Abanderados de la ¡®nueva pol¨ªtica¡¯

El proceso soberanista catal¨¢n, ahora ya en la recta final independentista, ha dado la oportunidad a Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de presentarse como abanderada de la nueva pol¨ªtica.Una CDC empe?ada en el derecho a decidir el futuro de Catalu?a, verbalmente comprometida en dar la voz a los ciudadanos, trata de eclipsar los aspectos cotidianos de su pr¨¢ctica con la proyecci¨®n futura. Con la operaci¨®n ¡ªa la que ha contribuido un Gobierno central que ha judicializado toda relaci¨®n pol¨ªtica¡ª ha querido difuminar las se?as de identidad del viejo partido fundado por Jordi Pujol.

Converg¨¨ncia intenta surfear sobre la ola de la nueva pol¨ªtica. El partido de Artur Mas se aferra a la balsa independentista, compitiendo con Esquerra por hacerse con la bandera de la regeneraci¨®n. Eso s¨ª, las pulsiones son dif¨ªciles y controlar y, con frecuencia, emerge el s¨®rdido viejo mundo del que Converg¨¨ncia dice abjurar, como ha sucedido hace unos d¨ªas con el consejero Boi Ruiz. El titular de Salud ha resucitado ¡ªcon la ayuda de Esquerra y de la ex consejera socialista Matina Geli¡ª viejos tics: ha hecho o¨ªdos sordos al veto temporal a la creaci¨®n del consorcio sanitario de Lleida y a la venta de los datos de usuarios de la sanidad, medidas expresamente tomadas por el Parlament. Pero el clamor soberanista permite que CDC pase sobre las tablas de la vieja pol¨ªtica ocultando el crujido de la madera carcomida.

Desde 2012, Converg¨¨ncia quiere marcar distancias con el PP. La CDC de Mas, hasta aquel a?o, comulgaba con los recortes y el techo de d¨¦ficit presupuestario. Pero la salida de las masas soberanistas a la calle y el pacto con Esquerra han modificado aparentemente su posici¨®n y le han hecho ver la luz de la socialdemocracia. Ahora f¨ªa el Estado del Bienestar a una Catalu?a independiente, en la que podr¨¢ aplicar lo que ahora asegura que es impracticable: el keynesianismo en un solo pa¨ªs.

?Qu¨¦ queda de aquella federaci¨®n nacionalista que aprob¨® el plan de rescate de las autopistas radiales de Madrid (s¨ª, del lejano Madrid), por el que el Estado deber¨ªa afrontar la responsabilidad patrimonial (un monto de 4.500 millones de euros)? Desde su vuelta al poder y hasta 2012, CiU dio luz verde a los decretos de recortes de los servicios p¨²blicos como sanidad o educaci¨®n, incluida la congelaci¨®n de salarios y plantillas. Tambi¨¦n valid¨® el texto sobre deudores hipotecarios que cerr¨® la puerta a la daci¨®n en pago. Se abstuvo en el decreto que yugulaba las ayudas a las energ¨ªas renovables, por no citar su voto favorable a la reforma laboral. S¨ª, todo esto est¨¢ muy bien, se argumentar¨¢, pero forma parte del pasado. ?Qu¨¦ sucede en 2015, cuando ya ha enarbolado la bandera de la nueva pol¨ªtica?

Aparte de la pol¨¦mica sobre el voto sobre la lucha antiyihadista, que gener¨® una sonada fitna ¡ªguerra interna¡ª entre la comunidad de creyentes de Uni¨® y de Converg¨¨ncia, CiU ha dosificado su apoyo el PP. Pero ha votado las medidas impulsadas por el PP que pretenden combatir la corrupci¨®n en los partidos, publicadas el pasado 31 de marzo en Bolet¨ªn Oficial del Estado. La ley en cuesti¨®n deja fuera de regulaci¨®n la reducci¨®n del n¨²mero de aforados y no cierra, de hecho ni siquiera menciona, las llamadas puertas giratorias que tantas jornadas de gloria han dado a los partidos que se han perpetuado en el poder. Tampoco se ampl¨ªa el periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados, ni se blinda la independencia de los ¨®rganos de supervisi¨®n, ni se regulan de los grupos de presi¨®n, los lobbies. Eso s¨ª, reconoce expresamente que los dirigentes del partido ¡°pueden¡± llegar a ser elegidos por todos los militantes, algo que no practican ni PP ni Converg¨¨ncia, para quienes las primarias son una suerte de ejercicio emparentado con el anarco-sindicalista.

En ese paquete legislativo presuntamente anticorrupci¨®n y por la transparencia, las competencias auton¨®micas quedan a resguardo, pues la aplicaci¨®n de las medidas, por ejemplo, sobre altos cargos quedan en manos ¡ªasegura el PP¡ª de lo que decida el Gobierno de la comunidad aut¨®noma. Eso precisamente ha sido lo que ha movido a CiU y a PNV a dar su s¨ª a la ley promovida por el PP. El indulto sigue vivo incluso para los casos de corrupci¨®n, con la novedad de que cada seis meses el ministro de Justicia deber¨¢ dar explicaciones ante el Congreso. Y los viajes de los parlamentarios, de los que el presidente extreme?o Jos¨¦ Antonio Monago fue un distinguido usuario, continuar¨¢n inaccesibles, en la zona brumosa del Olimpo. En definitiva, una ley que, en el pa¨ªs de los G¨¹rtel, los ERE y los Pujol, se antoja insuficiente.

Paralela y simult¨¢neamente a su actuaci¨®n de Madrid, CDC se ha apresurado a suscribir el pacto independentista con ERC para la recuperaci¨®n del Estado del Bienestar, tan eficazmente destruido en los ¨²ltimos a?os en Catalu?a, y para expresar la ¡°voluntad inequ¨ªvoca de regeneraci¨®n democr¨¢tica, transparencia, rendimiento de cuentas, participaci¨®n ciudadana y lucha contra la corrupci¨®n¡±. Es dif¨ªcil imaginar esa nueva pol¨ªtica a luz de los hechos, cuando todo se f¨ªa a un sorteo de la independencia en el que Boi Ruiz puede actuar de ni?o de San Ildefonso.