El fiscal pide a Alaya que exculpe a 12 imputados en los ERE por prescripci¨®n

La prescripci¨®n de los delitos del caso ERE ha pasado de ser un riesgo a convertirse en una realidad. La lejan¨ªa temporal de los delitos (hasta 14 a?os desde su comisi¨®n) y el proceloso ritmo de la investigaci¨®n se han combinado como efectos nocivos para que la justicia vaya camino de exculpar a numerosos imputados en la causa. As¨ª lo estima la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que tras alertar en numerosas ocasiones sobre dicho peligro ¨Cpor primera vez ya en 2011-, acaba de pedir a la juez Mercedes Alaya que exima a 12 empresarios de responsabilidad penal por las ayudas p¨²blicas. Es decir, el fiscal estima que han prescrito los delitos supuestamente cometidos y la justicia no puede actuar contra ellos. Eso s¨ª, les pide la devoluci¨®n de las ayudas directas que por 1,8 millones les concedi¨® la Junta de Andaluc¨ªa hace m¨¢s de una d¨¦cada, gracias al fondo de los ERE, dotado con 850 millones.

La prescripci¨®n de delitos ha sido una canci¨®n recurrente o¨ªda con insistencia en la instrucci¨®n del caso, pero que la juez Alaya rechazaba reproducir porque consideraba que no ten¨ªa base. La magistrada ha ignorado las alertas de los fiscales para proceder contra los responsables y beneficiados por las ayudas p¨²blicas concedidas en los a?os iniciales del fondo para empresas en crisis, que arranc¨® en 2001. En vez de notificarles su imputaci¨®n ¨Cque parar¨ªa el reloj de la prescripci¨®n de manera autom¨¢tica en t¨¦rminos procesales-, la instructora ha priorizado la apertura de numerosas investigaciones paralelas que afectan ya a todas las consejer¨ªas de la Junta, muchas de ellas paralizadas ante la imposibilidad de la instrucci¨®n de abarcarlas todas.

Resultado: Anticorrupci¨®n acaba de pedir archivar la imputaci¨®n de una docena de empresarios al estimar que la malversaci¨®n y prevaricaci¨®n a la que supuestamente contribuyeron como receptores ha prescrito. El pasado 6 de febrero Alaya les imput¨® en la causa junto a otros 24 empresarios y alcaldes ¨Ccuatro a?os despu¨¦s de iniciar la causa- pese a que desde 2011 era p¨²blico su recepci¨®n de ayudas p¨²blicas. Sin embargo, la fiscal¨ªa estima que la acusaci¨®n de la juez llega tarde: ¡°Interesamos que por la magistrada se declare la prescripci¨®n de las conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas (¡­) cuyo importe sea claramente inferior a 450.000 euros (¡­) siempre y cuando hayan pasado m¨¢s de 10 a?os¡±, explican los fiscales en su escrito.

Entre los empresarios figuran por ejemplo Antonio Diana Exp¨®sito, due?o de una gasolinera en Cazalla de la Sierra (Sevilla) que recibi¨® 60.000 euros en julio de 2004. Beatriz P¨¦rez, hermana de la exdelegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla Pilar P¨¦rez, recibi¨® una subvenci¨®n directa de 220.354 euros para un portal en Internet denominado Andalucine. Y Luis Garc¨ªa, que recibi¨® 270.455 euros en 2004 por una ayuda para la cooperativa agr¨ªcola Virgen de Bel¨¦n en Pilas (Sevilla). En el caso de Eustaquio Reina por una ayuda de 300.000 euros la propia Alaya ha archivado las actuaciones, ya que el empresario falleci¨® en enero.

En su escrito, la fiscal¨ªa traza una l¨ªnea roja para la prescripci¨®n de delitos: 10 a?os y 450.000 euros. Toda ayuda que supere la d¨¦cada de antig¨¹edad y sea menor que dicha cantidad no es perseguible por la ley. Para el resto, los delitos no han prescrito. El fiscal recuerda la supuesta injusticia por la que estos empresarios ¨Cy no otros- accedieron a estas ayudas: ¡°El alto n¨²mero de empresas existentes en la comunidad aut¨®noma (¡­) que se vieron totalmente imposibilitados de concurrir de forma l¨ªcita a estos recursos p¨²blicos¡±. A continuaci¨®n, subraya la jurisprudencia del Supremo para considerar los delitos ¡°de especial gravedad¡± y poder aplicarles la prescripci¨®n de 15 a?os en lugar de 10. Asimismo estima que el umbral de la cantidad perseguible se fija en 450.000 euros.

La petici¨®n de archivo por parte de la fiscal¨ªa responde a un escrito presentado por el letrado Juan Carlos Alf¨¦rez para lograr la prescripci¨®n a tenor de la antig¨¹edad de las ayudas concedidas a dos empresarios. Y para este abogado, la respuesta de los fiscales supone aceptar en parte sus tesis de cara al futuro tribunal sentenciador. Alaya se hab¨ªa acogido a una jurisprudencia antigua del Supremo para extender la prescripci¨®n a los 15 a?os, mientras que los fiscales han acortado el l¨ªmite hasta los 10 a?os en funci¨®n de una nueva doctrina que beneficia a las defensas.

Alf¨¦rez estimaba que una ayuda de 600.000 euros en una comunidad aut¨®noma de 8 millones con un presupuesto de m¨¢s de 20.000 millones en 2003 ¡°nunca podr¨¢ ser considerada de especial gravedad¡±. Los fiscales aceptan la tesis de la d¨¦cada para la prescripci¨®n, pero rebajan la frontera de la entidad de una ayuda desde los 600.000 euros del abogado hasta los 450.000 euros.

Por ¨²ltimo, los fiscales piden a?adir la imputaci¨®n de seis personas m¨¢s tras analizar el atestado de la Guardia Civil sobre las ayudas directas otorgadas en la Sierra Norte sevillana a empresas como Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs, el Venero de M¨®stoles y Enoworld.