La corrupci¨®n se sube a la campa?a

Por si el panorama nacional no hab¨ªa aportado los suficientes motivos para el enfado, razones de peso para desconfiar del poder pol¨ªtico, y en consecuencia poner en cuarentena a los partidos mayoritarios, Euskadi se ha sumado a la fiesta. Las pr¨®ximas elecciones de mayo se van a ventilar en el peor de los ambientes posibles en ese sentido, en un Pa¨ªs Vasco que hasta 2015 hab¨ªa tenido casos en los juzgados, pero nunca un periodo de concentraci¨®n de imputados y procesados en los diferentes niveles jurisdiccionales como los que tiene en la actualidad.

Los presuntos casos de corrupci¨®n e irregularidades, que han generado numerosas investigaciones y procesos judiciales, se han subido a la caravana electoral, y tiene pinta de que van seguir en ella hasta bien pasados los comicios municipales y forales de mayo, y seguir hasta despu¨¦s, incluso, de las elecciones generales de noviembre. Y eso que todav¨ªa el Fiscal Superior, Juan Calparsoro, no tiene en su mano el nombramiento del fiscal anticorrupci¨®n que tiene apalabrado. Una estructura fija podr¨ªa abarcar m¨¢s casos que llaman a su puerta pero que no se pueden mirar por falta de medios.

El ¨²ltimo de los casos que se ha conocido se lleva la palma. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Vitoria encaus¨® hace diez d¨ªas a 26 personas ¡ªla mayor¨ªa de ellas vinculadas o pertenecientes al PNV en la ¨¦poca de los hechos investigados¡ª por la presunta trama de corrupci¨®n que dirig¨ªa el ex n¨²mero dos del PNV de ?lava Alfredo de Miguel y que vincula a otros antiguos dirigentes y cargos institucionales del partido. ?Cu¨¢l era el objetivo de la red, presuntamente corrupta? la obtenci¨®n irregular de contratos p¨²blicos y el cobro de comisiones presuntamente ilegales.

El juez Ramos aprecia indicios de prevaricaci¨®n, de omisi¨®n del deber de perseguir delitos, cohecho, tr¨¢fico de influencias, blanqueo de capitales, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude a las administraciones p¨²blicas o en la contrataci¨®n p¨²blica, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento p¨²blico y/o mercantil, contra la Hacienda P¨²blica y alteraci¨®n de precios en concursos y subastas p¨²blicas.

?El dinero era para ellos o hab¨ªa terceros, personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas, o un partido pol¨ªtico que se beneficiaba de ello? Eso lo tendr¨¢ que dilucidar el magistrado.

Para ese momento procesal ya se hab¨ªa colado el caso Hiriko ¡ªel fallido coche el¨¦ctrico¡ª en las p¨¢ginas de los peri¨®dicos. Un caso especial en el que la trama no mord¨ªa a emprendedores o empresas, sino directamente a los ciudadanos, aprovech¨¢ndose del dinero p¨²blico que entraba para la I+D de proyectos innovadores.

El Fiscal jefe de Vitoria, Josu Izagirre, y el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Vitoria, despu¨¦s, aprecian indicios de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, falsedad documental, fraude a la Administraci¨®n, fraude de subvenciones p¨²blicas, apropiaci¨®n indebida y blanqueo de capitales contra los citados, a seis personas, la mayor¨ªa vinculadas tambi¨¦n al PNV. Los procesados idearon, presuntamente, un plan para distraer fondos p¨²blicos en su propio beneficio o de terceros.

Pero quiz¨¢s uno de los casos m¨¢s sorprendentes, no tanto por su cuant¨ªa, como por su naturaleza fue el de los pagos irregulares de Kutxabank al que fuera delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco, el socialista Mikel Cabieces. El actual presidente de la entidad, Gregorio Villalabeitia denunci¨® ante la fiscal¨ªa a su predecesor en el cargo, Mario Fern¨¢ndez, ¡ªya est¨¢ en el juzgado¡ª ante las sospechas de irregularidad en la firma de un contrato de prestaci¨®n de servicios ilegal al no haber contraprestaciones. Los pagos ascendieron a cerca de 250.000 euros.

No son casos comparables, ni por las cuant¨ªas ni por la tipolog¨ªa de los presuntos delitos. Tampoco por los motivos que movieron a sus protagonistas a ponerlos en marcha, pero poco a poco han ido a?adiendo un plus de enfado e indignaci¨®n a los ciudadanos vascos.

A todos ellos su sum¨® en enero el de la sede del PP en Bilbao. Ese mes se conoci¨® la existencia de un informe de la Intervenci¨®n General ¡ªun organismo dependiente de la Hacienda estatal¡ª en el que se apuntaba la existencia de supuestas irregularidades. El documento precisa que para pagarlo se utilizaron fondos de una contabilidad paralela llamada Sede Vizcaya que presuntamente se nutri¨® en parte de una cuenta de donativos que el partido mantuvo abierta entre 1998 y 2005 para dotar de seguridad privada a sus cargos p¨²blicos amenazados por ETA.

Al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, adem¨¢s de a otros, el Tribunal de Cuentas del Estado les ha pedido medio mill¨®n de euros de fianza por una presunta irregularidad en la firma de un contrato de alquiler que benefici¨®, en contra de los criterios t¨¦cnicos del ayuntamiento, a un empresario amigo. La ciudad iba a pagar tres veces el precio de compra del inmueble.

En este caso no se aprecia delito, como tampoco en la actuaci¨®n de las diputaciones y el Gobierno en las Vacaciones fiscales, ¡ªde momento¡ª que mermaron el dinero p¨²blico en 30 millones de euros, por incumplir las sentencias comunitarias que obligaban a las instituciones forales a recuperar unas ayudas que concedieron en la d¨¦cada de los 90, y que seg¨²n todos los tribunales europeos eran ilegales. Pero no dejan de ser casos en los que, al menos, ha habido una mala gesti¨®n de los fondos p¨²blicos que no debieran de pagar exclusivamente, una vez m¨¢s, los ciudadanos. Y todav¨ªa hay m¨¢s como las posibles responsabilidades que se deriven del caso Bidegi o el de Urchuegu¨ªa.