Los juzgados declaran improcedente el despido de 50 trabajadores de Jerez
Los magistrados califican el ERE que realiz¨® el Consistorio y acab¨® con 260 trabajadores en la calle de ¡°subjetivo y arbitrario¡± Garc¨ªa Pelayo anuncia que recurrir¨¢ las sentencias
El gobierno municipal de Jerez ejecut¨® en septiembre de 2012 un Expediente de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) que dej¨® en la calle a 260 trabajadores municipales. Dos a?os y medio despu¨¦s, tres magistrados de lo social de Jerez dirimen si los despidos, como se exige en la Administraci¨®n p¨²blica, fueron objetivos. Los jueces ya han fallado que 50 despidos fueron ¡°subjetivos y arbitrarios¡± y los declara improcedentes. Hasta mayo se celebrar¨¢n 70 juicios m¨¢s y se espera el mismo veredicto.
Estas sentencias emitidas por los juzgados de lo social 1, 2 y 3 de la ciudad disparan los costes del expediente de empleo por el aumento de indemnizaciones. Si el gobierno local, que dirige Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Pelayo (PP), gast¨® en 2012 un total de 5,3 millones de euros en echar a empleados p¨²blicos, se prev¨¦ que la ¡°arbitrariedad¡± en la selecci¨®n del personal afectado cueste a las arcas p¨²blicas otros tres millones m¨¢s, una cantidad importante en un Consistorio que arrastra una deuda de casi 1.000 millones y que es examinado trimestralmente por el Ministerio de Hacienda al ser uno de los Ayuntamientos intervenido por el Estado y sometido a un estricto plan de ajuste.
Crecen los sobresueldos
La pol¨ªtica de personal del Ayuntamiento de Jerez est¨¢ a¨²n muy lejos de controlarse pese a los duros recortes ejecutados por el gobierno que encabeza Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Pelayo. El Consistorio ha gastado en 2014 en productividades, horas extra, gratificaciones y compras de libranza de la plantilla seis millones de euros, un 27% m¨¢s que en 2013, la cifra m¨¢s alta desde que el PP lleg¨® a la alcald¨ªa en 2011.
Este incremento se produce pese al ERE que afect¨® a 260 personas, a las bajas incentivadas y al incremento de la jornada laboral de los empleados p¨²blicos a 37,5 horas semanales. En 2015 no cambia la tendencia. Solo en enero ¡ª¨²ltimo dato disponible¡ª el coste por estos conceptos ha rozado los 700.000 euros, un 28% m¨¢s que en enero de 2014. La edil popular afirma que no se puede pasar ¡°del caos al orden en tan poco tiempo¡± y remarca que el coste de las n¨®minas del personal ha pasado de 84 millones de euros a 66 desde el inicio de su mandato.
Los sindicatos exigen que se publique un listado de todos los trabajadores que perciben estos complementos que califican de ¡°arbitrarios¡±.
Para la ejecuci¨®n del controvertido ERE, el gobierno jerezano estableci¨® un criterio de edad y fij¨® la l¨ªnea divisoria en los 59 a?os. Los jueces dan por bueno ese criterio que afecta a 134 de los despedidos m¨¢s cercanos a la edad de jubilaci¨®n, pero tumba el procedimiento que sigui¨® la regidora Pelayo para elaborar el listado del resto de afectados. Los magistrados dan por acreditado en las m¨¢s de 50 sentencias ya emitidas que no existe ¡°documento alguno en el que se llevara a cabo valoraci¨®n personal de cada uno de los trabajadores afectados por el despido ni de los no afectados¡±. Los jueces afirman que el gobierno local ech¨® a empleados p¨²blicos con una valoraci¨®n ¡°subjetiva, arbitraria y carente de la aplicaci¨®n de cualquier par¨¢metro objetivo¡±, es decir, sin valorar el curr¨ªculo, el tiempo de prestaci¨®n del servicio, la formaci¨®n acad¨¦mica para desempe?ar un trabajo, ni la competencia t¨¦cnica ni la polivalencia. Hasta el momento, el Ayuntamiento ha justificado que en una Administraci¨®n p¨²blica se haya despedido a trabajadores sin realizar una sola baremaci¨®n escrita que determinara con objetividad el porqu¨¦ un empleado perd¨ªa su empleo y otro no, alegando tan s¨®lo que el equipo municipal y ¨®rganos de direcci¨®n del Ayuntamiento se sent¨ªan ¡°amenazados por la presi¨®n medi¨¢tica¡± y ¡°la tensi¨®n¡± que hab¨ªa en Jerez en esos meses tras el anuncio de la extinci¨®n de contratos.
Una vez fallada la improcedencia de los despidos, la alcaldesa podr¨ªa optar por readmitir a los exempleados o pagarles una mayor indemnizaci¨®n. Aunque, la edil popular ya ha anunciado que se recurrir¨¢n todas las sentencias que sean desfavorables para el Consistorio y que, en ¨²ltima instancia, se optar¨¢ por la indemnizaci¨®n. La contundencia del medio centenar de sentencias desfavorables al Ayuntamiento no ha supuesto un cambio en la posici¨®n del equipo de Pelayo. Su portavoz y secretario general del PP en la provincia de C¨¢diz, Antonio Salda?a, ha calificado las sentencias de ¡°muy normales¡± en procedimientos laborales y ha reducido los efectos de las resoluciones a un mero ¡°incremento de indemnizaciones¡±. El TSJA tumb¨® el ERE en una dur¨ªsima sentencia en 2013; pero el Tribunal Supremo lo declar¨® ¡°ajustado a derecho¡± (ocho jueces votaron a favor y seis en contra) en 2014 tras el recurso presentado por el Ayuntamiento.
Desde 2012 es casi imposible encontrar alguna declaraci¨®n en la que el gobierno local haya hecho autocr¨ªtica de un despido colectivo criticado por jueces, sindicatos y trabajadores. En marzo de 2013, la alcaldesa admiti¨® ¡°un posible error a la hora de designar a las personas que ten¨ªan que estar en un ERE¡±. Ese ¡°posible error¡± mantiene en la calle a 260 personas y puede costar a la ciudad, sin sumar el gasto en recursos y abogados, otros de tres millones.
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