La fiscal¨ªa denuncia al Servicio Andaluz de Empleo por malversaci¨®n

La Fiscal¨ªa de Sevilla ha denunciado ante el juzgado que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andaluc¨ªa cometi¨® malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n y fraude de subvenciones al conceder en 2012 una subvenci¨®n de 5,8 millones sin soporte legal que lo permitiera para pagar indemnizaciones de trabajadores despedidos.

La Fiscal¨ªa llega a esta conclusi¨®n tras la fiscalizaci¨®n de la C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa respecto a cuatro Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnol¨®gico (UTEDLT) de Sevilla, cuya extinci¨®n acord¨® el Consejo de Gobierno el 27 de julio de 2010, y despu¨¦s de una investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Superior de Andaluc¨ªa.

El diputado socialista Antonio ?vila era entonces el exconsejero de Econom¨ªa que orden¨® los pagos de las indemnizaciones a los asesores de empleo. La paradoja es que en 2015 la Junta deber¨¢ readmitirles tras decenas de sentencias del Supremo que anulan sus despidos. "No se ha acreditado suficientemente que las UTEDLT que recibieron las subvenciones reunieran todos los requisitos de la orden 21.01.04", recoge el escrito de denuncia. El resto de fiscal¨ªas provincias estudian los pagos a los diferentes consorcios despu¨¦s de que el fiscal superior, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, remitiera todas las actuaciones a las ocho fiscal¨ªas provinciales por un pago global de 45 millones.

Mientras, fuentes de la Junta han respondido que el Tribunal de Cuentas archiv¨® las actuaciones tras remitir la fiscal¨ªa un oficio a la C¨¢mara de Cuentas sobre la gesti¨®n de las UTEDLT de 2010 a 2012. Estas fuentes resaltan que la subvenci¨®n de 5,8 millones fue para indemnizaciones pero tambi¨¦n salarios, y que fue pagada no solo por la Junta, sino que tambi¨¦n contribuyeron los Ayuntamientos y Diputaciones presentes en los consorcios.

La C¨¢mara de Cuentas constat¨® que los organismos distribuidos por las provincias andaluzas para promocionar el empleo no hab¨ªan justificado de forma correcta las subvenciones recibidas para pagar a sus empleados, ni el trabajo realizado por estos. Esto sucedi¨® porque desde 2009 "no se suscribieron los contratos programas de las UTEDLT, donde se fijaban los objetivos a cumplir", y a pesar de ello cobraron unas subvenciones por incentivos que supon¨ªa que se habr¨ªan superado unos objetivos que nunca se fijaron con anterioridad.

La subvenci¨®n fue con car¨¢cter excepcional y se concedi¨® mediante una resoluci¨®n de la direcci¨®n general de los servicios y programas para el empleo sin un soporte legal que lo permitiera, precisa la Fiscal¨ªa. Esa decisi¨®n, sin perjuicio de una calificaci¨®n m¨¢s ajustada, es constitutiva de un delito de prevaricaci¨®n y de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, seg¨²n la Fiscal¨ªa.

Las UTEDLT, recuerda la Fiscal¨ªa, son entidades de derecho p¨²blico con personalidad jur¨ªdica propia participadas por el SAE y las corporaciones municipales y supramunicipales. Sus funciones eran promover la creaci¨®n de empleo y facilitar a los ciudadanos su comunicaci¨®n con la Consejer¨ªa de Empleo y Desarrollo Tecnol¨®gico para crear empleo, y sus gastos se sufragaban con las subvenciones del SAE tras una orden aprobada en 2004.

Esas unidades, que se financiaban con subvenciones del SAE, las compon¨ªan su director, el personal t¨¦cnico y administrativo y los agentes locales de promoci¨®n y empleo, a?ade la denuncia. A partir de 2009, el personal t¨¦cnico y administrativo pas¨® a depender, a efectos de retribuci¨®n, de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, Innovaci¨®n, Ciencia y Empleo y las subvenciones que se conced¨ªan a esas unidades eran fundamentalmente para los salarios de los directores y los agentes de empleo as¨ª como para sus incentivos.