Confianza, transparencia y gesti¨®n

La gran tormenta en la que estamos inmersos sigue aliment¨¢ndose de las constantes noticias sobre corruptelas e irregularidades en la gesti¨®n de los recursos p¨²blicos. Algunas de gran calado, otros menos llamativas, pero todas igualmente perniciosas en relaci¨®n a la necesaria confianza y legitimidad con las que deber¨ªa contar cualquier decisor o gestor de lo p¨²blico que quiera hacer algo m¨¢s que seguir el procedimiento a rajatabla. Estamos ya en un entorno en el que, de entrada, el com¨²n de la gente sospecha sobre todo lo que se hace en las instituciones p¨²blicas. Y eso tiene el peligro de tornarse asfixiante para quien tiene la obligaci¨®n no solo de cumplir la ley, sino tambi¨¦n de prestar servicios, de hacer que las cosas funcionen. En este sentido, me llegan constantes quejas de parte de los gestores de centros p¨²blicos, de pol¨ªticos y decisores de cualquier esfera institucional, aludiendo al clima enrarecido en el que se ven obligados a actuar. Se parte de la sospecha. Uno es presuntamente culpable y tiene que escalar la monta?a de la desconfianza antes que nada. Es como si el ambiente flotase constantemente la palabra ¡°prevaricaci¨®n¡±, y obviamente, cualquiera que rodea a los decisores trata de blindarse de una posible contaminaci¨®n. Llueve sobre mojado, ya que tras los esc¨¢ndalos de Rold¨¢n y Juan Guerra en 1993, se modific¨® la Ley de Contratos del Estado en un sentido m¨¢s restrictivo. No es que no haya motivos para que la gente est¨¦ escarmentada, pero hemos de reconocer que por muchos que sean los casos detectados y puestos al descubierto, sigue siendo cierto que una inmensa mayor¨ªa de pol¨ªticos y gestores p¨²blicos no est¨¢n sujetos a escrutinio procesal alguno.

En el fondo, lo que ha puesto patas arriba todo es la clara sensaci¨®n que no est¨¢bamos en una concatenaci¨®n de casos y de esc¨¢ndalos que simplemente han coincido en el tiempo. Lo que ha enardecido a la gente es la convicci¨®n de que se hab¨ªa creado un verdadero sistema de captura de las instituciones y de los recursos p¨²blicos en beneficio de unos pocos. De unos pocos que, adem¨¢s, ampar¨¢ndose en el ejercicio de la pol¨ªtica, los intereses de partido y las razones de Estado, se forraban impunemente. ?C¨®mo logramos acabar con ese saqueo de lo p¨²blico sin convertir la gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos en una selva de procedimientos, garant¨ªas y cautelas que al final conviertan en maquinal lo que necesariamente ha de gozar de una cierta capacidad de elecci¨®n y de discrecionalidad? Es evidente que si a un gestor le dices que ha de hacer, con qu¨¦ dinero cuenta para hacerlo, le exiges autorizaci¨®n cada vez que quiera mover un euro, y adem¨¢s le dices exactamente porque v¨ªa ha de gastarlo, la funci¨®n de gesti¨®n queda reducida a la de tramitador de papeles. Y al final todos salimos perdiendo de una labor m¨¢s segura, pero probablemente menos eficaz y eficiente. Tradicionalmente se consideraba que era imposible descentralizar la capacidad de decisi¨®n y controlar su cometido al mismo tiempo. Hoy sabemos que eso es posible si se utilizan convenientemente circuitos compartidos de informaci¨®n, protocolos de actuaci¨®n que marquen campos propios de decisi¨®n y responsabilidad, y si adem¨¢s se parte de la exigencia de transparencia hacia todas las partes interesadas en la gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos.

La desconfianza no es por definici¨®n negativa, si se sabe canalizar y convertirla en un factor de escrutinio y de mejora constante. Los estados liberales convirtieron la divisi¨®n de poderes en la forma institucional de estructurar esa desconfianza. Los formatos actuales de poder han de situarse en un nuevo escenario de informaci¨®n y transparencia, argumentando con evidencias, y abriendo puertas y ventanas para que la labor de gesti¨®n sea al mismo tiempo eficaz y democr¨¢tica (en el sentido de compartida). Necesitamos generar instancias de acompa?amiento ciudadano a la labor de los gestores p¨²blicos, que compensen las rigideces de la burocracia administrativa con los est¨ªmulos de las necesidades colectivas. Hace tiempo recordaba a Jane Jacobs y su concepci¨®n de la seguridad urbana basada no tanto en la cantidad de polic¨ªas presentes en las calles, sino por la capacidad colectiva de "vigilar" y construir confianza p¨²blica. Transparencia y vigilancia compartida, evaluaci¨®n de pol¨ªticas en la que intervengan expertos y ciudadanos organizados, y la posibilidad de que en ¨²ltima instancia los tribunales puedan ser v¨ªas para que la necesaria autonom¨ªa en la gesti¨®n p¨²blica, su imprescindible margen de acci¨®n, quede compensado por la voluntad de coproducir buen gobierno por parte de todos. Lo importante es evitar que resurja ese entramado de intereses y posiciones de poder que encontraban los resquicios para saquear lo p¨²blico. Por muchas cautelas jur¨ªdicas que incorporemos, la vacuna real es m¨¢s democracia.

Joan Subirats es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la UAB.