plan Rabassa al margen del t¨¦cnico de planeamiento

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, impuls¨® la destituci¨®n del jefe de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Miguel ?ngel Cano, apenas un mes antes del informe final que dio luz verde al Plan Rabassa, un presunto pelotazo denunciado por la polic¨ªa y con cuya planificaci¨®n no estaba de acuerdo el urbanista. En su lugar, Castedo nombr¨® a la arquitecta y funcionaria interina, Mar¨ªa ?ngeles de la Sierra, inexperta en el ¨¢rea de ordenaci¨®n urbana como ella misma admiti¨® ayer frente al juez que instruye el llamado caso Rabassa.

De la Sierra firm¨® el texto definitivo para esta iniciativa que planeaba la urbanizaci¨®n de 4,2 millones de metros cuadrados de la ciudad y por la que est¨¢n imputados, entre varios, la alcaldesa y el principal promotor del proyecto, Enrique Ortiz.

Era p¨²blico en el Ayuntamiento que Cano no era proclive a tramitar el Plan Rabassa al margen del plan general urbano de la ciudad y conceder as¨ª semejante espacio a un ¨²nico agente urbanizador. El proyecto preve¨ªa incrustar una ciudad del tama?o de Villena dentro de Alicante. Cuando le pidieron que realizara el informe que finalmente consign¨® De la Sierra, el arquitecto demand¨® toda la tramitaci¨®n previa del plan. Este hab¨ªa sido tumbado hasta en cuatro ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia valenciano y actualmente est¨¢ recurrido en el Supremo.

A Cano nunca le lleg¨® la informaci¨®n del plan. Seg¨²n la cronolog¨ªa de hechos expuesta ayer en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero seis, el 13 de octubre de 2008 fue cesado en un decreto refrendado por la alcaldesa, quien entonces era tambi¨¦n responsable de Urbanismo. El 15 de octubre siguiente, De la Sierra, funcionaria interina, ocupaba el puesto de este funcionario el nivel 29 (el m¨¢ximo es 30) y con el honor de haber sido premio nacional de urbanismo.

El 26 de noviembre de ese a?o, Isabel Campos, jefa de servicios jur¨ªdicos de Urbanismo y tambi¨¦n imputada, enviaba un sms a Ortiz: ¡°Ya tengo el informe¡±, dec¨ªa el texto. En el mes de diciembre, el pleno del Ayuntamiento aprob¨® el plan y lo elev¨® al Consell.

El informe de De la Sierra tiene fecha del 21 de noviembre, si bien en las escuchas policiales del d¨ªa 25 de ese mismo mes se comenta en una conversaci¨®n telef¨®nica que no estaba completo. La t¨¦cnico explic¨® que entre su nombramiento y la firma del proyecto se reuni¨® con un trabajador de Enrique Ortiz, Javier Llorens, y con Isabel Campos. Seg¨²n las defensas, fue para poner al d¨ªa del expediente a la arquitecta, sin soltura en temas de planeamiento, como ayer admiti¨®.

Campos y Miguel ?ngel Ortu?o, jefe de Coordinaci¨®n de la Gerencia, proveyeron a De la Sierra de los contenidos finales del informe, seg¨²n relat¨® una de las acusaciones particulares tras la sesi¨®n testifical. Ambos est¨¢n tambi¨¦n imputados en el caso.

Estos hechos casar¨ªan con parte de las escuchas policiales, que muestran c¨®mo el promotor, tambi¨¦n el m¨¢ximo contratista del Ayuntamiento, se maneja con una fluidez enorme entre los funcionarios. En los cientos de horas de grabaci¨®n, Ortiz llega a pedir a un empleado suyo, Rafael Ballester, que haga un informe sobre Rabassa para que Campos lo haga suyo.

Las defensas intentaron restar importancia a las declaraciones de Cano, no aportaron nada a su parecer. El propio arquitecto, dijeron, estuvo inmerso en seis procesos de reestructuraci¨®n en los que unas veces ascendi¨® y en otras ces¨® en el cargo. La tesis que maneja la defensa es que para aprobar el informe firmado por De la Sierra tampoco se requer¨ªa especial preparaci¨®n. La arquitecta, m¨¢s de seis a?os despu¨¦s, sigue hoy en su puesto.

La polic¨ªa sostiene que el Plan Rabassa esconde un acuerdo entre Ortiz y la multinacional sueca Ikea. El constructor habr¨ªa cobrado m¨¢s de 90 millones de euros por una parcela vendida a Ikea que no es suya, seg¨²n el contrato que obra en poder de la polic¨ªa. Solo siendo el agente urbanizador del plan podr¨ªa haber optado a distribuir el territorio a urbanizar y dar sentido al contrato firmado con la multinacional.