La Fiscal¨ªa reactiva la causa del 9-N con la petici¨®n de nuevas pruebas

La Fiscal¨ªa ha reactivado la causa contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por organizar la consulta popular sobre la independencia el pasado 9 de noviembre de 2014. El ministerio p¨²blico ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que ordene una quincena de nuevas diligencias para aclarar si Mas y otros dos miembros del ejecutivo -la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educaci¨®n Irene Rigau- cometieron un delito de desobediencia al sacar las urnas a la calle pese al veto del Tribunal Constitucional.

La Fiscal¨ªa quiere conocer, al detalle, todos los expedientes administrativos que se abrieron en relaci¨®n con la consulta alternativa, as¨ª como las comunicaciones que el Gobierno catal¨¢n mantuvo con sus delegaciones en el extranjero y con los centros de ense?anza p¨²blica para impulsar la votaci¨®n. El fiscal quiere que el Departamento de Educaci¨®n remita una copia de todas las "comunicaciones enviadas a las delegaciones y a los directores de ense?anza p¨²blicos" sobre la "cesi¨®n de locales para la votaci¨®n", as¨ª como si puso material inform¨¢tico a disposici¨®n de la jornada.

Tres de las peticiones de prueba se centran en la p¨¢gina web que el Ejecutivo de Mas puso en marcha para informar sobre consulta y promover la participaci¨®n (www.participa2014.cat). El fiscal quiere conocer al detalle la "contrataci¨®n y pago" de la p¨¢gina web y pretende obtener tambi¨¦n una copia de los "archivos, contenidos y enlaces" que se alojaron en ella, as¨ª como saber qui¨¦n fue el responsable del mantenimiento de la p¨¢gina. Algo similar ocurre con las papeletas, sobres y urnas usados en la votaci¨®n, y que fueron elaborados por presos de la c¨¢rcel de Ponent. El fiscal quiere el expediente administrativo sobre el encargo a la imprenta del penal y tambi¨¦n c¨®mo se contrat¨® "el transporte y la distribuci¨®n" de ese material hacia los puntos de votaci¨®n habilitados para el 9-N.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n ha pedido un listado del material inform¨¢tico usado el 9-N y qu¨¦ uso se le dio despu¨¦s y la "contrataci¨®n" de los locales que se usaron como centro de prensa (en el recinto ferial de Montju?c), as¨ª como otros servicios relacionados con el "seguimiento y proclamaci¨®n de resultados" que hizo Joana Ortega. Ha pedido, igualmente, que la Generalitat le detalle los gastos de la partida presupuestaria de 2014 destinada a "procesos electorales y consultas populares" y que est¨¢ dotada con m¨¢s de cinco millones de euros. Si el TSJC lo acuerda, el secretario general de Presid¨¨ncia tambi¨¦n deber¨¢ enviar a la causa "todas las instrucciones, indicaciones, oficios, comunicaciones o documentaci¨®n" remitidas a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Tras una pol¨¦mica con la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a -que no ve¨ªa delito en la actuaci¨®n del Gobierno catal¨¢n- la Fiscal¨ªa General del Estado present¨® una querella contra Mas, Ortega y Rigau por cuatro delitos el pasado noviembre: desobediencia, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y usurpaci¨®n de funciones. Un mes despu¨¦s, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a -el ¨®rgano competente para investigar a aforados- decidi¨® admitir a tr¨¢mite la querella y abrir diligencias. Aunque no cit¨® a declarar, de entrada, a ninguno de los tres y acot¨® la instrucci¨®n al delito de desobediencia.

La causa penal no ha avanzado pr¨¢cticamente nada en estos meses, que b¨¢sicamente se han dedicado a aglutinar las diferentes denuncias y querellas presentadas contra Mas y a traducir la causa (a petici¨®n de UPyD, que ejerce la acusaci¨®n popular) al castellano. El TSJC deber¨¢ pronunciarse ahora sobre las peticiones de la Fiscal¨ªa, que se efectuaron hace m¨¢s de un mes pero no se han conocido hasta ahora.